Aunque en ocasiones ha servido de justificación para Gobierno y ayuntamientos, no, la Unión Europea no exige a España ninguna restricción circulatoria y, por supuesto, tampoco la implantación de Zonas de Bajas Emisiones. Hace ya un año y medio el abogado Francisco López Lera nos lo advirtió en el marco de la XXII edición del Encuentro Ciudadano con la Movilidad, un evento organizado en Bilbao por el RAC Vasco Navarro y que contaba con la colaboración de Pons Mobility, Arag y Caser Seguros. Ahora, lo confirma la propia Comisión Europea.
Y es que si ya entonces este letrado alertaba de la “falsa interpretación realizada sobre una directiva europea que supuestamente obligaba a activar estas Zonas de Bajas Emisiones, cuando solo establece una serie de recomendaciones y principios, pero nunca imposiciones”, llegando incluso a apuntar que su aplicación responde en realidad en España a medidas recaudatorias, ahora la Comisión Europea se ha pronunciado tras las preguntas parlamentarias de los eurodiputados del PP Borja Giménez Larraz, Esther Herranz, Susana Solís y Raúl de la Hoz.
La UE asegura que las medidas deben dar prioridad a las necesidades de los grupos vulnerables
A la pregunta así de si las ZBE son una obligación europea o no, debido a la inquietud y problema social que generan, el comisario europeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, ha confirmado que no, que “la Directiva europea de calidad del aire deja que cada Estado miembro elija, dentro de una lista indicativa, qué medidas adoptará para cumplir con los límites de contaminación”. Cierto que, “entre las posibles, se encuentran las ZBE, pero su aplicación queda a discreción de los Estados miembros y no la impone la Comisión”.
La Comisión Europea confirma así al Partido Popular en el Parlamento Europeo que “este enfoque se ajusta al principio de subsidiariedad, que garantiza que las decisiones se tomen lo más cerca posible de la ciudadanía”. Y en su respuesta escrita, además, confirma que es el Gobierno quien las impone en España a través de su nueva Ley de Cambio Climático, advirtiendo incluso de que “la financiación europea para la calidad del aire debe dar prioridad a las necesidades de los grupos vulnerables”.
La Comisión exige como esencial evaluar las repercursiones socioeconómicas
Incluso, en palabras textuales del comisario europeo de Transporte, “resulta esencial que los Estados miembros evalúen las repercusiones socioeconómicas de las medidas de mitigación que adopten”, una respuesta que ha terminado por alentar aún más las críticas que el Partido Popular vierte sobre unas Zonas de Bajas Emisiones que están suponiendo un gran perjuicio para buena parte de la población española que no tiene recursos económicos para cambiar de coche y poder evitar las numerosas restricciones de circulación que ya se imponen a los coches más antiguos, como los vehículos sin etiqueta de la DGT, pero que ya empieza a afectar también a los de etiqueta B y C, mucho más modernos.
“Lo que hoy confirma la Comisión es lo que cualquier ciudadano que no puede permitirse un coche nuevo ya sabe: que esta restricción la decidió Sánchez, no Europa. Que lo diga por escrito el comisario de Transporte no deja mucho margen para seguir echando balones fuera”, ha advertido en este caso el Partido Popular a través de un comunicado. Por ello, el eurodiputado Giménez Larraz asegura ahora que, “para la mayoría de los hogares, la renovación de su vehículo no es viable económicamente, lo que provoca restricciones desproporcionadas y convierte el acceso al centro de las ciudades en un lujo”.
Para los eurodiputados españoles del Partido Popular, el gran problema agravado en España radica en su antiguo parque automovilístico, uno de los más envejecidos de toda la UE al registrar ya una edad media de 14,5 años en los vehículos que circulan. Y concluyen que “restringir el acceso a los centros urbanos en función de la etiqueta medioambiental del vehículo supone, en la práctica, penalizar a los ciudadanos con menos recursos, que son quienes conducen los coches más antiguos y tienen menor capacidad para asumir el coste de un vehículo nuevo. El Gobierno ha utilizado Bruselas como coartada para una decisión que tomó él solo”.
