El proyecto de las Zonas de Bajas Emisiones en España, que comienza a completarse tras las amenazas del Gobierno de retirar ayudas públicas y subvenciones al transporte público a los ayuntamientos que no las activen antes de final de año, se enfrenta ahora a un nuevo desafío: salvar las múltiples denuncias y alegaciones que siguen presentándose tanto por sus defectos de forma e implantación, como por su carácter discriminatorio. Y no será fácil que eludan finalmente la persecución judicial a la que comienzan a someterse.
Estas 8 ciudades ya han visto cómo tribunales anulaban sus ZBE
De momento, un total de 13 sentencias diferentes promulgadas por distintos tribunales nacionales han confirmado defectos que han permitido anular temporalmente hasta 8 Zonas de Bajas Emisiones en España: las de Barcelona, Madrid, Gijón, Cornellá de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Adriá de Besós, Segovia y Ávila. Ahora, sin embargo, el conocimiento de un nuevo proyecto de Real Decreto por el que el Gobierno prevé modificar y endurecer la regulación de las ZBE y del Reglamento General de Circulación ha provocado una nueva campaña masiva de alegaciones que podría hace saltar por los aires definitivamente el proyecto.
Si hace solo unas semanas, tras conocerse que Francia había decidido eliminar todas sus zonas de bajas emisiones por votación en la Asamblea Nacional al considerar que son “discriminatorias y que penalizan a las rentas más bajas”, el presidente del RACVN, Pedro Martínez de Artola, aseguraba que, “por rectificación política o por vía judicial, las ZBE tienen los días contados también en España”, ahora la probabilidad de que suceda esta previsión por el segundo motivo cobra mucha más fuerza.
Todo vehículo con ITV en vigor, seguro y pago de impuestos debe poder circular
Y es que, con hasta 150 ciudades ya pendientes de activar definitivamente sus Zonas de Bajas Emisiones obligatorias con restricciones de circulación antes de finalizar el año (de momento solo hay un tercio en funcionamiento), la Asociación Vehículos Afectados por Restricciones Medioambientales (AVARM), en colaboración con la Asociación para la Defensa de la Movilidad, Medio Ambiente y Patrimonio de Extremadura (DEMOMAPEX) y los colectivos “No ZBE Manresa” y “Salvar Torrelavega de una ZBE ruinosa”, han anunciado la presentación de una campaña masiva de alegaciones en contra además del nuevo proyecto de Real Decreto que el Gobierno tiene previsto aprobar en próximas semanas y que, además, busca ampliar las restricciones, no solo en función de las etiquetas medioambientales de los coches, sino también en relación a los sistemas de seguridad de los vehículos y a su número de ocupantes. Es decir, una sola persona en un coche podría tener pronto vetados los accesos.
Partiendo de la petición de que “todo vehículo con ITV en vigor, seguro e impuestos al corriente de pago tiene que poder circular por todo el territorio nacional, salvo determinadas restricciones puntuales en los cascos históricos de los municipios o en lugares concretos que sobrepasen los valores límite de contaminación”, estas asociaciones confirman que seguirán presentando recursos que ya cuentan con avales de tribunales al considerar que no se están siguiendo para su aprobación ni los estudios, ni las consultas públicas previas exigibles a tenor del gran impacto económico que tienen, además de ser discriminatorias.
Es discriminatorio prohibir los accesos en función a la seguridad o a la ocupación de los coches
Así, además de solicitar al Gobierno informes no presentados para la modificación de una normativa de Zonas de Bajas Emisiones que también prevé obligar a los ayuntamientos a contar con un sistema activo de control de accesos, monitorización y seguimiento para sancionar, desde AVARM consideran, primero, que “la legislación sobre homologación de nuevas tecnologías en los vehículos no concede carácter retroactivo para eliminar del mercado los vehículos que no estén dotada de ella”, considerando que puede ser ilegal no permitir los accesos a las ZBE a los vehículos que no cuenten con los asistentes más avanzados.
Por su parte, las alegaciones también irán dirigidas a denunciar que “establecer una restricción en función al número de ocupantes del vehículo supone una discriminación hacia las personas solteras, separadas, viudas o divorciadas”, así como “hacia familias monoparentales, cuyos progenitores puede acudir con su vehículo a recoger a hijos viajando solos en partes del trayecto”. Se calcula que más del 40% de la población en España, según datos del INE, vive en alguna de estas situaciones.
La infracción debe ser leve, no grave: 200 € es una multa muy alta
Por todo ello, estas asociaciones esperan que los tribunales sigan fallando a su favor en todo este tipo de alegaciones contra las Zonas de Bajas Emisiones, solicitando igualmente que se considere ya legalmente como una infracción leve el no respeto de las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento derivadas de las ZBE, hoy tipificadas como graves.
Desde AVARM aseguran que “una sanción de 200 euros es extremadamente alta, ya que para una persona que cobre el SMI el importe de la multa sería el 16,89% de su sueldo mensual”. La plataforma asegura que ya existen también numerosas sentencias judiciales, sobre todo en Madrid, donde se indican que esas infracciones deben ser consideradas leves. Veremos finalmente en que quedan todas estas alegaciones y denuncias que amenazan ya con tumbar seriamente las Zonas de Bajas Emisiones.
