El debate parece ya eterno, pero sigue sin solucionarse. Coches de combustión, ¿sí o no? Europa parecía tenerlo claro, pero ahora se lo piensa. España, sin embargo, no. Y es que nuestro Gobierno sigue siendo uno de los mas firmes defensores del coche eléctrico, junto a Francia, y lo ha demostrado hace solo unos días enviando una carta en la que hasta 7 países de la UE defienden conjuntamente la decisión de no prorrogar la prohibición de venta de los vehículos diésel, gasolina e híbridos ya fijada inicialmente para el año 2035. En frente, eso sí, sigue teniendo a otros estados, como Alemania o Italia, y la industria del automóvil.
Esta decisión, ya totalmente por tanto confirmada, viene a respaldar las políticas que el Gobierno sigue queriendo implementar en España con el objetivo de asfixiar al coche de combustión, como vienen demostrando también las Zonas de Bajas Emisiones, ratificadas por cierto esta semana en el Congreso de los Diputados a diferencia, aquí sí, de Francia, donde la Asamblea Nacional ha decidido derogarlas todas por considerarlas discriminatorias.
La UE presiona a España para que apruebe el impuesto al diésel
Pues bien, en este contexto, dos nuevos impuestos llevan tiempo planeando sobre los propietarios de coches diésel y gasolina en España y amenazan con limitar aún más su uso a base de incrementar sus costes. El primero de ellos ya es un viejo conocido: el temido impuesto al diésel, una equiparación en la práctica de los tributos a la gasolina y al gasóleo que el Gobierno lleva queriendo introducir desde la negociación de los Presupuestos Generales de 2021, hasta ahora sin éxito. El problema es que la UE sigue presionando para que nuestro país los implemente.
Y es que, a estas horas, la Comisión Europea sigue manteniendo retenidos nada menos que 475 millones de euros vinculados a la reforma fiscal que el Gobierno prometió y en la que se comprometía a equiparar estos tributos al diésel y a la gasolina con el objetivo de no incentivar más a un coche diésel que debe ir en recesión en el mercado. Esta medida, que encarecería el litro de combustible, sigue encima de la mesa del Ejecutivo, como ya confirmó hace solo unas semanas el propio ministro de Economía y vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo.
El ministro de Economía aseguraba entonces que España “no renunciaba” a esta equiparación fiscal, a pesar de que, tal y como ha contado también recientemente el portal elDiario.es, el Gobierno trata ahora in extremis de convencer a la Comisión Europea de que no puede aprobar esta medida tributaria ante los problemas generados con la Guerra en Irán y el elevado coste ya de los combustibles. El Ejecutivo espera que la UE sea sensible a la actual situación geopolítica y no condiciones los fondos europeos finalmente a este objetivo.
El llenado de un coche diésel podría encarecerse casi 6 €
“Como se puede imaginar, estamos en una situación ahora mismo donde es difícil plantear también a nivel doméstico una subida de la fiscalidad del diésel”, ha confirmado recientemente en Bruselas Carlos Cuerpo. El problema es que esta implementación siempre ha sido prioritaria para la Comisión Europea, que sigue condicionando las ayudas a su aprobación.
De llevarse finalmente a la práctica “obligada” por Bruselas, este denominado impuesto al diésel supondría un encarecimiento estimado del litro de diésel de entre 7 y 11 céntimos de euros, elevando así hasta un 25% su coste en las gasolineras. La OCU incluso realizó una estimación del sobrecoste que supondría para un propietario particular, calculando un precio de hasta casi 6 € más por llenado de un vehículo medio: se pagarían más de 102 € más al año en combustible.
Nueva tasa a coches diésel y gasolina por circular por las ZBE
Sin embargo, no es este el único impuesto a los coches de combustión que ya sobrevuela en España. Tal y como te venimos contando también desde finales del año pasado, la nueva Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible, ya aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 4 de diciembre y vigente desde el pasado 5 de diciembre de 2025, promueve además desde el Gobierno la opción de que los ayuntamientos impongan nuevas tasas a estos vehículos térmicos por circular por las Zonas de Bajas Emisiones. Como si no fuese ya suficiente con las restricciones de acceso.
Englobada esta posibilidad dentro de un marco normativo que busca reducir la contaminación urbana, el Gobierno lo que pretende no es imponer nuevas regulaciones, sino habilitar a los ayuntamientos para que puedan decidir las políticas de las Zonas de Bajas Emisiones en sus ciudades, y como novedad autorizando ahora oficialmente a que impongan, si lo desean, nuevas tasas para la circulación de los vehículos de combustión a modo de desincentivación de su uso.
La tasa sería equiparable a estacionar en un párking público
Esta nueva norma jurídica llega ahora añadida oficialmente a través de una nueva letra v) al apartado 3 del artículo 20 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, autorizando así textualmente ya a las entidades locales a gravar la circulación de vehículos que superen los límites o categorías máximas permitidas en las ZBE, y pudiendo determinar de manera autónoma la cuota tributaria aplicable a cada vehículo.
Aun así, desde el Gobierno han querido también ofrecer una recomendación de posible tasa a imponer en esta misma Ley 9/2025 aprobada, que se basaría en usar como valor de referencia para este nuevo impuesto de circulación el coste que habría tenido que pagar un coche diésel o gasolina si hubiese estacionado en un aparcamiento público. Esperaremos ahora a comprobar si en los próximos meses, una vez abierta la posibilidad, algún ayuntamiento se decide a imponer estas tasas o no. Apostamos a que antes de las próximas elecciones municipales no sucederá. Luego, veremos…
