Las Zonas de Bajas Emisiones siguen en el centro de la polémica, traspasan fronteras y abren importantes debates mucho más allá de España. Si creemos que en nuestro país estas áreas con restricciones de circulación que hasta más de 150 ciudades deben poner ya obligatoriamente en marcha están suponiendo un problema real de movilidad, en nuestro país vecino el conflicto ha traspasado la sociedad, alcanzando el ámbito político y judicial.
Francia eliminará probablemente todas sus zonas de bajas emisiones
Tal y como te venimos informando en los últimos meses, la Asamblea Nacional de Francia votó a finales de mayo en favor de la abolición de todas las zonas de bajas emisiones del país, mediante una iniciativa impulsada por los partidos de la oposición. El argumento ha sido el dramático impacto social que ha tenido estas prohibiciones de movilidad para las familias con menos recursos, incapaces de adquirir nuevos coches ecológicos y, por tanto, limitados en su transporte diario. Sin embargo, aunque ejecutada, la anulación aún debe ser revisada y tramitada legalmente.
El proceso, por tanto, se completará a partir del próximo 30 de septiembre, cuando una Comisión Mixta tenga que aprobar definitivamente la ley que ampare esta decisión, que probablemente posteriormente deba ser sometida también al Consejo Constitucional del país. A pesar de que el Gobierno central quiere mantenerlas temporalmente en ciudades como París y Lyon, por su alta contaminación, todo indica a que el trámite saldrá adelante y en octubre conocemos la decisión final.
En España, 13 sentencias judiciales han anulado ya distintas ZBE
Mientras Francia pues se encamina hacia la eliminación total de las zonas de bajas emisiones, en España la polémica continúa creciendo. Hasta ahora, al menos 13 sentencias judiciales han anulado también ya temporalmente hasta 8 de estas áreas con restricciones, afectando a ciudades como Barcelona, Madrid, Gijón, Cornellá de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Adriá de Besós, Segovia y Ávila. Problemas en la redacción de las ordenanzas y motivos discriminatorios han sido los factores que han llevado a estas decisiones.
Ante ello, numerosas organizaciones siguen denunciando en los tribunales muchas de estas Zonas de Bajas Emisiones activas ya en España, con el objetivo de lograr también su anulación. El Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN), por ejemplo, ha impugnado varias en el País Vasco, llegando a asegurar además que llevará más a los tribunales “por su carácter discriminatorio para las clases humildes, que no pueden comprarse un coche menos contaminante y por malinterpretar la normativa europea y el carácter restrictivo de la medida sobre la libertad de movimientos de la ciudadanía”. Su presidente, Pedro Martínez de Artola, ha vaticinado incluso que, “por rectificación política o, más probablemente, por la vía judicial”, las ZBE “tienen los días contados también en España. La medida es clasista y perjudica especialmente a los hogares con ingresos más bajos”.
AEA denuncia el multimillonario negocio de unas ZBE de "dudosa legalidad"
Ante toda esta realidad, una nueva voz además aboga por su eliminación e incluso denuncia multas ilegales, animando a todos los conductores sancionados a que reclamen también por vía judicial. Hablamos de la influyente asociación Automovilistas Europeos Asociados, AEA, quien critica “el multimillonario negocio de los ayuntamientos con las multas de las Zonas de Bajas Emisiones”, acusando directamente a varias administraciones locales de incumplir con la legalidad.
Según ha denunciado en las últimas semanas AEA, el Tribunal Supremo, por ejemplo, ha inadmitido el recurso de casación formulado por el ayuntamiento de Esplugues de Llobregat, en Barcelona, ratificando la nulidad de las ZBE. Además, este mismo Alto Tribunal ya ha ido paulatinamente confirmado también la nulidad de otras ordenanzas municipales que regulan estas áreas, como las de Barcelona, L´Hospitalet de Llobregat y Cornellá, del mismo modo que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid con la capital de España.
Recomiendan recurrir todas las multas en Zonas de Bajas Emisiones
Pese a ello, AEA asegura ahora que “algunos ayuntamientos siguen cobrando multas que debían estar anuladas. Desde septiembre de 2021 a diciembre de 2024, solo el Ayuntamiento de Madrid ha formulado 2.506.611 denuncias, por un valor económico de 479.658.910 €”. “El problema que está surgiendo es que ahora muchos ayuntamientos españoles, bajo la bandera de la protección del medioambiente y de la seguridad vial, han generado un multimillonario negocio de multas de dudosa legalidad, que no quieren devolver, e incluso las siguen cobrando ejecutivamente mediante el embargo de cuentas bancarias, a pesar de que el Tribunal Supremo ya ha confirmado su ilegalidad”, ha explicado el propio presidente de la asociación, Mario Arnaldo.
Por eso, los abogados expertos de AEA recomiendan ya directamente a todos los conductores afectados por sanciones en estas Zonas de Bajas Emisiones que recurran las multas, “al ser de dudosa legalidad” y que “agoten todas las posibilidades de defensa” para que estas multas “no alcancen firmeza”, ya que posteriormente puede haber más dificultades para conseguir la devolución de todas las denuncias que ya se han cobrado.
