Casualidad o no, los coches claramente más vendidos y demandados del mercado son los que se sitúan ya en el punto de mira de las administraciones. Hablamos sobre todo de los SUV y todoterrenos, modelos de gran tamaño y mayor peso por norma general, que acaparan hoy más del 62% del total de ventas del mercado, convertidos en la primera alternativa de movilidad familiar, pero que pueden ver en los próximos meses cómo su uso se penaliza en función a sus dimensiones y, sobre todo, a su mayor índice de emisiones contaminantes.
Así, al menos, parece contemplarlo ya la letra pequeña, y no tan pequeña, de la nueva Ley de Movilidad Sostenible, ya aprobada en el Congreso de los Diputados y actualmente en trámite en el Senado con vistas a ser ratificada definitivamente. Si todo marcha como debería, a finales de noviembre o principios de diciembre debería ser ya realidad y el coche de combustión, principalmente, será el más afectado por las nuevas regulaciones.
Y es que la nueva Ley de Movilidad Sostenible ha trascendido en las últimas semanas por incorporar novedades tan importantes como un nuevo estudio de la modificación de las etiquetas de la DGT, que probablemente concluirá con un endurecimiento de los criterios de obtención de las pegatinas ECO y Cero Emisiones, así como por la próxima entrada en vigor de un nuevo Plan Renove para la compra. Sin embargo, otras dos posibles regulaciones contempladas están causando en las últimas horas una gran polémica.
Nuevas tasas o recargos adicionales para los coches más grandes y con más emisiones
De un lado, el nuevo texto abre ya la posibilidad de que los ayuntamientos puedan próximamente establecer nuevas tasas o recargos adicionales de circulación en función de las emisiones de cada coche o de las etiquetas medioambientales en las Zonas de Bajas Emisiones, permitiéndoles en estos casos circular sin imponerles restricciones, pero a cambio de pagar algún tipo de impuesto adicional que sirva, al mismo tiempo, para desincentivar su uso. Vamos, lo que sería una especie de peajes urbanos.
Pero, de otro lado, y según ha informado El Economista, una letra más pequeña de esta nueva normativa abre la opción directamente, también, de cargar el uso de los vehículos en las Zonas de Bajas Emisiones en función a su tamaño y volumen, mediante una modificación a su vez de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales e instando a los ayuntamientos a que puedan ya penalizar, textualmente, a “los vehículos que supongan mayor ocupación del espacio público”. Como ya sucede en países como Francia o Canadá, esta regulación abriría así la opción de castigar a los vehículos de mayor tamaño, tipo SUV, 4x4, furgonetas o monovolúmenes.
Ante esta realidad, que debería ser eso sí aprobada y decidida por cada ayuntamiento, contemplándola en sus ordenanzas municipales, las familias serían sin duda las más afectadas, al disponer en mayor medida de este tipo de vehículo más grande y, al mismo tiempo, con más emisiones contaminantes. Por lo que las dos derivaciones de la nueva ley, la que permitirá castigar por las emisiones o la que aboga por hacerlo por el tamaño, supondría recargos adicionales para sus vehículos tipo más utilizados.
La Federación de Familias numerosas pide ayuda al Gobierno
Por ello, la Federación Española de Familias Numerosas, la FEFN que agrupa a todas las federaciones locales, autonómicas y municipales de familias numerosas, ha pedido directamente ya al Gobierno en las últimas horas que “la nueva Ley de Movilidad Sostenible no penalice a los coches grandes de uso familiar”. La organización recuerda que estos hogares contaminan en realidad menos por persona al desplazarse generalmente con vehículos mayores, sí, pero con mayor ocupación y que merecen, por ello, “bonificaciones en lugar de castigarles más”.
Ante la previsión pues de que la nueva normativa limite el transporte en función de las emisiones de C02 para reducir la contaminación, la FEFN pide que no se castigue con ellos a las familias con más hijos, por tener que usar coches más grandes y de mayor potencial fiscal y conociendo que “utilizan vehículos grandes, monovolúmenes y furgonetas, que en muchos casos son de combustión antigua. Una antigüedad, además, que en muchos casos es casi obligatoria, por la drástica reducción de nuevos modelos familiares en el mercado”.
La Federación Española de Familias Numerosas solicita así ya formalmente al Gobierno “que se consideren las necesidades especiales de movilidad de estas familias, que hacen un uso familiar y escolar del coche y tienen vehículos grandes por razones objetivas”, pidiendo que “se establezcan medidas, como exenciones o bonificaciones para impedir que las familias numerosas se vean castigadas solo por ser más, aunque contaminen menos por número de ocupantes”.
