No va a ser una primavera sencilla, ni mucho menos, para una gran mayoría de ayuntamientos en España. Acuciados ya a implantar nuevas Zonas de Bajas Emisiones, tras emitir el Gobierno una orden en el año 2023 aprobada en la nueva Ley de Cambio Climático, más de 100 consistorios se ven en obligados a ponerlas lo antes posible en vigor, por normativa nacional y por amenaza del Ejecutivo, que ha marcado el verano como fecha tope para que todas estas grandes urbes las activen o no puedan acceder a las nuevas ayudas estatales al transporte público.
Según la última actualización del mapa oficial de Zonas de Bajas Emisiones en España, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a día de hoy solo hay 54 ciudades que las tengan ya vigentes, por lo que las 95 que todavía las tienen pendientes de aprobación deben agilizar los trámites, mientras que las 20 que aún no los han siquiera iniciado se exponen además a nuevas sanciones.
Y es que la propia vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ya reconoció hace solo unos días que, aunque las zonas urbanas de bajas emisiones (ZBE) iban aumentando y mejorando, existe aún “un redil de municipios negacionistas cuyos alcaldes hacen gala de no implantarlas pese a los daños para la salud por la contaminación”. Y de poco importa también el aviso reciente emitido por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que, aunque favorable a implantar estas áreas por ser “pieza clave en la transformación de las ciudades”, denuncian al mismo tiempo que su activación “debe acompañarse de una mejora integral del transporte público, de la ampliación de la infraestructura dedicada a la movilidad activa y de una planificación estratégica que permita una transición eficiente y equitativa”.
Las Zonas de Bajas Emisiones tienen "los días contados en España"
La FEMP ha advertido que, de lo contrario, las Zonas de Bajas Emisiones pueden terminar generando graves perjuicios en la ciudadanía, algo que aseguran que está empezando a ocurrir. Pero, a pesar de la insistencia del Gobierno en implantarlas lo antes posible, ¿pueden todos estos inconvenientes llegar incluso próximamente a tumbar su activación? Así desde luego lo consideran cada vez más colectivos y asociaciones de España, tal y como incluso lo ha expuesto en los últimos días ya públicamente el Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN).
Según este prestigioso y popular club de automovilistas, “las Zonas de Bajas Emisiones tienen los días contados también en España”, tras el anuncio de eliminación de todas estas áreas en Francia, una votación que “abre una puerta a la posible abolición de las Zonas de Bajas Emisiones en nuestro país, ya que coincide con los argumentos que defendemos en los recursos que estamos presentando contra algunas de estas iniciativas, como en San Sebastián o Bilbao”.
El RACVN sigue presentando recursos
El RACVN hace así referencia a la reciente decisión de Francia de eliminar todas las áreas con restricciones de circulación en el país, al considerar la Asamblea Nacional mediante una votación mayoritaria que “penalizaba a los hogares de bajos ingresos”. Estos mismos argumentos son los que lleva meses defendiendo el club, que ha interpuesto ya varios recursos para paralizar en España también la implantación de nuevas Zonas de Bajas Emisiones.
El presidente del RACVN, Pedro Martínez de Artola, considera que el precedente de Francia, sumado a los recientes fallos de tribunales españoles que han llegado a paralizar Zonas de Bajas Emisiones en ciudades como Madrid, Gijón, Santa Cruz de Tenerife o Badajoz, hacen ya prever que “por rectificación política o, más probablemente, por la vía judicial”, las ZBE “tienen los días contados también aquí”. El club considera que la medida ha demostrado ya ser “clasista y perjudicar especialmente a los hogares con ingresos más bajos”, que no pueden adquirir vehículos nuevos menos contaminantes.
Desde el Real Automóvil Club Vasco Navarro alegan ya en todos sus recursos, “la falta de proporcionalidad de las restricciones y el ataque que suponen a un derecho fundamental como es la libertad de movilidad”. Desde el RACVN piden ya por ello que las ciudades “utilicen el sentido común, den marcha atrás a sus proyectos y no engañen a la población, ya que la UE no obliga a poner las ZBE, sino solo a tomar medidas contra la contaminación”. El conflicto, sin duda, está en plena ebullución.
