¿Son justas las Zonas de Bajas Emisiones en su lucha por mejorar la contaminación de las ciudades? ¿O, por el contrario, son discriminatorias y contrarias a derecho? Estas preguntas, a estas horas, cobran una especial relevancia y de su respuesta puede depender ya que en los próximos meses estas áreas con restricciones de circulación sigan vigentes o no. El debate solo ha hecho que comenzar y es más que posible que la última palabra la tengan los propios tribunales de Justicia, que ya han empezado a pronunciarse al respecto.
Y es que pongámonos primero en contexto. La Ley de Cambio Climático, aprobada por el Gobierno supuestamente a recomendación de la UE, contempla ya desde 2023 que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, así como los territorios insulares y las poblaciones de más de 20.000 habitantes con incumplimientos en materia de calidad del aire, tengan que contar obligatoriamente con Zonas de Bajas Emisiones que incluyan restricciones de tráfico. Es más, dos comunidades autónomas, como Cataluña y el País Vasco, están pendientes incluso de aprobar nuevas normativas que extiendan esta obligación incluso a municipios con solo 20.000 o 25.000 habitantes, respectivamente.
Ante esta realidad, en el panorama nacional se han comenzado a multiplicar lógicamente ya estas áreas restrictivas. A día de hoy, tras consultar el mapa oficial de todas las Zonas de Bajas Emisiones en España, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, podemos concluir ya que hay actualmente 54 ciudades que ya las tienen vigentes y con poder para sancionar a quienes incumplan sus accesos, mientras que nada menos que 95 localidades las tienen en trámite pendientes de una aprobación final que llegará en las próximas semanas. El fenómeno, ya imparable, ha sido incluso ratificado en las últimas horas por la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, reconociendo que “el aumento de zonas urbanas de bajas emisiones (ZBE) va mejorando”.
Conflicto en ebullición: Francia anula todas las zonas de bajas emisiones
Sin embargo, al mismo tiempo que se amplía el número de Zonas de Bajas Emisiones, el conflicto amenaza con estallar. De un lado, por la oposición de numerosos grupos políticos que, con VOX y el Partido Popular a la cabeza, han decidido ya llevar ante la Justicia muchas de estas iniciativas acusándolas de ser discriminatorias. En este sentido, la propia ministra para la Transición Ecológica ha reconocido también el problema, confirmando que hay un “redil de municipios negacionistas cuyos alcaldes hacen gala de no implantarlas pese a los daños para la salud por la contaminación”.
Este problema incluso ha ido todavía más allá en Francia, donde ante la oposición política la Asamblea Nacional acaba de aprobar en votación y por mayoría la anulación de todas las zonas de bajas emisiones que ya hay activas por el país, también puestas en funcionamiento tras las recomendaciones provenientes desde la Unión Europea.
Considerando textualmente que estas zonas de bajas emisiones “penalizan a los hogares de bajos ingresos”, el arco parlamentario francés ha dictado una resolución que ahora debe definitivamente transformarse en ley pero que supondrá, casi irremediablemente, el final de todo tipo de restricciones de circulación asociadas a estas políticas medioambientales en todo el país.
"Por rectificación política o por vía judicial", en España también podrían anularse
Recibida la noticia como un triunfo por el colectivo automovilista, esta iniciativa amenaza ahora además por extenderse por otros países como España, tal y como ha confirmado el propio Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN). A través de un comunicado, esta organización ha asegurado que se “abren nuevas puertas a su posible abolición” también en nuestro país, concluyendo que “las Zonas de Bajas Emisiones tienen los días contados” en España.
Confirmando desde el RACVN que ya han presentado los primeros recursos para que estas áreas se anulen en ciudades como San Sebastián o Bilbao, su propio presidente, Pedro Martínez de Artola ha subrayado que estas Zonas de Bajas Emisiones terminarán anulándose en nuestro país “por rectificación política o, más probablemente, por vía judicial”. Y es que este segundo punto resulta igualmente destacable y premonitorio.
Los tribunales ya sentencian en contra de las nuevas ZBE
Ciudades ya como Madrid, Gijón, Badajoz o Santa Cruz de Tenerife, por poner solo algunos ejemplos destacados, ya han sufrido en las últimas semanas importantes varapalos jurídicos que han terminado por anular temporalmente las multas en sus Zonas de Bajas Emisiones, por distintos motivos, como ha sido en algunos casos la consideración de ser discriminatorias y de atentar a la libertad de movilidad de la población, y en otros debido a la ausencia de una señalización e información suficiente que advierta a los conductores de la nueva realidad legal.
Veremos finalmente en qué acaba un conflicto que, sin duda, irá extendiéndose conforme sigan aprobándose nuevas Zonas de Bajas Emisiones. Pero el propio RACVN ya amenaza a todos los ayuntamientos, considerando que la medida es “clasista y que perjudica especialmente a los hogares con ingresos más bajos”, que no pueden ni adquirir ni optar a vehículos nuevos menos contaminantes. Las denuncias a esta áreas restrictivas, por tanto, seguirán acumulándose en las próximas semanas en los tribunales.
