El debate sobre las Zonas de Bajas Emisiones se calienta de nuevo y amenaza casi, casi con explotar definitivamente. Si hace exactamente un mes ya te alertamos de que esta política de restricciones comenzaba a estar en riesgo debido a denuncias y sentencias judiciales que, cada vez con más frecuencia, no solo las anulan temporalmente, sino que incluso consideran ya que vulneran derechos fundamentales, ahora una decisión superior podría ratificar todas las dudas.
Y es que, tal y como ha informado en las últimas horas Automovilistas Europeos Asociados (AEA), el Tribunal Supremo está a las puertas de confirmar su decisión definitiva entorno a las Zonas de Bajas Emisiones de Madrid, denunciadas por multitud de asociaciones, con sentencias de tribunales autonómicos en su contra y a la espera ahora de la confirmación o no del recurso impuesto por el Ayuntamiento de Madrid ante el Tribunal Supremo, que podría también fallar en su contra.
Más de 3,3 millones de multas pueden ser consideradas ilegales
En ese caso, las más de 3,3 millones de multas impuestas ya por todas las Zonas de Bajas Emisiones de Madrid desde septiembre de 2021 a noviembre de 2025, por un valor económico de más de 650 millones de euros, podrían incluso llegar a ser consideradas ilegales y a ser anuladas por el tribunal, si se considera la inadmisión del recurso de casación interpuesto por el Consistorio.
Ante esta realidad, que puede llegar a ser muy grave por todos los perjuicios ocasionados a millones de automovilistas, AEA ha exigido ya al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que “ordene la inmediata paralización del cobro de las multas impuestas en la Capital por acceder a las Zonas de Bajas Emisiones hasta el pasado 6 de abril, ante la inminente decisión del Tribunal Supremo pronunciándose sobre la admisión del recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anuló la Ordenanza de Movilidad Sostenible”.
"Madrid incurre en responsabilidad y tiene que indemnizar a los afectados"
AEA, que sigue recomendando a todos los automovilistas afectados a que reclamen cualquier multa en una Zona de Bajas Emisiones, considera que el Ayuntamiento de Madrid ha incurrido en responsabilidad y “tendría que indemnizar a los afectados con el mismo importe de lo cobrado”, debiendo devolver todas las multas si el Supremo inadmite como parece su recurso.
La asociación de defensa de automovilistas justifica su exigencia en el “daño económico que desde hace más de 5 años se está causando a cientos de miles de conductores madrileños, a los que se les están cobrando unas multas de dudosa legalidad y sobre las que el propio Tribunal Supremo ya se ha pronunciado en otros casos idénticos”.
Cadena de sentencias judiciales por toda España
Y es que esta realidad no solo afecta a Madrid, sino que puede extenderse por buena parte de España. En Barcelona ya se rechazó el recurso municipal interpuesto en sus Zonas de Bajas Emisiones, lo mismo que en Esplugues de Llobregat. Además, tanto por cuestiones de forma, como de fondo, una cadena con más de 13 sentencias judiciales ya han llegado a anular temporalmente Zonas de Bajas Emisiones en ciudades como Barcelona, Madrid, Gijón, Segovia, Valladolid, Oviedo, Badajoz, Cornellá de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Adriá de Besós o Ávila.
AEA, en opinión de su presidente, Mario Arnaldo, concluye que “el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid no obedecía a razones de interés general, sino a una estrategia dilatoria del Ayuntamiento para seguir recaudando unas multas de dudosa legalidad, que luego no quiere devolver, argumentando que una hipotética decisión declarando nula la ordenanza solo afectaría a las multas pendientes de cobro, pero no a las ya cobradas”.
