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El aviso lo dio ya el Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN) hace más de un año: “Por rectificación política o, más probablemente, por la vía judicial, las Zonas de Bajas Emisiones tienen los días contados”. Así lo manifestaba entonces su presidente, Pedro Martínez de Artola, tras conocerse que Francia decidía anular en su Asamblea General todas las limitaciones por el país al considerarlas discriminatorias por penalizar a los hogares de bajos ingresos y, especialmente, al conocer cómo una cadena ya de hasta 13 sentencias judiciales anulaba temporalmente muchas de estas áreas ya en España.
Cadena de sentencias contra las ZBE por toda España
Entonces, los Tribunales Superiores de Justicia de comunidades como Cataluña, Madrid, Asturias, Extremadura o Castilla y León emitían dictámenes anulando temporalmente las Zonas de Bajas Emisiones de ciudades como Barcelona, Madrid, Gijón, Cornellá de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Adriá de Besós, Segovia y Ávila. La maraña judicial se iniciaba y, casi dos años después, no solo no se ha corregido, sino que incluso se ha complicado aún más en nuestro país.
Y es que, si esta misma semana el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmaba el inicio del trámite para ejecutar de forma forzosa la sentencia que declaró nulas las Zonas de Bajas Emisiones en la Capital de España, y que podría significar la eliminación de más de 3,5 millones de multas impuestas en estas áreas ante la pasividad de un Ayuntamiento que se niega a ejecutarla, ahora Vox anuncia que llevará a los tribunales a muchas más Zonas de Bajas Emisiones con el objetivo de que, judicialmente, se consideren ilegales.
Vox anuncia que llevará a los tribunales a más Zonas de Bajas Emisiones
De momento, los precedentes de algunos recursos de Vox han sido positivos para la formación política. De hecho, hace solo unas semanas el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) fallaba contra la ZBE de Málaga tras una reclamación del partido político, considerando que vulneraba el principio de libertad de empresa y de unidad de mercado en la ciudad, un argumento que podría usarse y extenderse en otros litigios vigentes contra otras ciudades españolas.
Pues bien, si Vox ya califica todas estas ZBE de responder a “un afán recaudatorio”, ahora la formación política ha confirmado que llevará también a los tribunales a las Zonas de Bajas Emisiones de hasta 7 municipios del área de Barcelona, presentando alegaciones además contra el Plan Metropolitano general de Movilidad Urbana de la AMB. Esta acción no será ni mucho menos anecdótica, ya que, como te hemos venido contando en los últimos meses, este programa es posiblemente el más duro de toda España, contemplando que en 2030 desaparezcan los vehículos de combustión y abogando por vetar ya desde 2028 los accesos a los coches con etiqueta B no solo en sus ZBE, sino en los 36 municipios que conforman el Área Metropolitana de Barcelona.
De momento Vox anuncia que inicia el procedimiento interponiendo ya recursos contencioso-administrativos a las ZBE de las ciudades de Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Manresa, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Mataró y Sant Cugat. El partido político decide así, definitivamente, dar el salto de la vía administrativa a la judicial tras ver rechazadas sus primeras enmiendas en estos ayuntamientos de la provincia de Barcelona.
"Limitaciones sectarias que vulneran la libertad de movimiento"
Vox, a través de una comparecencia de su presidente provincial del partido y portavoz en el Parlament catalán, Joan Garriga, y del líder municipal en el Ayuntamiento de Barcelona, Gonzalo de Oro-Pulido, ha calificado de “limitaciones sectarias” el despliegue de las restricciones de tráfico, argumentando que vulneran frontalmente la “libertad de movimiento” de la ciudadanía.
El argumento jurídico esgrimido por Vox para esta impugnación jurídica se basa en el impacto económico que generan estas restricciones sobre las rentas más bajas, considerando que las ZBE funcionan en la práctica como un “peaje clasista que discrimina a los trabajadores que no disponen de recursos para renovar su coche, moto o furgoneta en el actual contexto de crisis. La contaminación que queremos combatir no se hace penalizando a quien no se puede cambiar el vehículo”.
Predecentes judiciales en Barcelona
La formación política, que también denuncia la falta de “justificación técnica y socioeconómica” en el redactado de las ordenanzas locales que vertebran la medida, espera ahora que los tribunales puedan volver a darles la razón, tras el embrollo judicial que se ha vivido en los últimos años entorno a las ZBE de Barcelona. Hay que recordar que, si bien inicialmente el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ya tumbó en 2022 la primera gran ordenanza de la Ciudad Condal tras estimar los recursos de múltiples plataformas civiles y empresariales, finalmente ya a inicios de este 2026 el propio TSJC dictó dos nuevas sentencias pioneras que avalaban y blindaban la nueva ordenanza de Barcelona una vez corregidos los defectos. Veremos que sucede desde ahora con este nuevo procedimiento judicial.
