La cuenta atrás para conocer qué va a ocurrir con los coches diésel, gasolina e incluso híbridos en la Unión Europea en el plazo de 10 años ya ha comenzado. Ya no es que haya debate, es que, directamente, la batalla por intentar influir en la decisión final que la Comisión Europea adoptará antes de final de año, según ha confirmado el propio organismo, sube de temperatura. ¿Qué va a suceder?
La decisión final de la UE, antes de final de año
A pesar de que el Parlamento Europeo ya impulso la prohibición final para el próximo año 2035, las últimas declaraciones de la institución comunitaria, desde luego, parecen dejar abierta ahora cualquier posibilidad. La propia presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha asegurado que va a “acelerar la revisión del reglamento sobre las normas de emisión de CO2 para coches y furgonetas”, sin descartar ninguna opción, ni su aplicación, ni su posible prórroga, mientras que su vicepresidente de Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, ha inclinado algo más la balanza hacia un hipotética aplazamiento confirmando en los últimos días que “debemos mostrar flexibilidad con respecto al objetivo de eliminar por completo los coches de combustión interna para 2035. El debate aún está en curso, pero estamos cerca de considerar el principio de neutralidad tecnológica”.
Esta iniciativa parece tomar fuerza tras las muchas presiones recibidas por parte de la Comisión Europea en los últimos meses para no aprobar finalmente esta prohibición. Los Gobiernos de Alemania y Polonia se han mostrado claramente en contra, asegurando que los objetivos “no podrán cumplirse” y que “no se trata de frenar la transición ecológica, sino de hacerla realista”. El Ejecutivo de Italia la cataloga de “ideología de locura” e importantes marcas como Volkswagen, Stellantis y Renault llevaban meses advirtiendo de que el ritmo impuesto por Bruselas es “demasiado ambicioso” e “irreal”.
Incluso la patronal que representa al sector de la automoción en Europa, ACEA, ha pedido a todos los estados miembros que “recalibren” ya la medida de prohibir los coches con algún motor de combustión, asegurando que, ahora mismo, “no es posible” su aplicación, reconociendo que las realidades industriales y geopolíticas actuales no están ayudando a cumplir unos objetivos demasiados rígidos”. Incluso desde la industria se advierte a los organismos comunitarios de que esta transición, tan rápida y exigente, va a provocar la pérdida de miles de empleos en Europa.
España pide la prohibición total de venta de los coches de combustión
Ante esta realidad, sin embargo, España se ha posicionado claramente ya a favor de la prohibición de venta total de los coches de combustión, no solo lanzando mensajes en ese camino, sino incluso aliándose ya a otro importante actor, como es Francia, enviando ya una carta conjunta dirigida a la Comisión Europea y a todos los estados miembros con la intención de aclarar su postura y no permitir que las presiones influyan en la decisión de veto final, que en principio ya estaba aprobada para 2035.
A través de esta misiva oficial, España, junto a Francia, ha pedido ya directamente a todos los líderes de la UE que “se mantengan” los objetivos de emisiones ya previstos, asegurando que los vehículos de cero emisiones son hoy “indispensables”. Desde el Ejecutivo nacional se advierte además que ahora no puede quedar en el aire “la cantidad de financiación ya movilizada por la industria para esta a la altura de los objetivos vinculantes”, lo que supondría un gran perjuicio para numerosas empresas y compañías que se han esforzado ya en adaptar sus estrategias de negocio.
Un nuevo informe, además, avala la postura de España. Y es que el estudio “El desafío de la movilidad sostenible en España: entre la ambición y la realidad”, elaborado por la consultora BIP Iberia, avisa esta semana que hasta el 70% de las emisiones del transporte por carretera en España proceden de los coches de más antigüedad, con un parque que tiene hoy en España una media ya de 14,5 años frente a los 12,5 años promedio en la Unión Europea. Urge por tanto acelerar una transición hacia la movilidad eléctrica más que necesaria.
Nuevas leyes e impuestos en España, incluso para los coches con etiquetas B y C
Para lograr estos objetivos, el Gobierno además sigue impulsando nuevas iniciativas ya a nivel nacional, como la aplicación de todas las Zonas de Bajas Emisiones y una posible revisión en el plazo de un año de las etiquetas medioambientales de la DGT que clasifican a los coches y que van a ser más duras y exigentes con las catalogaciones ecológicas. Incluso el Ejecutivo quiere aprobar nuevas medidas a través de la Ley de Movilidad Sostenible que ya se encuentra en el Senado, dando la opción de que los ayuntamientos puedan poner en marcha nuevos impuestos o tasas de circulación a los coches más contaminantes, tanto diésel como gasolina, incluyendo los de etiqueta B y C, con el objetivo siempre final de desincentivar su uso.
