Basta de nuevo asomarse por el mapa oficial de las Zonas de Bajas Emisiones en España, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para comprobar los progresos. Si hace solo un mes contábamos con poco más de 30 ciudades con áreas restringidas ya activas, esta misma mañana comprobamos cómo son ya 54 las que las tienen vigentes. Ciudades de todo tipo y en todas las comunidades, como Boadilla del Monte, Las Rozas, Cornellá, Linares, Ponferrada, Segovia, Torremolinos o Zaragoza, por poner solo algunos ejemplos, se han sumado a esta lista abierta y cada vez más amplia.
Sin embargo, al Gobierno aún le queda trabajo por hacer. Una mirada más profunda nos indica que todavía hay 95 ciudades que tienen en trámite su Zona de Bajas Emisiones, a falta de aprobación municipal final, mientras que 20 están pendientes y parecen ya insurrectas. Las cuentas son claras: de las 169 grandes urbes a las que la Ley de Cambio Climático obliga a crear áreas con restricciones de circulación, solo 54 las tienen en funcionamiento, es decir, apenas el 32%. Por este motivo, desde el Gobierno ya han pasado a la acción, asegurando que castigarán sin poder optar a subvenciones estatales al transporte público a las ciudades que, obligadas a tener su ZBE, no las haya implementado ya este mismo verano.
Por eso, comprobamos casi día a día como una a una siguen sumándose y aprobando nuevas ordenanzas municipales que regulan las restricciones… al tiempo que también observamos cómo se recrudece el conflicto y estalla la incertidumbre. Y es que nuevas acciones y actuaciones comienzan ya a poner en tela de juicio la viabilidad y legalidad de estas prohibiciones, hasta el punto de amenazar ya incluso seriamente la continuidad de estas medidas.
"Por rectificación política o por la vía judicial, las ZBE tienen los días contados en España"
Así, directamente, lo ha confirmado en las últimas horas el Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN), asegurando que “las Zonas de Bajas Emisiones tienen los días contados” en España, “abriéndose nuevas puertas a su posible abolición. Estamos presentando recursos contra algunas de estas áreas, como en San Sebastián o Bilbao”, y podrían terminar anulándose “por rectificación política o, más probablemente, por la vía judicial”, ha subrayado el presidente de la importante asociación de automovilistas, Pedro Martínez de Artola. Veamos por qué.
Para empezar, los tribunales, como indican desde el RACVN, ya han comenzado a poner en tela de juicio la legalidad de aplicación de estas nuevas Zonas de Bajas Emisiones. Ya son varios los tribunales que, a lo largo de España, han emitido sentencias anulando temporalmente las restricciones de estas áreas por distintos motivos, pero especialmente por considerarlas discriminatorias, por atentar contra la libertad de movilidad y, también, por hacer gala de una señalización e información insuficiente que genera dudas e incertidumbre entre los conductores.
Ciudades como Madrid, Gijón, Santa Cruz de Tenerife o Badajoz, por poner solo algunos ejemplos, han visto cómo denuncias de distintos colectivos vecinales o grupos políticos han terminado por anular incluso las multas, dejando en suspensión sus Zonas de Bajas Emisiones. En este sentido, el presidente del RACVN considera que la medida ya ha demostrado sobradamente ser “clasista y perjudicar especialmente a los hogares con ingresos más bajos”, que no pueden adquirir ni optar a vehículos nuevos menos contaminantes.
Francia anula todas sus zonas de bajas emisiones
Pero, junto a los fallos de los tribunales, otro problema amenaza ya también a las Zonas de Bajas Emisiones: los conflictos políticos. En Francia, este hecho ha llevado ya a la propia Asamblea Nacional del país a votar sobre la continuidad de sus zonas de bajas emisiones, resultando finalmente favorable por mayoría política la anulación definitiva de todas las restricciones que se habían levantado ya por todo el estado.
Considerando, textualmente, que las zonas de bajas emisiones “penalizan a los hogares de bajos ingresos”, la mayoría del arco parlamentario francés ha decidido votar en contra de una iniciativa que ahora tendrá que transformarse de nuevo en ley y que, previsiblemente, supondrá el final en Francia de todo este tipo de restricciones que se venían impulsando desde hace años desde la Unión Europea. La noticia se ha recibido como un triunfo del colectivo automovilista.
El conflicto político se extiende también en España
Esta realidad podría extenderse a España, ya que el RACVN considera que los mismos motivos votados en Francia son los que denuncia su colectivo, alegando la “falta de proporcionalidad de las restricciones y el ataque a un derecho fundamental como la libertad de movilidad”, por lo que están denunciando ante la justicia todas las activaciones de este tipo.
De hecho, recientemente en una entrevista concedida a la agencia EFE, la propia vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, reconocía que “el aumento de zonas urbanas de bajas emisiones (ZBE) va mejorando, más allá del redil de municipios negacionistas cuyos alcaldes hacen gala de no implantarlas pese a los daños para la salud por la contaminación”, reconociendo el conflicto político que está retrasando la implantación de muchas de estas áreas.
Hoy por ejemplo hemos conocido también, por ejemplo, que VOX ha llevado ya ante la justicia también la nueva Zona de Bajas Emisiones de Málaga, mientras que en Getafe se ha admitido a trámite también un recurso presentado contra su área por parte del Partido Popular. Estas actuaciones comienzan a extenderse por más ciudades del país.
