Hace justo un mes ya advertimos sobre la situación real de las Zonas de Bajas Emisiones en España. Un total de 13 sentencias habían ya anulado temporalmente hasta ocho de estas áreas con restricciones, en concreto en las ciudades al menos de Barcelona, Madrid, Gijón, Cornellá de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Adriá de Besós, Segovia y Ávila. Los recursos además se multiplicaban por todo el país y desde el Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN) se aseguraba incluso que las ZBE “tienen los días contados”, tras conocerse también que en Francia, por ejemplo, la Asamblea Nacional las ha eliminado de todo el país al considerarlas finalmente “discriminatorias y que penalizan los bajos ingresos”
Pues bien, a través de un duro comunicado, la asociación Automovilistas Europeos Asociados, AEA, denuncia hoy en la misma línea el “multimillonario negocio de los ayuntamientos con las multas de las Zonas de Bajas Emisiones”, acusando directamente a varias administraciones locales de incumplir con la legalidad y aconsejando a todas las personas denunciadas a que recurran estas sanciones.
Los ayuntamientos siguen cobrando multas declaradas nulas
Según confirma AEA, el Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación formulado por el ayuntamiento de Esplugues de Llobregat (Barcelona), ratificando la nulidad de las Zonas de Bajas Emisiones. Además, este mismo Alto Tribunal ya ha ido paulatinamente confirmado también la nulidad de otras ordenanzas municipales que regulan las ZBE, como las de Barcelona, L´Hospitalet de Llobregat y Cornellá, del mismo modo que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid con la capital de España, a pesar de lo cual “algunos ayuntamientos siguen cobrando multas que debían estar anuladas. Desde septiembre de 2021 a diciembre de 2024, solo el Ayuntamiento de Madrid ha formulado 2.506.611 denuncias, por un valor económico de 479.658.910 €”.
Precisamente AEA ha decidido poner hoy el foco en los ingresos que están generando estas sanciones ya en la mayoría de ayuntamientos, y que les está llevando incluso a incumplir con la legalidad. “El problema que está surgiendo es que ahora muchos ayuntamientos españoles, bajo la bandera de la protección del medioambiente y de la seguridad vial han generado un multimillonario negocio de multas de dudosa legalidad, que no quieren devolver, e incluso las siguen cobrando ejecutivamente mediante el embargo de cuentas bancarias, a pesar de que el Tribunal Supremo ya ha confirmado su ilegalidad”, denuncia el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo.
Superávit con las multas de más del doble de lo presupuestado
Y es que desde la asociación confirman hoy que hay ayuntamientos, como el de L´Hospitalet de Llobregat, que han conseguido ya un superávit de recaudación de más del doble de lo presupuestado inicialmente con las multas de las Zonas de Bajas Emisiones. “Pero lo más grave del asunto”, prosigue Mario Arnaldo, “no es que los ayuntamientos estén generando ingresos para las arcas municipales en base a unas multas de dudosa legalidad, sino que el órgano encargado de cobrar esas multas sigue embargando cuentas bancarias de los automovilistas incluso después de que los tribunales hayan declarado nulas las ordenanzas municipales por sentencia firme”.
Por todo ello, desde AEA recomiendan ya expresamente a todos los conductores y automovilistas afectados por sanciones en estas Zonas de Bajas Emisiones que recurran las multas, “al ser de dudosa legalidad” y que “agoten todas las posibilidades de defensa” para que estas sanciones “no alcancen firmeza”. En caso contrario, podría posteriormente haber dificultades para conseguir la devolución de todas aquellas que ya se hayan cobrado.
