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Una cosa está clara: Cataluña cuenta con una de las normativas más estrictas de toda España en Zonas de Bajas Emisiones. Con un calendario ya fijado por la Generalitat, existen ya hasta un total de 38 áreas de protección medioambiental con restricciones a coches, 23 correspondientes a poblaciones de más de 50.000 habitantes y 15 a localidades de entre 20.000 y 50.000, con las 23 primeras obligadas además a limitar desde 2028 los accesos también a los vehículos con etiqueta B de la DGT, tal y como aprobó el Parlament en su Plan de Calidad del Aire Horizonte 2027.
Sin embargo, una cosa es la normativa vigente y otra la capacidad sancionadora. ¿Qué está pasando en realidad en muchos municipios a falta de 8 meses para que se celebren elecciones municipales? ¿Cómo están actuando los ayuntamientos? Un informe de la Sindicatura de Comptes de Cataluña, analizando las hasta 23 Zonas de Bajas Emisiones de ciudades con más de 50.000 habitantes, es concluyente.
Solo 6 de los 23 municipios de Cataluña con Zonas de Bajas Emisiones multan de verdad
Según este análisis, solo 6 municipios de los 23 aplican multas "de forma eficaz" en su Zona de Bajas Emisiones, todos ellos circunscritos en el área metropolitana de Barcelona: la propia Ciudad Condal, Cerdanyola del Vallès, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès y Viladecans.
En concreto, entre el 22 de febrero del 2023 y el 31 de marzo del 2026 Barcelona impuso un total de 261.870 sanciones, seguidas por las 9.568 de Sant Cugat. Sin embargo, el informe de la Sindicatura de Comptes de Cataluña también asegura que, pese a ello, Barcelona solo logra encima cobrar un 23% del importe del total de sanciones impuestas, recaudando en este tiempo unos 3 millones de euros anuales, cuando las multas impuestas deberían tener un valor de entre 12 y 18 millones de euros.
El informe lamenta que “se constata que no siempre había una correspondencia directa entre las sanciones impuestas y los importes cobrados”, considerando que, "pese a la existencia generalizada de marcos sancionadores, su aplicación efectiva es todavía limitada en muchos municipios, con una concentración clara de la actividad sancionadora en pocos casos”. Casos de insolvencia, anulaciones por prescripciones, derogaciones por defunciones de los infractores o errores figuran entre las causas de pérdidas de cobros en las multas.
Por qué muchos ayuntamientos no están sancionando a los vecinos
Entre las causas que se plantean sobre por qué muchos ayuntamientos no están sancionando ni ejecutando las multas obligatorias en las Zonas de Bajas Emisiones, además de la proximidad de unas elecciones municipales que podrían restar votos a los actuales partidos en el poder municipal, y donde los propios ayuntamientos buscan vericuetos legales para eximir a los vecinos de las multas, también se apuntan discrepancias políticas entre los distintos partidos de Gobierno local.
Por todo ello, y ante la normativa emitida por el Ministerio de Transportes, donde se exige a los ayuntamientos que sancionen en sus Zonas de Bajas Emisiones si quieren acceder a las ayudas estatales al transporte público, el propio Sindicatura de Comptes de Cataluña ha decidido fiscalizar a los ayuntamientos con sus sanciones vinculadas a las Zonas de Bajas Emisiones.
Entre los ayuntamientos más díscolos de Cataluña, el informe apunta a Badalona, Granollers, Lleida, Mollet del Vallès y Terrassa por, directamente, no imponer ninguna multa. Además, el caso de Badalona es especialmente reseñable, ya que, liderado por el popular Xavier García Albiol, este ayuntamiento ha aprobado una moratoria de las sanciones hasta el 1 de enero de 2027.
