Las Zonas de Bajas Emisiones son actualmente una fuente inagotable de noticias. Ya sea porque se activan en alguno de los municipios que todavía no la tienen, y eso que han tenido tiempo, o porque han sido recurridas por la justicia por errores en su reglamentación, al final siempre están en boca de todos los conductores. Y, mientras muchos señalan que en Francia se están anulando, nos da la sensación de que aquí la película va a ser muy diferente.
Esto es debido a que, según informan desde El Periódico, la Fiscalía General del Estado se ha puesto seria y ha requerido a los 150 ayuntamientos españoles que deben tener una ZBE en sus municipios la correspondiente reglamentación para comprobar de primera mano si cumplen con los requisitos exigidos. Y lo ha hecho vía administrativa, por lo que no es una cuestión de baladí.
El objetivo por parte del Estado es bastante claro, según el mismo medio quieren “determinar el alcance y la situación de estas Zonas de Bajas Emisiones para encontrar posibles incumplimientos por parte de algunos consistorios”. Y no es ninguna sorpresa para nosotros, pues en los primeros indicios de las investigaciones una gran cantidad de localidades no están acatando actualmente la normativa pedida desde el Gobierno central.
Por lo visto, una de las mayores preocupaciones que tienen desde la Fiscalía es conocer si se está sancionado o no a los vehículos que incumplen las normas de las Zonas de Bajas Emisiones y circulan por sus áreas delimitadas. Esto es debido a que es uno de los requisitos exigidos por el Ministerio de Transportes para poder optar a las ayudas por el transporte público y como en muchos casos está sucediendo, se suelen aplicar prórrogas iniciales que pueden durar seis meses o incluso un año.
Cataluña se va a poner las pilas
Y no solo lo digo por estas investigaciones de la Fiscalía, pues volviendo a la información del mismo medio, el próximo 1 de enero de 2026 comienza la vigencia de un decreto catalán sobre calidad del aire en el cual se exige a las administraciones locales tener sus ordenanzas aprobadas para esa fecha. Por este mismo motivo, se espera que en los próximos meses se anuncien nuevas ZBE en localidades como L'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, así como el comienzo de las sanciones tanto en Sabadell como en Reus.
También ven normal en el artículo ciertos recelos de la Fiscalía pues algunos municipios de esta región han dejado claro en varias ocasiones la voluntad de no cumplir con ciertas exigencias medioambientales. Citan como ejemplo a Castelldefels, gobernado por el PP, que pretende aplicar una moratoria a los residentes hasta el 2030, o Badalona, donde está el mismo partido político, cuya idea es implementar unas ZBE en la que no se tengan en cuenta las etiquetas medioambientales, algo que es indispensable según la regulación.
