Nacieron sin duda como un elemento indispensable de seguridad para reducir la velocidad y, por consiguiente, siniestralidad en las carreteras. Y hoy en día siguen cumpliendo con eficacia su misión principal. Sin embargo, también es verdad que los radares se han terminado por convertir en tal máquina de recaudación de dinero que ya es difícil no sucumbir a sus encantos.
Lo estamos viendo, obviamente, con la DGT, tantas y tantas veces acusada de guiarse por el afán recaudatorio en la colocación de muchos de sus radares, especialmente los móviles que oculta con métodos tan poco ortodoxos como tras guardarraíles, farolas o incluso en tramos con obras. Pero claro basta dar unos pocos datos para entender los motivos que llevan a ello.
Solo en un año la DGT recauda más de 507 millones en multas
Sólo en 2022 la DGT recaudó en multas más de 507 millones de euros, según su última memoria, y hay que tener en cuenta que 2 de cada 3 sanciones están relacionadas en Tráfico con la velocidad, imponiendo al año más de 3,7 millones de denuncias. Y de esta realidad no solo se beneficia la DGT.
El Servei Catalá de Transit (el SCT que tiene las competencias de tráfico en Cataluña) ha informado esta misma semana que en su último año contabilizó hasta 758.659 infracciones, recaudando más de 83 millones de euros. Y con solo dos radares, que multan en la AP-7 y en la C-31, recaudan más de 13 millones de euros al año, al poner cada uno hasta 60.000 multas, unas 160 al día de media aproximadamente.
Los radares, una importante máquina de recaudar para los ayuntamientos
Vale, hasta aquí hemos recogido datos de las principales administraciones de tráfico. Pero hay que tener en cuenta que los ayuntamientos también disponen ya en una gran mayoría de pueblos y ciudades de sus propios radares para controlar la velocidad y que han comenzado desde hace tiempo a comprobar cómo puede convertirse en una de las principales herramientas también de recaudación municipal, junto a los clásicos impuestos como el numerito del coche, las tasas de basura o el IBI.
Que se lo digan si no a Madrid, donde AEA denunció hace unos meses que el radar situado en la A-5, de tramo y entre los kilómetros 4 y 5,7, formuló en solo un año nada menos que 72.652 multas por exceso de velocidad, permitiendo recaudar hasta más de 5,6 millones de euros en 12 meses, lo que equivale a casi 15.552 euros diarios en sanciones. Seguro que ni tu ni yo los ganamos.
Pues bien, ante esta realidad y amparados además en la nueva Ley de Tráfico que ha reducido los límites máximos en ciudad hasta 20 y 30 km/h en muchas calles, y por tanto abriendo más aún las posibilidades de sancionar y recaudar aún más dinero, muchos ayuntamientos cuentan en propiedad con nuevos radares que ubican en distintos puntos de sus localidades sin previo aviso en muchos casos, convirtiéndose también en verdaderas máquinas de recaudación.
Los ayuntamientos más pequeños tienen problemas para tramitar tantas multas de velocidad
Como hemos visto, Madrid, la DGT o grandes municipios no tienen problemas para gestionar la tramitación de las multas, pero muchos pequeños ayuntamientos si están empezando a tener problemas para poder proceder a sancionar en tiempo y forma debido al elevado número de sanciones.
El último de los muchos ejemplos lo hemos conocido de Es Migjorn, en las Islas Baleares, donde el ayuntamiento ya se plantea abiertamente externalizar el servicio de recaudación de las multas que captan sus radares de velocidad, según informa hoy el diario de Menorca. El problema es que al ser un consistorio muy pequeño, con 1.370 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística, no tiene personal suficiente propio para tramitar los expedientes y gestionar la recaudación, ya que quedaría desbordado.
Según los datos, este municipio de Menorca utiliza desde junio nuevos radares que instala por el pueblo y por Sant Tomás, siendo capaz de poner más de 20 multas diarias. Las estimaciones, no confirmadas por el Ayuntamiento, indican que se habrían puesto ya hasta 1.140 multas desde el 26 de junio, la mayoría de ellas en ubicaciones con límite de 30 km/h, obligando a las autoridades municipales a tener que externalizar el servicio si se quiere cobrar todo lo recaudado.
