Solo puede haber lugar a los coches de cero emisiones, es decir, a los 100% eléctricos o con índices de autonomía eléctrica muy elevados. Esta es la única propuesta que sostiene hoy el Gobierno de España, en un ambiente cada vez más caldeado y comprometido en la Unión Europea respecto al calendario de prohibición de venta de los vehículos de combustión, ya fijado desde Bruselas para entrar en vigor a partir de 2035 pero que ahora, tras las presiones desde muchos sectores y países, puede revisarse e incluso aplazarse en próximas semanas.
El enfrentamiento está ya, a esta hora, en el campo de batalla, y la propia presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha asegurado en las últimas horas que va a “acelerar la revisión del reglamento sobre las normas de emisión de CO2 para coches y furgonetas”, sin descartar ninguna opción, ni su aplicación, ni su hipotética prórroga, mientras que el vicepresidente de Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, ha dado incluso un paso más hacia el probable aplazamiento final, subrayando en los últimos días que “debemos mostrar flexibilidad con respecto al objetivo de eliminar por completo los coches de combustión interna para 2035. El debate aún está en curso, pero estamos cerca de considerar el principio de neutralidad tecnológica”.
España pide a la UE mantener la prohibición de venta de los coches de combustión
Con el anuncio ya de la Comisión Europea de tomar ya una decisión final antes de final de año, España se posiciona fervientemente en los últimos días en favor de la prohibición, tratando también de presionar para que la medida se mantenga. Así, junto al Gobierno de Francia, el Ejecutivo incluso ha remitido una carta a los líderes europeos para pedir que se mantenga la hoja de ruta ya comprometida por Bruselas en los últimos años.
Dirigida la misiva concretamente tanto a la Comisión Europea, como a todos los estados miembros de la Unión Europea, España y Francia se posicionan en favor de la prohibición de venta de los coches de combustión en el plazo de menos ya de 10 años, pidiendo ya directamente que “se mantengan los objetivos de emisiones ya previstos” y advirtiendo que para el futuro de la movilidad y la industria “los vehículos de cero emisiones son hoy indispensables”.
Desde el Gobierno de España se advierte además a todos los líderes europeos que, ahora, no puede ya haber marcha atrás en esta decisión comprometida previamente, ya que quedaría en el aire una gran “cantidad de financiación ya movilizada por la industria para estar a la altura de los objetivos vinculantes”, penalizando a las empresas y administraciones que han realizado una gran inversión y esfuerzo para adaptarse a las normas fijadas.
El Gobierno quiere acelerar el cambio de movilidad por la antigüedad de nuestro parque
El Gobierno de España espera que la hoja de ruta siga por tanto adelante y, con ella, pueda acelerar la transformación de un parque automovilístico que en nuestro país se ha convertido en un problema por su elevada antigüedad. Con una media de más de 14,5 años ya frente a los 12,5 años promedio de la Unión Europea, los últimos informes advierten además de que hasta el 70% de las emisiones del transporte por carretera en nuestro país proceden de los coches de más antigüedad, que siguen multiplicándose cada año su número.
Con la prohibición, el Ejecutivo confía en que se pueda acelerar el cambio de movilidad, así como con nuevas normativas que está intentando aprobar. Una de ellas, el estudio de modificación de las etiquetas medioambientales de la DGT para hacerlas más estrictas y exigentes, es verdad que acaba de fracasar al ser tumbada en una votación por el Congreso de los Diputados cuando el Ejecutivo confiaba en aplicarla en un plazo de 12 meses. Sin embargo, la nueva Ley de Movilidad Sostenible plantea otras iniciativas en esta dirección, con la obligatoriedad de aprobar un nuevo Plan Renove a la compra de coches ya aprobado, o con la posibilidad de que los ayuntamientos sigan pudiendo vetar a los vehículos en las Zonas de Bajas Emisiones, en función, no solo de las etiquetas, sino incluso de los sistemas de seguridad. También plantea incluso la opción de cobrar nuevas tasas a los coches más contaminantes por circular por las ciudades.
Alemania e Italia, en posición contraria, quieren su aplazamiento
Esta estrategia de presión hacia la UE es la respuesta de España y Francia a la actitud totalmente contraria que impulsan al respecto otros importantes países europeos como son Alemania, Italia o Polonia. Estos tres estados miembros son los que con más vehemencia están intentando paralizar el compromiso de prohibición de venta de los coches de combustión, lanzando mensajes de advertencia sobre objetivos “que no podrán cumplirse” y que “no son realistas”. El Gobierno italiano ha llegado a calificar la prohibición como una “ideología de locura”.
Los fabricantes, por su parte, también llevan meses presionando para una prórroga de la medida. La patronal del sector, ACEA, ha enviado también una carta a los líderes europeos solicitando que se “recalibre la medida, ya que no es posible ahora mismo su aplicación”. El organismo califica los objetivos como “demasiado rígidos” y pide más flexibilidad en su aplicación. En apenas un mes conoceremos, finalmente, qué decisión adopta la Comisión Europea y qué bloques salen vencedores o vencidos en esta batalla de presión.









