Las Zonas de Bajas Emisiones y, por consiguiente, las restricciones a coches en España, muchas ya incluso limitando la movilidad no solo a los vehículos sin etiqueta medioambiental de la DGT, sino incluso también a los de distintivo B y C, siguen aumentando prácticamente mes a mes. Contempladas ya en la Ley 7/2021 de Cambio Climático y publicada por una regulación específica fijada en el Real Decreto 1052/22, inscrita en el BOE, son ya 169 las ciudades que deberían contar con estas áreas a lo largo de 2026.
Y es que el mapa oficial publicado en tiempo real por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico señala ya hoy que hasta 59 Zonas de Bajas Emisiones están en funcionamiento ahora en España, con nada menos que otras 90 en trámite y a punto para su activación, y otras 20 calificadas de momento como pendientes y de las que surgen más dudas. Las amenazas de momento del Gobierno, que ha llegado a advertir a los ayuntamientos que no cumplan con retirarles las ayudas al transporte público así como las subvenciones comprometidas de los fondos comunitarios, parece que surten efecto.
Primera ciudad que crea una Zona de Bajas Emisiones sin tener la obligación
Sin embargo, las restricciones parece que incluso van a ir más allá. Hoy hemos conocido también que Sóller, en la Isla de Mallorca, se ha convertido ya en el primer municipio de España que crea una Zona de Bajas Emisiones de manera voluntaria, es decir, sin tener la obligación de hacerlo al no cumplir con las exigencias de ser una localidad de más de 50.000 habitantes ni de incumplir normativas en materia de calidad del aire.
La nueva medida, que ya ha entrado en vigor esta semana, se ha implantado en Sóller con el objetivo de reducir la saturación del tráfico que sufre la localidad durante las temporadas sobre todo turísticas. Hasta 8 cámaras controlarán desde ahora así los pasos a ciertas calles del municipio, multando igualmente con 200 euros cualquier incumplimiento de acceso.
La AMB de Cataluña puede ampliar las ZBE...
Pero, además, esta misma semana también hemos conocido que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprobado un documento para implantar más medidas de monitorización y de reducción de la contaminación para sus hasta 36 municipios que lo conforman, creando entre las iniciativas un censo de información ambiental y con la intención también de desarrollar nuevas Zonas de Bajas Emisiones municipales. Por si no eran ya suficientes…
... Mientras la UE estudia si son legales y se ajustan al derecho comunitario
No obstante, este anuncio coincide precisamente en el tiempo con la decisión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo de mantener de momento abierta una petición presentada por la Asociación PARC - Afectados por las restricciones de movilidad, que reclama la revisión ya de las Zonas de Bajas Emisiones de Barcelona al considerar que las restricciones a determinados vehículos pueden vulnerar el principio de proporcionalidad y la normativa europea.
La presidencia de la Comisión Parlamentaria ha pedido así al Ejecutivo comunitario que se pronuncie por escrito sobre este expediente abierto para conocer si las prohibiciones generales por categorías se ajustan en Barcelona al marco jurídico de la Unión Europea. Según recoge hoy Europa Press, la Comisión Europea, eso sí, ha recordado que “la Directiva de calidad del aire establece valores límite obligatorios para contaminantes como el dióxidode nitrógeno y que, en caso de superación, los Estados miembros deben adoptar planes de acción para que el periodo de incumplimiento sea lo más breve posible”.
Asimismo, La Comisión ha señalado que el Tribunal de Justicia de la UE ya declaró en 2022 el incumplimiento de España por superar los valores límite de NO2 y que corresponde a las autoridades nacionales en principio adoptar medidas eficaces para ejecutar la sentencia, incluidas zonas de bajas emisiones. Aunque de momento no se ha pronunciado formalmente, fuentes del Ejecutivo comunitario sostendrían, según la información disponible, que además la nueva ordenanza adoptada por Barcelona tras la anulación de la anterior por los tribunales ya sí sería considerada conforme al principio de proporcionalidad por la Justicia española.
