La Unión Europea reacciona. La inevitable lucha contra el cambio climático y el necesario impulso hacia tecnologías más sostenibles está llevando a nuestro continente a la aprobación continua de medidas y al debate sobre más limitaciones a los vehículos. Junto a la próxima Euro 7 que sigue en discusión en Bruselas y que penalizará a los coches de combustión con reglas más estrictas, desde la Comisión ya se fijó la fecha definitiva de prohibición de venta de los vehículos diésel, gasolina e híbridos para 2035, con la excepción de que puedan seguir comercializándose si son capaces de alimentarse exclusivamente con los nuevos e-fuels o combustibles sintéticos.
Pero, al mismo tiempo que llegan estas medidas necesarias para el Planeta, también asistimos a la vez al enorme impacto que las nuevas regulaciones generan tanto en el empleo de la industria del automóvil como en la economía de algunas regiones dependientes de esta industria y que se van a ver muy afectadas en los próximos años.
Por eso, el Parlamento Europeo ha aprobado ya, a través de la Comisión de Desarrollo Regional, un informe para la ampliación del Fondo de Transición Justa, en el que por primera vez se propone ya extender estas ayudas a las regiones más afectadas por esta transición del sector del automóvil. La eurodiputada de Ciudadanos y ponente del informe, Susana Solís, a quien ya entrevistamos hace unos meses en Autopista.es, asegura que estas subvenciones serán claves para las regiones dependientes del sector.
Galicia, Castilla y León y Aragón, las comunidades más afectadas
Y, ¿cuáles son las comunidades más afectadas en España? Sin duda, Galicia, Castilla y León y Aragón, hasta ahora con una gran dependencia de esta industria y de la fabricación de vehículos de combustión y de sus componentes. “Los objetivos climáticos de la UE de reducción de emisiones son ambiciosos y el fin del vehículo de combustión a partir del 2035 representa un gran reto para el sector. La industria se enfrenta a un cambio radical en toda la cadena de suministro. El coche eléctrico requerirá un 60% menos de piezas y componentes, lo que repercutirá en el corto plazo en el empleo y en la necesidad de capacitar a los trabajadores en las nuevas tecnologías necesarias para la electrificación”, ha confirmado Solís.
Estos fondos podrían convertirse en un instrumento clave para paliar estas consecuencias económicas y sociales en algunas regiones de Europa, ya que “la transición verde es necesaria, pero debe ser también económica y social sin poner en riesgo los millones de trabajadores del sector. Esta transformación es una oportunidad, pero solo si el entorno es el adecuado y se implementan las políticas públicas necesarias para que empresas y ciudadanos puedan adaptarse”, confirma la eurodiputada española.
"La UE no puede dar la espalda a las regiones ni a los millones de familias afectadas"
Susana Solís subraya especialmente que “la UE no puede dar la espalda a las regiones ni a los millones de familias cuya economía depende del sector del automóvil”. El objetivo de estos fondos es que las regiones con industria del automóvil logren retener su talento y tejido industrial, invirtiendo en la recapacitación y especialización de los trabajadores del sector, e intentando que las subvenciones alcancen a toda la cadena de valor, a fabricantes de componentes, talleres auxiliares, estaciones de servicio o pymes más afectadas en esta transición.
Este informe ya aprobado en la Comisión REGI ahora debe votarse finalmente en el Pleno de Estrasburgo en diciembre de 2023, para intentar que pueda ejecutarse a lo largo del próximo año 2024.
