La polémica entorno a las Zonas de Bajas Emisiones en España no cesa. Ante las continuas sentencias judiciales que paralizan algunas de las distintas normativas que ya se vienen aplicando, y ante la posibilidad de que la anulación de estas regulaciones en Francia por aprobación política pueda extenderse a nuestro país, seguimos conociendo fallos judiciales que ponen en duda la legalidad de las sanciones ya ejecutadas por algunos ayuntamientos, con las consiguientes denuncias de colectivos sociales y asociaciones de automovilistas de incumplimientos reiterados de la legalidad.
En las últimas horas ha sido Automovilistas Europeos Asociados (AEA), una de las mayores organizaciones de defensa de los conductores, la que ha acusado formalmente ya al Ayuntamiento de Madrid de ignorar los fallos judiciales sobre sus Zonas de Bajas Emisiones y exige, una vez más, que se paralice el cobro de millones de multas de 200 euros ya tramitadas.
AEA exige la anulación de todas las multas impuestas
Y es que AEA ha dado un paso más en su denuncia, presentando ya directamente un requerimiento formal a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid en el que, textualmente, exige “la anulación de oficio de todas las multas impuestas con anterioridad y la inmediata paralización de los embargos que sigue ejecutando la Agencia Tributaria de Madrid sobre las cuentas de cientos de miles de automovilistas madrileños con multas pendientes de cobro”. Según la asociación, una sentencia ya dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el TSJM, el máximo órgano jurisdiccional en la Comunidad de Madrid, requería ya la suspensión de todas las multas y embargos realizados desde enero de 2022, una normativa que se ha incumplido.
En concreto, AEA considera ahora que, en función a las estadísticas extraídas por el Portal de Transparencia del propio Ayuntamiento de Madrid, hasta más de 3,5 millones de multas impuestas por el Consistorio en este período y hasta el día 31 de diciembre de 2025, cuando se cambió la Ordenanza, son ilegales y tienen que ser inmediatamente anuladas. Estas 3.424.744 denuncias exactas tienen un valor de casi 700 millones de euros, según los propios datos de la asociación.
El Ayuntamiento de Madrid incumple la legalidad en sus Zonas de Bajas Emisiones
Por eso, en su nuevo requerimiento formal presentado ya ante la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, AEA acusa al Consistorio de una “flagrante infracción” de la legalidad. “A pesar de ser firme la resolución judicial que anuló los artículos que daban cobertura a las restricciones de acceso y a las sanciones asociadas a ellos, impuestas no solo en las ZBEDEP de “Distrito Centro” y “Plaza Elíptica” sino en todas las vías de la capital afectadas por “Madrid ZBE”, el Ayuntamiento de Madrid sigue manteniendo “vivos” millones de expedientes sancionadores y embargando las cuentas bancarias de cientos de miles de automovilistas madrileños”, ha denunciado Automovilistas Europeos Asociados.
En su escrito remitido al Ayuntamiento de Madrid, AEA afirma además que “conforme al artículo 72.2 de la LJCA, la declaración judicial de nulidad de dichos preceptos produce efectos generales (erga omnes) desde el día en que fue notificada a las partes, expulsando de forma definitiva y con efectos retroactivos (ex tunc) dichos artículos del bloque normativo, así como los actos administrativos dictados a su amparo, entre ellos las sanciones impuestas” y que “el mantenimiento de cualquier sanción pendiente de pago basada en una norma declarada nula de pleno derecho incurre en una flagrante infracción del principio de legalidad”.
En resumen, AEA pide ya formalmente al Ayuntamiento de Madrid, presidido por Jose Luis Martínez-Almeida, su alcalde, que “dicte una resolución general para archivar y anular de oficio todas las sanciones pendientes relacionadas con “Madrid ZBE” y las ZBE de “Distrito Centro” y “Plaza Elíptica”, así como la paralización inmediata de cualquier procedimiento de apremio, recargo o embargo vinculado a las multas derivadas de la normativa anulada”. Veremos si, finalmente, el Ayuntamiento de Madrid las paraliza todas, tal y como se le ha ordenado ya por mandato judicial.
