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No son buenos tiempos para ser propietario de un coche, no hay duda. Al margen ya de los precios elevadísimos en las compras, de las dudas en cuanto a normativas y tecnologías de futuro y del precio altísimo de los combustibles, el vehículo continúa cargándose con más y más tasas como uno de los principales elementos de recaudación por parte de las administraciones. En los últimos días, sin ir más lejos, hemos conocido nuevas políticas que sumarán probablemente a corto plazo nuevas tasas.
Nuevo impuesto a coches eléctricos y pago por uso de las carreteras
Una de ellas, ya es de hecho oficial: Reino Unido ha aprobado ya la implantación definitiva desde abril de 2028 de un nuevo impuesto a los coches eléctricos que llevaba ya años estudiando. La tasa la deberán pagar todos los propietarios de turismos de cero emisiones para compensar la pérdida de impuestos relacionados con los carburantes, incluyendo tanto los EV 100% eléctricos (que abonarán unos 2,4 céntimos de euro por kilómetro) como los híbridos enchufables (1,2 céntimos de euro por kilómetro). Este tipo de tasas ya se estudia en muchos países de la UE y la veremos conforme se reduzca la cuota de vehículos de combustión.
Por otro lado, nuevos peajes sobrevuelan ya nuestras carreteras como única solución para conservar y mantener las infraestructuras. Cataluña, por ejemplo, ya estudia abiertamente el regreso del pago por uso mediante la fórmula de la viñeta y el Gobierno central no es la primera vez que habla también de la necesidad de cobrar por kilómetro recorrido. Acostumbrémonos, porque es otra realidad que se irá aplicando país por país.
Pero hoy, al margen de estas nuevas tasas que van poco a poco cobrando protagonismo de cara al futuro inmediato, nos queremos detener en dos impuestos que ya ha ido negociando el Gobierno de España y que, aunque de momento no se aplican, no podemos descartar que se vayan introduciendo en los próximos meses, cargando aún más los costes de los propietarios de coches de combustión y, por tanto, encareciendo su uso notablemente.
El impuesto al diésel, una imposición de la Unión Europea
El primero de ellos es un viejo conocido: el temido impuesto al diésel. Firme defensor del coche eléctrico, como ya demostró recientemente a través del envío a la UE de una carta conjunta con 7 países en la que pedían no prorrogar la prohibición de venta de los vehículos de combustión fijada ya inicialmente para 2035, el Gobierno de Pedro Sánchez lleva años negociando la equiparación final del tributo del diésel al de la gasolina, una medida que incluso llegó a contemplarse en los Presupuestos Generales de 2021, aunque finalmente no se aprobó.
El problema ahora llega por la presión que la Comisión Europea sigue ejerciendo sobre el Gobierno de España, al tener retenidos hasta 475 millones de euros de fondos de recuperación que en su día se vincularon a una reforma fiscal prometida que incluía esta equiparación de tributos exigida por Bruselas para dejar de incentivar a un coche diésel que quiere limitarse en el mercado.
El propio ministro de Economía y vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, ya confirmó hace unas semanas que este impuesto seguía sobre la mesa y que España “no renunciaba” a la equiparación fiscal entre carburantes, a pesar de que el actual contexto socio-económico impide de momento implantarlo y el objetivo es negociar con la UE una prórroga para los próximos años.
Sea como finalmente suceda, la realidad es que tarde o temprano España equiparará fiscalmente los combustibles por imposición de Bruselas, y todos los estudios apuntan a que el diésel se encarecerá así entre entre 7 y 11 céntimos de euro, elevando hasta un 25% su coste en las gasolineras. La OCU ha llegado incluso a prever ya un coste de prácticamente 6 euros más por llenado del depósito de un coche medio, lo que supondría pagar más de 100 euros más al año en combustible.
Los ayuntamientos ya pueden cobrar a los coches de combustión por acceder a las ZBE
No obstante, no es este impuesto al diésel la única tasa que podría llegar en España para los vehículos de combustión. Como ya te hemos contado en distintas ocasiones, una nueva Ley, la 9/2025 de 3 de diciembre de Movilidad Sostenible, aprobada y publicada en el BOE el pasado día 4 de diciembre, promueve además desde el Ejecutivo central la posibilidad de que los ayuntamientos impongan nuevas tasas a todos los vehículos de combustión por circular por las Zonas de Bajas Emisiones.
Con el objetivo de reducir aún más la contaminación urbana, el Gobierno busca complementar su regulación de accesos a las ZBE habilitando a los ayuntamientos, que son realmente quienes tienen la potestad de aprobar y definir la normativas en estas áreas, a que puedan imponer, si así lo consideran, nuevas tasas para la circulación de los vehículos de combustión por las Zonas de Bajas Emisiones a modo de desincentivación de su uso.
La normativa, que como decimos no es una imposición ni obligación, sino que los ayuntamientos podrán decidir si la aplican o no, se ha añadido ya oficialmente a la regulación de las ZBE a través de una nueva letra v) al apartado 3 del artículo 20 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, autorizando textualmente ya a las entidades locales a gravar la circulación de vehículos que superen los límites o categorías máximas permitidas en las ZBE, y pudiendo determinar de manera autónoma la cuota tributaria aplicable a cada vehículo.
Aunque como decimos la cuantía de la tasa la decidiría el propio ayuntamiento que decida aprobarla, desde el Gobierno central, eso sí, han querido igualmente ofrecer una recomendación de posible tasa a imponer en esta misma Ley 9/2025 aprobada, y que se basaría en usar como valor de referencia para esta nueva tasa de circulación el coste que habría tenido que pagar un coche diésel o gasolina si hubiese estacionado en un aparcamiento público. De momento, no tenemos constancia de que ningún ayuntamiento en España haya decidido aplicar este nuevo cobro de acceso a las Zonas de Bajas Emisiones, pero es más que probable que en los próximos años, quizá pasadas las próximas elecciones municipales, algún consistorio decida estrenarla con vistas a potenciar, definitivamente, el uso de vehículos con etiquetas ECO o Cero Emisiones de la DGT. Os lo contaremos.
