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A medio plazo, se vislumbran ya más multas en España en las Zonas de Bajas Emisiones. Y no hablamos ahora porque vaya a multiplicarse su número, que también, ya que no todas las más de 150 ciudades obligadas a contar con ellas las tienen aún en funcionamiento. No, nos referimos esta vez a criterios de acceso a estas áreas con restricciones que, presumiblemente, se van a ir endureciendo con el paso de los meses. Y tampoco hablamos de ampliar las etiquetas prohibidas… que también.
Si estos días hemos conocido que Madrid ya ha recaudado más de 100 millones de euros de beneficio por las más de 1,08 millones de multas impuestas en sus Zonas de Bajas Emisiones, a pesar de que la Justicia ha ido anulando las sanciones por defectos de forma en las denuncias, así como que Barcelona ha ingresado por año también más de 10,7 millones de euros en este mismo tipo de sanciones, la recaudación en los próximos meses puede multiplicarse.
Más criterios obligatorios para poder acceder a Zonas de Bajas Emisiones
Y es que no solo muchas ZBE van a ir ampliando las limitaciones de circulación a los vehículos con etiquetas B y C de la DGT, como te venimos contando desde hace meses, es que las pegatinas medioambientales pueden dejar de ser el único criterio de restricción a la hora de acceder o no a estos núcleos con limitaciones en muchas ciudades.
Hace ya más de 6 meses, a inicios de febrero, os contamos cómo el Gobierno había ampliado la normativa que rigen las Zonas de Bajas Emisiones en España abriendo la posibilidad ya legal a que los ayuntamientos, si lo querían, pudieran incluir nuevos factores de restricción en sus áreas. Estos criterios se ampliaban, además de en función a las etiquetas medioambientales de los coches, según los sistemas de seguridad de los coches (impidiendo el paso a los más antiguos y que carezcan de los más modernos asistentes), en función al nivel de ocupación de los vehículos (pudiendo impedir el paso a quienes viajen con solo un ocupante a bordo) e incluso permitiendo aplicar tasas a los coches que quieran acceder.
De momento, no conocemos eso sí ningún ayuntamiento que haya ampliado su regulación con algunos de estos nuevos criterios de acceso, ya que, como también te venimos contando en los últimos años, son los propios consistorios los que deciden quiénes y cuándo pueden o no circular. Pero la realidad es que, legalmente, el Gobierno ya ha abierto esta vía para quien la considere necesaria.
Sin ITV en vigor, ¿prohibido el acceso a las Zonas de Bajas Emisiones?
Pues bien, en los últimos días hemos conocido cómo, además de todos estos criterios, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha añadido otro más: la opción de que la ITV en vigor se considere obligatoria también para quien quiera acceder a una Zona de Bajas Emisiones, impidiendo su entrada a quien la tenga suspensa o caducada, e incluso pudiendo multar por ello, lo que aún más ampliaría la recaudación de estas áreas, teniendo en cuenta que más del 30% de los vehículos que deben presentarse a la inspección obligatoria no lo hacen.
Vieja reivindicación de las ITV ante las altas tasas de absentismo que hay en sus estaciones, de momento esta opción también se abre legalmente ya con la publicación de una ordenanza tipo de la FEMP que vincula el acceso a estas áreas urbanas con la ITV en vigor, y ya no solo con el distintivo ambiental. Pero, como ocurría con la normativa del Gobierno, son los propios ayuntamientos los que deben decidir si incluirla o no.
Los ayuntamientos deciden
Desde ahora, por tanto, cada ayuntamiento deberá decidir si adopta el requisito propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias y cuándo. De este modo si alguno decidiera ya aprobarlo, los vehículos que no tengan la ITV en vigor, aunque contasen con la etiqueta medioambiental de la DGT permitida, no tendrían derecho de acceso a la Zona de Bajas Emisiones correspondiente.
La FEMP pues ha publicado ya esta ordenanza tipo, muy aplaudida por las ITV y otros colectivos del sector, que es en realidad un modelo que los municipios pueden adoptar como referencia al redactar sus ordenanzas de movilidad. Veremos si en los próximos meses algún ayuntamiento se decide a aplicarlo.
