Se prevén unos próximos meses muy movidos en muchas grandes ciudades españolas. Los plazos para implantar definitivamente las Zonas de Bajas Emisiones se acaban y la realidad es que apenas el 30% de las urbes que cuentan con esta obligación han hecho ya los deberes. Y no hablamos de una regulación sorpresa, no: la Ley 7/2021, publicada en el BOE en mayo de 2021, ya obligaba a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, así como a los territorios insulares y a las poblaciones de más de 20.000 habitantes con incumplimientos en materia de calidad del aire, a establecer unos planes de movilidad urbana sostenible que redujesen las emisiones derivadas del tráfico.
Entre las medidas más importantes que fijaba esta normativa se encontraba ya la creación obligatoria de Zonas de Bajas Emisiones, unas áreas de protección medioambiental que debían delimitarse en cada ciudad y entrar en funcionamiento antes de 2023. Pero han pasado ya más de dos años y la realidad es que, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, todavía quedan hasta 100 ciudades pendientes de activarlas. Tremendo.

Por ahora, hay 54 ciudades por tanto que sí tienen ya sus ZBE en vigor, entre ellas alguna que ni siquiera estaba obligada pero que ha decidido crearla. Sin embargo, otras 95 grandes localidades las tienen en trámite y nada menos que 19 municipios no saben y no contestan: aún no han presentado sus planes aprobados y desde el Gobierno no han recibido información alguna que indique que estos ayuntamientos prevén instaurarlas a corto plazo.
Burgos ya ha perdido 2,6 millones en fondos para su Zona de Bajas Emisiones
Tal es el retraso de algunas ciudades que incluso podrían ya haber perdido muchas las subvenciones que desde Europa se destinaban para este plan medioambiental. En este sentido, hoy hemos conocido de la mano del Diario de Burgos que la ciudad de Castilla y León ya conoce que ha perdido los 2,6 millones de euros que se le habían concedido de fondos europeos para asumir parte del coste de este plan al no poner en marcha la iniciativa.
Según esta información, el Ministerio de Transportes habría ya desestimado una nueva prórroga para la creación de la Zona de Bajas Emisiones en Burgos, debiendo ya la ciudad por tanto asumir en solitario el coste de su implantación. El pasado mes de diciembre desde el Gobierno ya avisaron al Ayuntamiento de Burgos de esta realidad, confirmando que ya se había concedido a la ciudad una prórroga de ejecución de 12 meses adicionales para poner en funcionamiento la ZBE, no siendo posible extenderla más. Por eso, reclama ya que el consistorio “puede hacer las devoluciones voluntarias de la subvención concedida, sin previo requerimiento de la Administración, en caso de que no sea posible la justificación de su uso para la consecución del objetivo para el que fue concedida, con los intereses de demora correspondientes”.

En la Comunidad de Madrid, en hasta 13 ciudades no hay fecha de entrada en vigor
En la misma línea, hoy también hemos conocido que en la Comunidad de Madrid hay hasta 13 ciudades que aún no han puesto en marcha tampoco su Zona de Bajas Emisiones, a pesar de que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética establecía, como hemos dicho al principio, que debían estar en funcionamiento antes de 2023. La mayoría de ellas sigue en trámite y no cuentan si quiera con una fecha concreta para su definitiva entrada en vigor.
Así que, de momento, solo nos queda aguardar y esperar a que una a una se confirmen todas, con las correspondientes restricciones a los coches. Porque, de las que ya están en funcionamiento o aprobadas, empezamos a constatar una cada vez mayor limitación del vehículo privado, impidiendo en muchas de ellas ya no solo los accesos a los vehículos sin etiqueta, sino también a los que cuentan con distintivos B y, en menor medida, hasta C.

Ciudades que ya limitan los accesos a coches con etiqueta B de la DGT
Madrid, Getafe, Palma de Mallorca, Bilbao, San Sebastián o Málaga son algunas de las que ya han confirmado este tipo de prohibiciones. Y Cataluña ha ido incluso un paso más allá, aprobando una nueva normativa que impedirá a todos los vehículos con etiqueta B de la DGT circular por cualquiera de las Zonas de Bajas Emisiones de la comunidad a partir de 2028. Como se diría vulgarmente, “que Dios nos pille confesados”.