No es la primera vez, ni mucho menos, que se habla en España del pago por uso en las carreteras. De hecho, desde el Gobierno ya anunciaron tener en estudio esta medida, e incluso se llegó a negociar con la Unión Europea para los fondos de recuperación, pero finalmente se descartó debido a la debilidad del sector y la inestabilidad de la economía. Sin embargo, entre rumores, filtraciones y anticipos, hoy asistimos a un nuevo capítulo que parece ser un primer globo sonda que, probablemente, incluso cuenta con la complicidad del Ejecutivo.
Y es que, mientras se desliza interesadamente desde fuentes cercanas al Gobierno la necesidad de financiación de las infraestructuras, asegurando que el 68% de las carreteras de gran capacidad sin tarificar de la UE se encuentran en España y que solo tenemos un 13% de estas vías de pago cuando en Francia es el 74%, en Italia el 87% y en otros países el 100%, curiosamente la patronal de empresas constructoras y concesionarias de Infraestructuras, Seopan, ha presentado en Madrid un nuevo plan de peajes denominados blandos para toda España. Curioso, ¿verdad?
Esta asociación, que representa a compañías como ACS, Ferrovial, Acciona, Abertis, OHLA, Sacyr, Itínere, Globalvía o Aleática, considera que es indispensable aplicar ya peajes para financiar todas las carreteras de alta capacidad española, confirmando que dejarían unos ingresos de más de 140.000 millones en 25 años, indispensables hoy para asegurar la conservación y las mejoras en seguridad, digitalización o infraestructura de recarga eléctrica que no pueden de momento acometerse.

Los coches pagaríamos 3 céntimos de euro por kilómetros; camiones y autobuses, 14 céntimos
En concreto, desde Seopan proponen ya directamente para ello establecer un peaje de 3 céntimos de euro por cada kilómetro recorrido, en el caso de los vehículos ligeros; y de hasta 14 céntimos por kilómetro para vehículos pesados, es decir, camiones y autobuses. Este pago afectaría a nada menos que 13.674 kilómetros de autovías y autopistas españolas, de las que el 74% son de titularidad del Estado y un 26% de las comunidades autónomas, que actualmente se mantienen prácticamente todas con cargo a los presupuestos públicos.
Desde la patronal del sector consideran que estos peajes están más que justificados, ya que se sitúan incluso 3 veces por debajo de las tarifas medias de la Unión Europea para coches y son hasta 4 céntimos de euro mas baratas también para los camiones y autobuses. Seopan se compromete además a invertir hasta 81.753 millones de euros a lo largo de los próximos 25 años si el plan sale adelante, incluyendo más de 8.000 millones iniciales que irían a la Administración como primer pago a cambio de los contratos de concesión.
Gran déficit de inversión acumulado en las autopistas españolas
Con estas tarifas, Seopan asegura que se recaudarían hasta 5.700 millones de euros al año, lo que permitiría acabar con el déficit de inversión que hay actualmente acumulado en las autopistas de España, y que asciende a casi 11.500 millones de euros. Según la asociación, actualmente cada año se invierten con presupuestos públicos hasta 3.000 millones de euros menos de los necesarios para conservar adecuadamente las infraestructuras, una situación que terminará siendo insostenible.

Desde Seopan aseguran que, actualmente, el mantenimiento de la red de carreteras españolas se financia casi exclusivamente a través del presupuesto público, lo que implica que toda la carga económica recae sobre el contribuyente, aunque no use las carreteras, restando recursos públicos a otras partidas como las pensiones, la sanidad o la educación, y provocando una desigualdad territorial, al pagar los españoles peajes cuando salimos al extranjero, pero sin que los conductores foráneos no aporten nada al mantenimiento cuando circulan por nuestro país. Solo Finlandia y Chipre no cuentan con peajes en sus carreteras.
Aunque la propuesta parece de inicio chocar con el plan ejecutado en las dos últimas legislaturas por el Gobierno de eliminación de peajes conforme terminan las concesiones privadas, un programa que ya ha dejado gratuitas vías como la AP-1, la AP-2 o distintos tramos de la AP-7, desde el Ministerio de Transportes se ha asegurado que el objetivo era, primero, igualar las condiciones de uso para los conductores de todo el país, antes de abordar la necesidad o no de un modelo de pago por uso de las carreteras que alivie en gran medida el gasto público en infraestructuras. Por tanto, no sería excluyente.
Los transportistas "no van a permitir" nuevos peajes en las carreteras
Ante esta propuesta, los transportistas ya han mostrado su total rechazo, defendiendo que los conductores ya contribuimos al mantenimiento de todas las vías a través del Impuesto Especial de Hidrocarburos y del IVA, cifrados en unos 21.000 millones de euros al año. “Volver a plantear un peaje adicional es una medida desproporcionada que, de aplicarse, impactaría negativamente en toda la cadena logística, en la competitividad de las empresas de transporte, que son esenciales para el funcionamiento de la economía y, en última instancia, en el precio final de los productos para los ciudadanos”, ha asegurado la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM).

En la misma línea se ha manifestado ya otra de las patronales del transporte por carretera, Fenadismer, garantizando que “no vamos a permitir que crezcan a nuestra costa”, refiriéndose a las constructoras y a sus licitaciones. “Entendemos que se cubre suficientemente ya las necesidades de mantenimiento de la red viaria con los 12.000 millones de euros que se abonan sólo en concepto de impuesto sobre los Hidrocarburos”, han concluido.