¿Golpe a las nuevas zonas de bajas emisiones en España? A menos de un año de la entrada en vigor de la nueva ley que obligará a todas las ciudades de nuestro país de más de 50.000 habitantes a contar con un área de restricción de circulación a los coches más contaminantes, y que también afectará a territorios insulares y a las localidades de más de 20.000 habitantes con incumplimientos en materia de calidad del aire, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el TSJC, sienta un importante precedente.
Y es que, tal y como te hemos contado, Madrid y Barcelona son dos de las ciudades que, adelantándose a las nuevas normativas, ya cuentan en sus calles con nuevas zonas de bajas emisiones en vigor. Pues bien, en Barcelona el TSJC acaba de notificar la anulación de la ordenanza municipal que recogía las prohibiciones desde el pasado día 20 de diciembre de 2019. No obstante, al no tratarse aún de sentencia firme y a la espera del recurso que se presentará ante el Tribunal Supremo, el Ayuntamiento de la Ciudad Condal confirma que seguirá estos días “vigente y de obligado cumplimiento”.
La sala contenciosa anula la ordenanza de #ZBE @bcn_ajuntament por falta de informes que avalen algunas restricciones, exceso del ámbito geográfico de implantación y excesiva restricción del tipo de vehículos afectados, entre otros motivos. Estima seis recursos de 10 colectivos
— TSJCat (@tsj_cat) March 21, 2022
La ZBE excede el ámbito geográfico y el tipo de vehículos con prohibiciones
Pero, ¿por qué la Justicia anula ahora esta zona de bajas emisiones? El TSJC considera que la ordenanza presenta deficiencias en la elaboración de la normativa, concluye que faltan informes determinantes que la regulen y considera que se excede tanto el ámbito geográfico de aplicación (recordamos que afecta a todo el Área Metropolitana de Barcelona, y no solo a la propia ciudad) como en el tipo de vehículos excluidos y prohibidos para circular. Como podéis ver, el tribunal cuestiona prácticamente las restricciones al completo.
La sentencia del TSJC se hace pública tras los recursos presentados por asociaciones y entidades de Cataluña contrarias a la medida y que se sentían discriminados y muy afectados por las restricciones. Estos sectores incluyen desde transportistas a talleres, empresarios o ciudadanos que aseguraban no tener margen para adaptarse a las nuevas condiciones de circulación.
Ante este duro golpe de realidad, el Ayuntamiento de Barcelona asegura sentirse “perplejo” ante esta nueva sentencia, ya que “tribunales europeos han reclamado a Barcelona justo lo contrario de lo que dice ahora el TSJC: que impulse más medidas para mejorar la calidad del aire y que justifique las moratorias en la ZBE”. Así lo confirma Eloi Badia, concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Barcelona.
El Ayuntamiento asegura igualmente haber acogido con “sorpresa” una sentencia que “deja en indefensión a millones de personas que sufren la mala calidad del aire”. Hay que recordar que la ZBE de Barcelona supone a día de hoy una de las mayores extensiones de restricción de circulación en Europa, al contar con casi 100 kilómetros cuadrados. Afectando a Barcelona capital y a otras 4 ciudades colindantes, prohíbe la circulación a turismos y vehículos sin etiqueta medioambiental de la DGT por sus altas emisiones.
Madrid 360, ¿la siguiente área con posible anulación?
El Ayuntamiento de Barcelona asegura que, dos años después de su implantación (aunque las multas llegaron más tarde), la ciudad ha logrado reducir en hasta un 11 por ciento las emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2) y eliminado casi 600.000 desplazamiento diarios de vehículos contaminantes.
Ahora falta por ver cómo afectará esta sentencia al resto de zonas de bajas emisiones previstas en España, con Madrid directamente ya en el punto de mira. El anterior proyecto de Madrid Central ya fue también tumbado por la Justicia. Actualmente, la Asociación de Vehículos Afectados por Restricciones Medioambientales ya ha interpuesto también un recurso contra el nuevo plan Madrid 360. Veremos que siguen dictaminando los altos tribunales en España.
