Creo que no es novedad contar que desde hace ya bastantes años las autoridades, y aquí me da igual tanto la DGT como los diferentes ayuntamientos, decidieron apostar por las multas como medida estrella para mejorar la seguridad vial en las carreteras. Los datos de siniestralidad no es que hayan mejorado significativamente y muchos conductores se preguntan ya si detrás de todas estas medidas solo hay fines recaudatorios.
Esto nos lleva directamente a los vecinos de Madrid, y todas aquellas personas que acuden habitualmente en la capital, que están viendo como cada vez se ponen más multas en sus calles o carreteras. Y, sinceramente, no creo que a sus conductores se les hayan olvidado las normas de circulación o hayan cambiado sus hábitos al volante.
¿Recaudación o seguridad vial?
Precisamente nos ha llegado a la oficina un informe de la asociación Dvuelta en la que analizan la recaudación obtenida por el Ayuntamiento de Madrid en el 2025. Y lo primero que destacan en él es que los responsables del consistorio presupuestaron una cantidad a obtener con sanciones (208,49 millones de euros) que se quedaba por debajo de lo recaudado en 2024 (220,15 millones de euros), para sorpresa de muchos.
La realidad ha sido bastante abrumadora y quizás debería poner la cara colorada a algún responsable del ayuntamiento de la capital. 2025 se cerró con nada menos que 273,11 millones recaudados, lo que significa un exceso sobre el presupuesto inicial de un 31%. En Dvuelta lo tienen claro es esto evidencia claramente “la verdadera cara de la voracidad recaudatoria municipal por multas”.
En el informe también podemos encontrar otro dato bastante negativo y es que el importe total de las sanciones impuestas en 2025, en las que se incluyen aquellas que saben que no podrán cobrar, superó de largo los 400 millones de euros, según lo publicado en el Portal de Datos municipal. Para Dvuelta demuestra “una política de sanción masiva e indiscriminada”, resaltando también que el objetivo del presupuesto ya se había alcanzado en el mes de octubre.
Tal es el afán que tiene el equipo de Gobierno madrileño por cobrar a sus ciudadanos que, como viven a diario en Dvuelta, una proporción muy elevada de las sanciones impuestas se revocan porque presentan deficiencias formales, procedimentales o de fondo que permiten su anulación. De ahí que la cantidad final no sea tan alta.
Estos datos son todavía más irritantes si se comparan con lo que sucede en el resto del país. Para hacernos una idea, Madrid sigue siendo de largo la provincia en la que más multas se ponen, dejando a Barcelona, la segunda en esta cuestión, a una distancia de 3,5 veces inferior, algo que para Dvuelta “no tiene explicación razonable en criterios de seguridad vial ni en el volumen de tráfico”.
A Pedro Javaloyes, portavoz de Dvuelta, no le sorprende que la recaudación haya sido mayor en 2025 pues en este periodo “entraron en funcionamiento nuevas cámaras de detección de velocidad y se amplió el sistema de multas en la Zona de Bajas Emisiones. Cualquier técnico municipal sabía que esas incorporaciones iban a disparar el número de sanciones y, con él, la recaudación. Presupuestar 208 millones en ese escenario no es prudencia: es una estrategia deliberada de opacidad”.
“¿Por qué hacerlo?”, se pregunta Javaloyes. “La respuesta es evidente para quienes trabajamos a diario en la defensa de conductores: al presentar un presupuesto bajo, el Ayuntamiento evita el debate público sobre el verdadero alcance de su política sancionadora, y el ciudadano no puede indignarse por una cifra que se le oculta. Es el resultado de una política de multas masiva e indiscriminada. En Dvuelta lo demostramos cada día. Los conductores no tienen por qué pagar multas injustas: tienen derecho a defenderse, y nosotros sabemos cómo ayudarles a hacerlo.”
