No os mentiremos, era obvio. Con la aprobación en la Ley de Cambio Climático de las nuevas Zonas de Bajas Emisiones, recordamos que son obligatorias en más de 160 ciudades de España, todas las de más de 50.000 habitantes, así como los territorios insulares y las poblaciones de más de 20.000 habitantes con incumplimientos en materia de calidad del aire, era fácilmente esperable un incremento de las sanciones exponencial.
De momento, no tenemos datos globales, cuando aún quedan prácticamente el 70 por ciento de estas áreas con restricciones por entrar en funcionamiento, un hecho que ha llevado al Gobierno a amenazar incluso con retirar fondos de ayudas y subvenciones estatales al transporte público a los ayuntamientos que, en el plazo de este año, no las hayan aprobado en sus ordenanzas y puesto en vigor. Sin embargo, los primeros balances de las ZBE más madrugadoras de España son más que definitorios de lo que va a ocurrir en nuestro país.
Y eso, todo hay que decirlo, que de momento podemos decir que muchas Zonas de Bajas Emisiones están en el aire. No ya porque en Francia la Asamblea Nacional haya decidido anularlas todas en el país galo por “discriminar a los hogares con rentas más bajas”, sino porque incluso en España hay numerosas sentencias que las han suspendido temporalmente, ya en ciudades como Gijón, Tenerife, Segovia o Badajoz. Incluso el Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN) ha asegurado que “tienen los días contados en España”, bien por vía judicial o por vía política.
Las multas por las Zonas de Bajas Emisiones se disparan... y con ellas la recaudación
Pero, mientras terminan de resolverse los conflictos, la realidad es la que es. Y el último informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) sobre las multas de tráfico en Madrid confirman que, en una de las ciudades pioneras en establecer estas áreas con restricciones, la ampliación de las Zonas de Bajas Emisiones y la instalación de hasta 400 cámaras para controlar los accesos han supuesto que las denuncias se disparen en nada menos que un 1.331 por ciento.
En total, Madrid recaudó según este informe hasta 378.183.040 euros el pasado año en multas de tráfico, lo que supone una cifra absolutamente de récord. Este hecho, según el estudio de AEA, se debió lógicamente “al incremento exponencial que han experimentado las denuncias formuladas por las cámaras de la M-30 por acceder con vehículos sin etiqueta a las Zonas de Bajas Emisiones (1.331%), contempladas en la Ordenanza de Movilidad Sostenible elaborada por el gobierno de Almeida que, como se recordará, fue anulada parcialmente por diversas sentencias del Tribunal”.
De hecho, en la conclusión de su informe, AEA ha recomendado a todos los automovilistas afectados que recurran las sanciones impuestas por el Ayuntamiento de Madrid por acceder sin permiso a las Zonas de Bajas Emisiones y que agoten todas las posibilidades de defensa, en previsión de que el Consistorio de la Capital no quiera devolver los importes pagados.
Las Zonas de Bajas Emisiones castigan a las rentas más bajas
Pero no es este el único informe que alerta de las consecuencias que pueden tener para los conductores las Zonas de Bajas Emisiones. En otra de las ciudades pioneras, como es Barcelona, los primeros datos extraídos por la Cadena Ser de cifras oficiales del Ayuntamiento de la Ciudad Condal aseguran que hasta el 25 por ciento del total de multas relacionadas en la ciudad con la nueva Zona de Bajas Emisiones (ZBE) se han registrado en el distrito de Nou Barris, que es el segundo con menor renta media de todos. Hasta 16.000 han sido las sanciones aquí impuestas en sus calles por circular con vehículos más antiguos y contaminantes a lo que exige la normativa.
Según la Cadena Ser, hay que tener en cuenta que este distrito de renta baja representa, por el contrario, apenas el 10 por ciento de la población de la ciudad, confirmando que las Zonas de Bajas Emisiones van a ir castigando a las familias con menos ingresos y menores posibilidades para poder sustituir sus coches más antiguos por nuevos más ecológicos. La propia jefa de Movilidad del Instituto Metropolitano de Barcelona, Núria Pérez, ha subrayado en los últimos días que las familias con más recursos son las que pueden evidentemente renovar sus vehículos con más facilidad y evitar las sanciones.
