La Ley de Movilidad Sostenible, que a esta hora “viaja” hacia el Senado para obtener su visto bueno y volver al Congreso de los Diputados para su aprobación final, que probablemente será durante el mes de noviembre, va a suponer un importante impulso para incentivar la movilidad eléctrica y más ecológica. Pero, al mismo tiempo, para conseguir este objetivo, obviamente hay quien saldrá perjudicado con la misión contraria, la de desincentivar su uso. Y en este aspecto los coches diésel y gasolina, especialmente los de más de 10 años, van a verse afectados por distintas nuevas regulaciones.
Tras el acuerdo sobre el nuevo texto de la Ley de Movilidad Sostenible, alcanzado el pasado día 8 de octubre en el Congreso, hasta tres medidas se han llevado buena parte del protagonismo. De un lado, obviamente, el compromiso alcanzado para estudiar, en un plazo máximo de 12 meses, un profundo cambio en las etiquetas medioambientales de la DGT, que posiblemente concluirá con exigencias más estrictas para alcanzar los distintivos Cero Emisiones y ECO. Pero también se ha impulsado la aprobación de un nuevo Plan Renove para incentivar la compra de coches ecológicos y la obligatoriedad de mejorar y multiplicar los puntos de carga para vehículos eléctricos.
Puerta abierta a nuevas tasas a los coches más contaminantes en las Zonas de Bajas Emisiones
Sin embargo, otra medida que puede ser de gran calado, y a la que abre apoyo ahora legalmente la nueva Ley de Movilidad Sostenible, es la aplicación de nuevos impuestos o tasas a los coches más contaminantes en las Zonas de Bajas Emisiones. Según informa La Sexta, estos nuevos recargos podrían alcanzar incluso a los vehículos con etiquetas B y C que ya tengan restricciones de acceso en estas áreas, ya que su objetivo será seguir penalizando el uso de estos vehículos para, en otro sentido, promocionar el de los vehículos con etiquetas ECO y Cero Emisiones.
Con este nuevo punto de la Ley, el Gobierno habilitará así a los ayuntamientos a crear estas tasas o recargos adicionales de circulación en función de las emisiones de cada coche o de la etiqueta medioambiental que tengan. Hay que recordar que las restricciones y normativas referentes a las Zonas de Bajas Emisiones dependen siempre de los propios consistorios, que son los que dictaminan en cada ciudad qué vehículos pueden o no acceder a sus áreas protegidas. A finales de año, más de 150 ciudades de toda España contará ya con una ZBE.
Este nuevo impuesto dependerá de cada ayuntamiento
Esta posible tasa, por tanto, no será obligatoria, ni automática, ni general: cada localidad por tanto decidirá si la aplica o no y en qué condiciones, al “modificar la regulación de las Haciendas Locales para habilitar tasas municipales a los vehículos que superen los límites o categorías máximas que se definan en cada ciudad (por ejemplo, según etiqueta ambiental o niveles de emisiones)”, según confirma La Sexta.
Se trata en la práctica de una nueva herramienta fiscal de gestión de accesos y circulación en las Zonas de Bajas Emisiones, así como durante episodios activos de alta contaminación. La normativa además podría aplicarse de manera general en estas áreas de cada municipio, o incluso únicamente en ciertas franjas horarias, como ya sucede con las restricciones de acceso, donde cada ayuntamiento ha establecido las suyas: algunos no permitiendo solo la circulación de los vehículos sin etiquetas medioambientales, pero otros extendiendo las limitaciones de movilidad a los coches con etiquetas B y/o C de la DGT.
¿Una nueva herramienta de recaudación municipal?
Una vez aprobada definitivamente la Ley de Movilidad Sostenible, cada ayuntamiento podrá hacer uso de esta nueva norma o no, siempre eso sí recogiéndola necesariamente en sus ordenanzas municipales y fiscales por las que se regulan todas las condiciones de cada Zona de Bajas Emisiones. Es decir, es muy probable que muchos no habiliten este tipo de tasas o recargos, pero ahí estará la posibilidad para que cada uno decida.
Estas posibles nuevas tasas fiscales, eso sí, son totalmente compatibles con el resto de medidas activadas ya en las Zonas de Bajas Emisiones, no excluyendo otras regulaciones. Por lo tanto también es posible que no solo puedan emerger como nuevo método de desincentivación de los vehículos más contaminantes, sino incluso como nueva herramienta de recaudación municipal. De hecho, solo hay que ver los ingresos que, en ciudades como Madrid, ya están generando las multas en las Zonas de Bajas Emisiones, tal y como vienen denunciando desde hace meses las principales asociaciones de defensa de los automovilistas, como Dvuelta o AEA.
