Una vez más, tres nuevas sentencias judiciales dictadas por los Juzgados de lo Contencioso Administrativo número 4 de Valencia y número 1 de Elche han reducido las sanciones impuestas por Tráfico a unos conductores por supuestos excesos de velocidad, por no aplicar correctamente los márgenes de error de los radares de velocidad. Dos de las sanciones de 300 euros y dos puntos, reducen a tan sólo 100 euros sin puntos y la tercera, de 500 euros y 6 puntos, se reduce a 400 euros y retirada de 4 puntos.
Según se recoge en la sentencia, “respecto a la fiabilidad del cinemómetro que midió la velocidad del vehículo sancionado, el mismo se hallaba revisado y en perfecto funcionamiento. Sin embargo, el mencionado certificado señala un margen de error cuando el cinemómetro se hallaba operando en modo estático, de - 5 km/h”.
Por esta razón, “debe considerarse que el margen de error en la medición de la velocidad del cinemómetro, que la Administración no consideró, debería haberlo tenido en cuenta y haberlo aplicado para sancionar la conducta infractora, reduciendo la velocidad medida del vehículo en 5 km/h, por ser la opción más favorable al infractor, de conformidad con los principios informadores del Derecho Sancionador”.
En definitiva, lo que viene a decir es que hay que aplicar el margen de error máximo sobre la velocidad que consta en la foto.
Criterio sancionador erróneo
Estas nuevas sentencias se unen a las miles de sentencias dictadas ya por numerosos tribunales en toda España y avalan la denuncia realizada en 2010 por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), respecto del erróneo criterio sancionador que la DGT, el Gobierno Vasco y la Generalitat de Cataluña y más de una docena de ayuntamientos están aplicando desde entonces para sancionar los excesos de velocidad.
Por todo ello, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido a Tráfico que revise de oficio los expedientes sancionadores en los que no aparezca demostrado que en la velocidad captada por el radar se haya descontado el error máximo previsto legalmente.
Por su parte, Mario Arnaldo, presidente de AEA, espera que “con esta oportuna actuación de la Defensora del Pueblo cese por fin la irregular actuación que la DGT viene llevando a cabo desde hace siete años, al imponer sanciones de velocidad por encima de lo que marca la ley”.
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