No hay consenso total... de momento. Propuesto por la Comisión Europea en julio de 2021, y respaldado ya oficialmente este mismo mes por el Parlamento Europeo, el plan para prohibir la venta de turismos y furgonetas nuevas con motor de combustión -es decir, diésel, gasolina o híbridos- a partir del año 2035 se enfrenta ahora a duras negociaciones y a meses donde todos los estados miembros de la UE deberán aclarar sus posturas. La ley se espera que se haga efectiva a partir de otoño, tras la aprobación final de los ministros de Medio Ambiente de todos los países.
Sin embargo, al menos, ya sabemos que cinco países estarán en contra… y el debate solo ha hecho que empezar. Hoy hemos conocido que Italia, Portugal, Bulgaria, Rumanía y Eslovaquia han presentado ya una propuesta conjunta y formal a la Comisión Europea para pedir el aplazamiento de cinco años al fin de la venta de vehículos de combustión. Es decir, solicitan que, tal y como estaba inicialmente prevista, la medida comience a aplicarse en 2040 y no en 2035 como se ha acordado ahora.
Estos 5 países, en concreto, proponen oficialmente un objetivo de reducción de emisiones menos ambicioso, que cifrarían en el 90 por ciento en 2035 (y no en el 100%) y la prohibición total de venta ya en 2040. Además, para los vehículos comerciales ligeros, piden que se fijen los objetivos de reducción de emisiones en el 45% en 2030; en el 80% en 2035, y en el 100% también en 2040.
Italia, Portugal, Bulgaria, Rumanía y Eslovaquia solicitan ahora a todos los estados miembros de la UE a “crear un período de transición para no generar costes desproporcionados e innecesarios para la industria de la automoción y los consumidores”. Estos países advierten así del impacto que tendrá la medida además para las pequeñas y medianas empresas con una transición acelerada, teniendo “un impacto negativo en el empleo y en el potencial de innovación”.
¿Fin a las ayudas a coches eléctricos?
Pero estos 5 países solicitan también más modificaciones al nuevo plan de la UE. Por ejemplo, solicitan que el mecanismo de incentivos y ayudas a la compra para vehículos de bajas o cero emisiones, que Bruselas ha propuesta igualmente retirar en 2030, tenga a cambio un seguimiento y una evaluación en 2028 para “revisar su eficacia en lugar de retirarse directamente en la fecha acordada”. Estas naciones consideran que aún hoy hay “barreras” que impiden alcanzar la movilidad cero emisiones, como también la expansión de red de recarga eléctrica o el desarrollo de una industria europea real de baterías.
Esta coalición de países también piden que se contemple el uso de combustibles renovales para dar a los productores “la flexibilidad necesaria” sin incurrir en riesgos necesarios y evitar situaciones de escasez de coches y furgonetas asequibles para uso privado o empresarial.
¿Qué sucederá así a partir de ahora? Las informaciones apuntan a que, pese a esta solicitud, la Unión Europea no debería tener grandes problemas para aprobar la medida propuesta ya por el Parlamento, ya que requiere mayoría simple y no absoluta, y muchos países, entre los que figura España, han mostrado de momento su acuerdo. Sin embargo, también desde Alemania el ministro de Finanzas ha mostrado su disconformidad en los últimos días. ¿Se sumarán más vetos a la medida?
