No se están encontrando desde luego la mayoría de ayuntamientos de España con demasiadas facilidades para poner en funcionamiento sus obligatorias Zonas de Bajas Emisiones, un proyecto contemplado ya en la Ley de Cambio Climático aprobada por el Gobierno a iniciativa de la Unión Europea y por el que hasta más de 160 grandes urbes de nuestro país tienen que activar (o, de hecho, tenían que haberlo hecho ya) nuevas áreas de protección medioambiental con restricciones también a la circulación de vehículos.
Emitida la orden ya en 2023, la realidad a día de hoy es que el mapa oficial de todas las Zonas de Bajas Emisiones en España, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, refleja a estas horas que solo hay de momento 54 ciudades que ya las tienen vigentes y con poder de sanción a quienes incumplan los accesos, mientras que, eso sí, hasta 95 localidades las tienen en trámite pendientes de una aprobación final que debería llegar en las próximas semanas.
El Gobierno amenaza y Francia elimina todas sus zonas de bajas emisiones
Para agilizar el trámite, el propio Gobierno ha “amenazado” con no permitir el acceso a las próximas bonificaciones al transporte público a todas aquellas ciudades que, obligadas a contar con una Zona de Bajas Emisiones, no la haya activado ya este mismo verano. El mensaje parece haber calado y la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, asegura ya que “el aumento de zonas urbanas de bajas emisiones (ZBE) va mejorando, pese al redil de municipios negacionistas cuyos alcaldes hacen gala de no implantarlas pese a los daños para la salud por la contaminación”.
Este último, precisamente, es uno de los problemas que están surgiendo entorno a la implantación de las nuevas ZBE. El conflicto político ya ha llevado en Francia, por ejemplo, a que la Asamblea Nacional haya aprobado eliminar todas sus zonas de bajas emisiones por considerar que “penalizan a los hogares de bajos ingresos”, mientras que en España también crece la oposición política a esta normativa en decenas de municipios.
Junto a esta realidad, los tribunales se han sumado también al conflicto e incluso han emitido ya diversas sentencias por las que han anulado temporalmente las ordenanzas municipales que regulan algunas Zonas de Bajas Emisiones debido a considerarlas discriminatorias o por la mala señalización que ofrecen. Sin embargo, en las últimas horas hemos conocido un tercer problema que parece estar surgiendo en torno a la implementación de estas normativas.
El transporte público debe impulsarse o las ZBE generarán graves perjuicios entre la población
Y es que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha denunciado que la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones “debe acompañarse de una mejora integral del transporte público, de la ampliación de la infraestructura dedicada a la movilidad activa y de una planificación estratégica que permita una transición eficiente y equitativa” para no terminar generando graves perjuicios en la ciudadanía, algo que está empezando a ocurrir.
En concreto, el secretario general de la FEMP, Luis Martínez Siclun, ha asegurado durante su intervención en la apertura de la jornada “Las ZBE, la movilidad activa y los retos del transporte público urbano”, organizada por la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC) y la FEMP, que “el planeamiento territorial de las últimas décadas no priorizó la proximidad en las ciudades y, como consecuencia, son muchas las personas que cuentan con pocas opciones de transporte para acceder al centro de las ciudades”.
La FEMP ha querido subrayar el “enorme esfuerzo” que están haciendo los ayuntamientos implicados de toda España para poder implantar estas ZBE obligatorias, pero exige que se siga trabajando en el “desafío de revertir esta tendencia y recuperar la proximidad como criterio clave en el diseño urbano, algo que se suma la crisis de la vivienda y que hace difícil el retorno de los ciudadanos a los centros urbanos”.
Luis Martínez Siclun sí ha querido eso sí dejar claro que para la FEMP las nuevas Zonas de Bajas Emisiones son una “pieza clave en la transformación de las ciudades” que, más allá de reducir la contaminación y mejorar la salud, “representan una oportunidad para reorganizar la movilidad urbana y recuperar espacios para las personas”. La FEMP pide por último más implicación del sector del transporte público, adaptándose a las nuevas exigencias de sostenibilidad y eficiencia, considerando igualmente que es “fundamental” el apoyo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para “garantizar que los municipios cuenten con las herramientas necesarias”.
