El pago por uso de una carretera siempre ha sido un asunto espinoso en España. Los peajes siempre han levantado gran polémica. Hace menos de un mes, te contamos que la AP-68 que une Bilbao y Zaragoza es la cuarta más cara de Europa y que su coste por kilómetro recorrido es muy superior al de cualquier otra vía europea.
Esto es solo un ejemplo de algo que se generalizará en nuestro país en los próximos años. Pese a que en 2021 algunas autopistas de peaje se han convertido en gratuitas, el Gobierno y la Unión Europea han llegado a un acuerdo para estudiar una fórmula de pago por uso para carreteras hasta ahora libres de cargas.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) lleva tiempo presionando para que los gobiernos europeos implanten estos sistemas, con el objetivo de concienciar a los conductores del impacto medioambiental que tiene el uso del coche. Pero en España hay otra particularidad: nuestro país acumula un déficit de inversión en las carreteras de 8.000 millones de euros.
Por ello, con pequeños anuncios y referencias livianas, los políticos llevan tiempo avisando de que será necesaria una nueva financiación para hacer esta infraestructura sostenible. El último ha sido José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, quien aviso que podría ser necesario pedir el pago “a los que la circulación por estas vías les hace ser más competitivos en su actividad, ya que se benefician del nivel de infraestructuras”, descartando al resto de conductores.
De momento, tal y como señalan desde El Economista, en el Plan de Recuperación que el Gobierno remitirá a Bruselas sólo se señala que "se revisará la financiación de las vías de alta capacidad y se establecerá un sistema de ingresos que garantice los fondos necesarios para la conservación de la red viaria estatal", por lo que no se especifica qué medidas finales se tomarán.
Vías de peaje, una medida impopular
Con las recientes revisiones y no renovaciones en las concesiones para algunas autopistas de peaje, España ha liberado del pago a 1.304 kilómetros de carreteras en nuestro país durante los últimos tres años. Así, el peso de estas autopistas y autovías se ha reducido del 18 al 11,5 por ciento. La comparación con otros países de la Unión Europea es llamativa. 23 países tienen todas sus vías de gran volumen gravadas con un peaje, Italia el 86 por ciento y Francia el 78 por ciento de ellas.
Sin embargo, los peajes en nuestro país siempre han sido un asunto espinoso. El año pasado el Gobierno remitía a Bruselas que el rescate de nueve autopistas de pago costaría al erario público 1.800 millones de euros, aunque empresas del sector y bancos que se quedaron con la deuda estiman que el importe podría alcanzar los 5.000 millones de euros.
Las alternativas gratuitas han conseguido que el uso de estas carreteras sea testimonial y no sólo el ciudadano de a pie mira con recelo estas medidas, que incluso se han planteado como fórmula de acceso al centro de las ciudades.
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ya ha señalado que las medidas que ha dejado caer el ministro Ábalos perjudicarán a sus asociados y que ellos entienden que para la financiación de la vía deben contribuir todos los usuarios, estableciendo un pago por uso de la misma, para que no perjudique al transporte por carretera.
