Las Zonas de Bajas Emisiones, el proyecto estrella de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada por el Gobierno el pasado 1 de enero de 2023, y vital para todas las negociaciones de fondos de ayuda con la Unión Europea, se enfrentan a una verdadera encrucijada. Si los tribunales ya han anulado algunas de estas áreas con restricciones por considerarlas con defectos de forma y discriminatorias y, en Francia, la Asamblea Nacional ha votado su eliminación en todo el país con asegurar que “penaliza a los hogares con ingresos más bajos”, ahora, además, el programa se enfrenta a la oposición de decenas de ayuntamientos.
Y es que, obligatorias ya en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, así como en territorios insulares y en las poblaciones de más de 20.000 habitantes con incumplimientos en materia de calidad del aire, la realidad es que a día de hoy apenas el 32 por ciento de estas urbes (en total, 53 municipios) las tienen activas, según revelan los propios datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El 68% de ciudades obligadas a contar con una ZBE no la tienen aún en vigor
Esta cifra supone, por tanto, que hasta un 68% de las ciudades obligadas a contar obligatoriamente con una Zona de Bajas Emisiones de momento no las tienen implantadas, y tampoco parece que quieran hacerlo en muchos casos. De este total de 94 ciudades insumisas, el 56% figura oficialmente “en trámite”, mientras que otros 20 municipios, casi el 12%, la mantienen de momento como “pendiente”.
Ante este problema, que amenaza con derrumbar el proyecto general, el Gobierno ha decidido actuar, y por una doble vía. Por un lado, amenazando ya seriamente a todos los ayuntamientos que no acaten la ley a que perderán subvenciones estatales y ayudas al transporte público si no las tienen activadas antes de finales de año; y, por otro, mediante un Real Decreto que ya se encuentra próximo a aprobarse en Consejo de Ministros, por el que se obligará a contar con un régimen sancionador con el fin de evitar lo que hoy se considera ya una ZBE “fake”, detectadas incluso en algunas que supuestamente ya están en funcionamiento.
El Gobierno obligará a imponer restricciones a coches y a multar a todas las ciudades
Y es que, en este último sentido, algunas ciudades han optado para evitar las represalias activar sus Zonas de Bajas Emisiones, pero sin restricciones en la práctica y ciñéndose al mínimo de superficie legal. El Gobierno ha explicado que, ante ello, “se pone de manifiesto la necesidad de establecer unos criterios que garanticen la implantación efectiva de las ZBE”, incluyendo en la ley que solo se considerarán válidas las áreas que cumplan una serie de requisitos obligatorios, como será, por ejemplo, tener “un régimen sancionador activo, quedando excluido para esta consideración cualquier sistema transitorio de avisos que pudiera haberse contemplado previamente”. La imposición de multas será, además, mínima para todos los vehículos que no tengan etiqueta medioambiental de la DGT.
Ciudades como Palma de Mallorca o Santander ya han sido acusadas, por ejemplo, de realizar estas prácticas, aunque es la Comunidad de Madrid la que más preocupa ahora mismo al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Y es que, según un estudio elaborado por Bipi, hasta el 60% de las ciudades de Madrid que tienen que contar con una ZBE incumple hoy las restricciones para coches obligatorias.
La Comunidad de Madrid, la más díscola con el Gobierno
De momento, solo 9 de las 24 ciudades de la Comunidad de Madrid obligadas a contar con una Zona de Bajas Emisiones las tienen ya en funcionamiento, con hasta 13 ayuntamientos aún tramitando esta medida y declarándose prácticamente en rebeldía, como ocurre especialmente en Arganda. Grandes urbes como Móstoles, Leganés, Valdemoro, Parla, Alcorcón, San Sebastián de los Reyes, Alcalá de Henares o Aranjuez siguen sin imponer restricciones de uso para coches y no parecen tener prisa en activarlas.
El problema preocupa especialmente porque la Comunidad de Madrid concentra ya hasta el 80% de toda la superficie de Zonas de Bajas Emisiones prevista en España, teniendo en cuenta que la Capital, Madrid, tiene incluido prácticamente todo el municipio en esta catalogación, prohibiendo el tránsito en su término municipal a los vehículos sin etiqueta de la DGT. De momento, algunos ayuntamientos se escudan en que no tienen ayudas ni partidas presupuestarias para su activación, mientras que otros se refugian en el urbanismo de las ciudades, que las imposibilitan. Pero la realidad es que, en la mayoría, hay un trasfondo político de rebeldía. Veremos qué ocurre en los próximos meses, porque el plan de las ZBE se ve más amenazado que nunca.
