Ya es oficial. La Asamblea Nacional de Francia ha votado a favor de la supresión de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), una medida que podría sentar ya un importante precedente y extenderse a otros países europeos, entre ellos España. Con 98 votos a favor y 51 en contra, la decisión de poner fin a las ZBE en Francia ha salido adelante gracias al apoyo de la ultraderecha, los conservadores y la izquierda radical, que han dejado solo al Gobierno francés.
España, ¿la siguiente en seguir el ejemplo francés?
En España también han surgido ya varias voces en contra de las ZBE. La última, la del Real Automóvil Club Vasco Navarro, el RACVN, que aseguró hace unos días, tras la anulación de estas áreas en Francia, que las ZBE tenían los días contados en España al considerarlas “clasistas y perjudicar especialmente a los hogares con ingresos más bajos”, que no pueden adquirir vehículos nuevos menos contaminantes.
Una afirmación que se ha confirmado hace poco tras los primeros análisis de las ZBE en España. Uno de ellos, llevado a cabo por la Cadena Ser a partir de los datos del Ayuntamiento de Barcelona, confirma que hasta el 25 por ciento del total de las multas relacionadas en la ciudad con la nueva Zona de Bajas Emisiones (ZBE), nada menos que 16.000, se han registrado en el distrito de Nou Barris, que es el segundo con menor renta media de todos. Sin embargo, en el distrito de Sarría-Sant Gervasi, el de renta media más alta de toda Barcelona, solo se denunciaron a 4.700 coches por incumplir la normativa de las ZBE, apenas un 3,6% del total de las sanciones de tráfico.
En nuestro país, incluso, ya hay varias sentencias en contra de las Zonas de Bajas Emisiones. En varias ciudades de Barcelona y Madrid, la justicia ha declarado ya ilegales algunas ZBE, obligando a sus ayuntamientos a devolver el dinero a los conductores de todas las multas impuestas.
El Gobierno de Francia, en contra de esta decisión
En el caso francés, las Zonas de Bajas Emisiones fueron introducidas en 2019 con el objetivo de mejorar la calidad del aire en las ciudades, restringiendo la circulación de vehículos más contaminantes. Sin embargo, esta medida fue criticada desde el principio por su impacto en los hogares con las rentas más bajas, que no pueden permitirse vehículos nuevos y menos contaminantes.
Sin embargo, la decisión de los diputados franceses de anular todas las ZBE en el país vecino no ha sentado nada bien al Gobierno de Emmanuel Macron y especialmente a la ministra de Ecología, Agnès Panier-Runacher, quien, en el último momento, intentó salvar las ZBE de París y Lyon, aunque sin mucho éxito tras ser rechazada por los parlamentarios.
Según esta ministra francesa, la eliminación de las ZBE en Francia puede tener consecuencias graves en la salud pública ya que "La calidad del aire está, cada año, detrás de decenas de miles de muertes precoces cada año, de enfermedades graves y patologías en los niños, especialmente entre los más modestos".
El Ayuntamiento de París también se ha mostrado en contra de esta decisión ya que significa “renunciar a años de esfuerzos, debilitar a las ciudades implicadas y enviar una señal inaceptable de retroceso.”
“Una victoria para los franceses”
Marine Le Pen, la figura líder de Rassemblement National, ha celebrado esta decisión ya que supone una "victoria para los franceses" y una derrota para la "ecología punitiva y para todos aquellos que atacan sistemáticamente a los franceses”.
La eliminación de las ZBE no es definitiva todavía. La medida debe ser ratificada ahora en una segunda votación prevista para este mes de junio. Además, existe la posibilidad de que el Consejo Constitucional intervenga.
La costa de Iparralde, en el País Vasco francés, también está a la espera de ver qué pasa finalmente ya que allí, la Mancomunidad había planteado una ZBE que abarcaba todo el litoral de Iparralde, desde Hendaia hasta Baiona. Sin embargo, y dado el curso de los acontecimientos, la mancomunidad se vio obligada a paralizar el proceso en marzo, sobre todo tras la oposición de una comisión de la Asamblea Nacional francesa.
Además, la medida podría obligar a Francia a devolver parte de los 3.300 millones de euros en fondos europeos destinados a la implementación de las ZBE.
