Acorralada política y judicialmente, las Zonas de Bajas Emisiones estaban también en España contra las cuerdas. Hace unos meses, el RACVN ya aseguró que, en nuestro país, estas áreas con restricciones a coches “tenían los días contados, por vía judicial o política” y todos los pasos parecían caminar en esa dirección. Llegaba por fin el momento de poner sobre la mesa una iniciativa de lo más polémica y decidir, casi definitivamente, su futuro.
Rechazos políticos y judiciales a las Zonas de Bajas Emisiones
Y es que Francia ya había avisado semanas atrás. Allí, las Zonas de Bajas Emisiones, tras casi 5 años de funcionamiento en algunas grandes ciudades, podemos decir que han pasado a la historia: una ley de la Asamblea Nacional las ha derogado, a la espera solo ya de la ratificación del Tribunal Constitucional, tras una votación mayoritaria en la que se ha considerado que, aplicadas de forma general, “fomentan desigualdades sociales, perjudicando a las clases más populares, que no pueden acceder a un coche nuevo” para mantener su movilidad.
A esta realidad, había que sumar la cadena de sentencias judiciales que han ido anulando temporalmente diferentes Zonas de Bajas Emisiones por todo el país por defectos de forma e implantación, con los últimos agravantes de dictámenes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha fallado que se ha vulnerado el principio de libertad de empresa y de unidad de mercado en Málaga, o del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el TSJM, que ordenó la suspensión de todas las multas y embargos realizados desde enero de 2022.
Incluso la Comisión Europea se pronunció recientemente sobre las Zonas de Bajas Emisiones españolas, asegurando que “resulta esencial que los Estados miembros evalúen las repercusiones socioeconómicas de las medidas de mitigación que adopten”, ya que están suponiendo un gran perjuicio para buena parte de la población y “la financiación europea para la calidad del aire debe dar prioridad a las necesidades de los grupos vulnerables”.
Vox insta al Congreso a revocar las ZBE y la Comisión Mixta lo rechaza
Pues bien, enmarcadas en todo este contexto crítico, las Zonas de Bajas Emisiones se enfrentaban en España a un último gran escollo: una proposición no de ley (PNL) presentada por Vox en la que instaba ya directamente al Gobierno a revocar la implantación obligatoria de las Zonas de Bajas Emisiones en los municipios por todos estos factores ya expuestos. El Congreso de los Diputados debía pronunciarse… y ya lo ha hecho.
La Comisión Mixta ha rechazado finalmente ya en el Congreso, con los votos en contra de PSOE y PP, esta proposición de Vox, confirmando su apuesta a las Zonas de Bajas Emisiones y rechazando ya oficialmente revocarlas. El partido político de Santiago Abascal consideraba estas áreas como “anticonstitucionales” y “un capricho ideológico”, pero finalmente la votación ha considerado que las ZBE son “una herramienta respaldada por la comunidad científica cuyo objetivo es proteger la salud de los ciudadanos”.
En concreto, la votación realizada en el marco de la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ha sido rechazada finalmente con solo 2 votos a favor y nada menos que 32 en contra, lo que habla del consenso que en España hay políticamente respecto a esta importante medida medioambiental, a diferencia de Francia.
A pesar de que Vox aludía al artículo 19 de la Constitución, respecto al derecho a circular libremente por todo el territorio nacional, y al artículo 14, el de principio de igualdad y derecho a la no discriminación, calificando además las ZBE como que no son “más que un afán recaudatorio de populares y socialistas (...) Atenta contra la libertad, contra la igualdad y contra el bolsillo de los españoles”, la votación del Congreso finalmente ha rechazado esta posición.
Las ZBE garantizan la salud de los ciudadanos, considera el Congreso
El diputado Daniel Senderos, del PSOE, ha manifestado, por ejemplo, que Vox se toma “a broma todo lo que tiene que ver con el medioambiente y la emergencia climática”, poniendo además sobre la mesa del debate el último informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en el que se asegura que “más de 4 millones de niños y niñas en España se enfrentan a amenazas como la polución atmosférica. Las políticas para reducir la polución atmosférica no son una cuestión ideológica como dice Vox, son medidas de salud pública y de protección ambiental, y la responsabilidad del Gobierno no es otra que proteger la salud de sus ciudadanos, y eso es lo que garantizan las ZBE”.
El PP, mientras tanto, se ha manifestado en estos mismos términos, confirmando el senador popular José Manual Baltar que su rechazo a la iniciativa de Vox se basa en cuestiones de salud ciudadana, seguridad jurídica, transición ecológica y autonomía local. “Las ZBE forman parte ya de nuestra normativa y también de los compromisos asumidos por España y, por tanto, las consecuencias de la derogación que pretende Vox serían no sólo el retroceso ambiental, sino una inseguridad jurídica tanto para ciudadanos como para ayuntamientos”, ha subrayado el senador del Partido Popular.
Por lo tanto, las Zonas de Bajas Emisiones tiene un respaldo político mayoritario y muy importante en España, demostrando que una decisión como la de Francia, que las ha derogado, queda muy lejos en nuestro país. Acostumbrémonos, porque las restricciones de movilidad, además, van a ir poco a poco incrementándose.
