Vuelta al nuevo curso y toca prepararse ya para afrontar la recta final de un 2025 que concluirá con grandes novedades en materia de movilidad y con grandes dificultades, todo sea dicho, para un montón de propietarios de coches de combustión que va a ir viendo, paulatinamente, como se acota su radio de acción posible en las grandes ciudades del país.
Y es que en 2026 deberán estar activas ya prácticamente la totalidad de las más de 150 ciudades obligadas a contar con una Zona de Bajas Emisiones con restricciones de circulación. El Gobierno así lo exige y, para ello, presiona ya a los ayuntamientos, incluso amenazándoles con eliminarles las subvenciones estatales al transporte público en caso de incumplir una normativa que debería estar vigente desde 2023 pero que la mayoría de municipios españoles han ido retrasando. Se calcula que hoy solo el 32 por ciento de las ZBE obligatorias están ya implementadas.
Cataluña prohibirá el acceso a todas sus ZBE a los vehículos con etiqueta B
Quienes sin embargo parecen tener ya más claras sus regulaciones son las ciudades afectadas en Cataluña, aproximadamente unas 30. Y es que la Generalitat aprobó ya en julio de 2024, vía Decreto, un nuevo Plan de Calidad del Aire, horizonte 2027, estableciendo hasta 84 medidas y 386 actuaciones de obligado cumplimiento para todas sus Zonas de Bajas Emisiones. El Govern aseguró entonces que ellos lo ejecutarían, junto a las administraciones locales, los gestores de infraestructuras, las empresas y la ciudadanía en general.
Aplicable en todo el territorio catalán, la gran novedad de este nuevo Plan de Calidad del Aire es que introduce, y ya desde el 1 de enero de 2026, la medida más restrictiva contemplada hasta ahora para los coches de combustión en España. Sí, porque será desde esta fecha cuando entren en vigor las prohibiciones de circulación por todas las Zonas de Bajas Emisiones de la comunidad, por esas más de 30 contempladas, a los vehículos con etiqueta B de la DGT, que recordemos que son ya todos los turismos y furgonetas de gasolina matriculadas entre enero de 2001 y 2006, los diésel matriculados entre 2006 y 2014 (es decir, los de más de 10 años), o todos los vehículos con más de 8 plazas y transportes de mercancías diésel o gasolina matriculados después de 2006.
Hasta ahora son solo algunos pocos ayuntamientos, como Madrid, Bilbao, Getafe, Málaga, Palma de Mallorca o Estepona, los que han confirmado ya futuras restricciones a estos vehículos con etiqueta B de la DGT, pero en ningún caso se había aprobado una norma regional que englobara a todas las ZBE de una comunidad. El plan de Cataluña, eso sí, comprenderá dos fases para ir preparando a los conductores para estas estrictas normas medioambientales.
Fase 1, en 2026; Fase 2, con prohibición total, en 2028
Calculándose que a día de hoy los vehículos con etiqueta B de la DGT representan en Cataluña aproximadamente el 35% del parque en circulación, estos vehículos, de inicio ya en 2026, no podrán circular por ninguna Zona de Bajas Emisiones pero solo durante los días en los que se activen los protocolos anticontaminación por mala calidad del aire. Sin embargo, la segunda fase del plan, ya aprobado, confirma que será definitivamente el 3 de enero de 2028 cuando la prohibición sea ya general y ningún coche con distintivo amarillo pueda acceder a ninguna de las 30 ZBE de Cataluña, ningún día además del año. Sin excepciones.
Consciente del enorme perjuicio que ocasionarán estas restricciones a buena parte de la población (hay que tener en cuenta que, según las cifras del INE, Cataluña es la segunda comunidad más poblada de España, por delante de Madrid y solo por detrás de Andalucía), la Generalitat ha confirmado eso sí que prepara importantes contrapartidas económicas para que los municipios afectados puedan gestionar estas prohibiciones con sus habitantes más afectados. Entre otras iniciativas, el Govern incrementará las ayudas al transporte público.
Todas las ordenanzas deben estar aprobadas ya en 2026, en solo 4 meses
A través de la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Silvia Paneque, el Govern ha asegurado que este plan no nace “para poner trabas a los consistorios, sino darles apoyo durante el proceso el tiempo que sea necesario”. La misma responsable autonómica ha asegurado que las nuevas ordenanzas municipales que deberán contemplar estas regulaciones deberán estar ya redactadas en el año 2026, matizando que “ofreceremos la ayuda que haga falta y garantizaremos una mejor red de transporte público como compensación”.
Ciudades tan importantes en Cataluña como Tarragona, Mollet del Vallés, Vilanova y la Geltrú, Rubí, Terrassa, Sabadell, Granollers o Mataró ya mostraron hace meses su oposición inicial a este tipo de prohibiciones, que, a partir de 2026, afectarán ya irremediablemente a un total de 30 ciudades de toda la comunidad.
