Lo que nos costará en 2020 el rescate de las autopistas de peaje

La quiebra y posterior rescate de nueve autopistas de peaje durante la crisis podría costar al Estado 1.800 millones de euros, según el plan presupuestario enviado por el Gobierno a Bruselas.

Lo que nos costará en 2020 el rescate de las autopistas de peaje
Lo que nos costará en 2020 el rescate de las autopistas de peaje

Las nueve autopistas de peaje rescatadas están gestionadas actualmente por Seittsa, empresa de Fomento. Se trata de las cuatro radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la que une Madrid con el aeropuerto de Barajas, la Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante.

El Gobierno estima que el erario público podría afrontar en 2020 una primera factura, estimada en 120 millones de euros, por las nueve autopistas de peaje que quebraron y fueron “rescatadas" durante la crisis. El Gobierno mantiene en 1.800 millones de euros el coste total que el Estado habría de afrontar por estas vías fallidas, según se indica en el Plan Presupuestario de 2020 que acaban de enviar a Bruselas.

Este importe no es otro que la denominada responsabilidad patrimonial de la administración (RPA), o lo que es lo mismo, el importe que por contrato el Estado debe abonar a las empresas que construyeron las autopistas para compensar la inversión que realizaron y que no tuvieron tiempo de recuperar durante el tiempo en que las explotaron.

Este primer pago de 120 millones de euros es la parte de dicho importe total que podría llegar a pagarse el próximo año, según la estimación realizada por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Fomento asegura que están trabajando para contabilizar y pagar cuanto antes esta factura. Además, según este Ministerio, esta labor no se ve obstaculizada ni paralizada por los recursos que las constructoras y los bancos que controlaban las autopistas rescatadas han presentado ante el Tribunal Supremo contra la propia fórmula de cálculo.

Estas empresas y bancos, los fondos que se quedaron con la deuda y el sector concesional estiman un importe mayor para la factura de estas vías, por encima de 5.000 millones, es decir, casi el doble del tope máximo de 3.305 millones fijado por la fórmula aprobada por el Gobierno y recurrida al Alto Tribunal y casi triplica a la estimación de 1.800 millones que mantiene el Gobierno ante Bruselas en su Plan Presupuestario. Desde el Gobierno y el sector se da por hecho que la factura final la acabará fijando los tribunales.

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