Las denuncias públicas se suceden, y comienzan a afectar a todas las administraciones: la política de radares en España prioriza la recaudación. Así lo aseguró hace solo unos días la propia Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), asegurando que hasta el 40 por ciento de las multas de radares de tráfico en nuestro país son hoy notificadas directamente en los domicilios de los ciudadanos y sin ser entregadas en mano por agentes, una circunstancia motivada por la falta de efectivos debido a que se está “primando la recaudación de la sanción, frente a la función real de los agentes, que debería primar la prevención”.
Con esta denuncia, la AUGC animaba a la DGT y a su director, Pere Navarro, a reflexionar especialmente sobre el uso de los radares móviles que se hace actualmente en España. “La función sancionadora o de control de velocidad se debe realizar con los radares fijos en pórticos, laterales o mediante el helicóptero, y no con la multiplicación de radares móviles”, asegura la organización a través de declaraciones recogidas por Europa Press.

AEA denuncia el uso de radares camuflados
Sin embargo, esta acusación no viene sola en las últimas horas. Al contrario. La organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA) también ha denunciado en su estudio anual Radiografía de las multas de tráfico en España que “los radares camuflados de tráfico han disparado las multas y la recaudación” en nuestro país. Esta asociación pone cifras, asegurando que en 2021 la DGT recaudó más de 444 millones de euros en multas, la cifra más alta en los últimos 10 años.
Según AEA, en total la DGT impuso casi 4,8 millones de denuncias en las carreteras en la que tiene competencias de tráfico durante el año pasado, de las que más de 3 millones estuvieron, precisamente, relacionadas con sanciones de velocidad. Hoy en día las multas por exceso de velocidad suponen ya nada menos que 2 de cada 3 multas que pone la DGT en España. Y aunque las multas de radares fijos siguen siendo las primeras, los radares móviles ocupan ya la segunda posición y son, sobre todo, las denuncias que más se incrementan: hasta un 35 por ciento suben respecto al año anterior las multas de radares móviles en los que no se para al conductor, ante un descenso de casi el 2 por ciento en las denuncias de radares fijos y de una bajada también del 2,25 por ciento en las multas de radares móviles con parada al conductor. Sintomático, ¿no?

El RACC, contra los nuevos radares de Barcelona
Pero hay más. En las últimas horas no solo la DGT ha recibido críticas ante esta política de uso de radares. El anuncio del Ayuntamiento de Barcelona de instalar hasta 17 nuevos radares por las calles de la ciudad también está siendo fuente de polémica. El Real Automóvil Club de Catalunya (RACC), por ejemplo, acaba de denunciar que estos nuevos dispositivos no deben utilizarse ya “como medida recaudatoria”, sobre todo cuando el consistorio ya cuenta además “con radares móviles que pueden realizar la misma función”.
Anunciados muchos de ellos como radares en entornos escolares para proteger las áreas de colegios, el RACC denuncia también que estos cinemómetros “no tienen sentido fuera del horario escolar, por las noches, los fines de semana o durante el mes de agosto”.
El RACVN también denuncia la política de Bilbao
Por su parte, el Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN) también ha denunciado hace unos días que la instalación de los nuevos radares pedagógicos que ha realizado la ciudad de Bilbao “son en realidad un paso más en la política que persigue, criminaliza y pone obstáculos sistemáticamente a los automovilistas”, alertado de que “disfrazados de buenismo tienen en realidad un objetivo diferencia al que se ha anunciado: la finalidad recaudatoria y sancionadora”.

Las denuncias, como vemos, se multiplican por todo el país al mismo tiempo que la siniestralidad no retrocede, según los datos que mes a mes publica la DGT en este año 2022. Algo, sin duda, no funciona bien.