La polémica está, nuevamente, servida. Los conocidos como Asistentes de Velocidad Inteligentes (ISA, de sus siglas traducidas del inglés) son ya obligatorios en la Unión Europea desde julio de 2024, incluyéndose en el paquete de sistemas ADAS que todo vehículo matriculado tiene que incorporar ya hoy de fábrica. De momento, eso sí, solo funciona de manera pasiva, permitiendo al conductor e incluso desactivarlo y en realidad, aunque está preparado también para funcionar de manera activa interfiriendo en la potencia del coche, en la práctica solo lee las señales de tráfico y, junto a los datos del GPS, alerta y avisa al conductor de que está superando los límites de velocidad.
Sin embargo, su posible función de intervención sobre la conducción ya fue tema de debate en la Unión Europea, al cuestionarse aspectos como la privacidad o la posible merma de potencia en vehículos que podría ser contraproducente. Pero, ¿por qué toda esta polémica? Pues, sencillamente, por nuevas leyes que ya hemos comenzado a conocer donde, por orden judicial, incluso podría utilizarse para limitar la velocidad de infractores reincidentes.
Proyectos de ley para establecer limitadores de velocidad en infractores reincidentes
Estas nuevas normativas, no os asustéis todavía, llegan cómo no de Estados Unidos. Hace algo más de dos años ya te contamos un proyecto de ley impulsado en el estado de Nueva York, mediante el cual se establecía que “si alguien tiene un historial demostrado de exceso de velocidad en las calles de la ciudad, literalmente lo obligaremos a reducir la velocidad”. Esta normativa se llevaría a cabo mediante la instalación de limitadores de velocidad, similares a los ISA (que en Estados Unidos no son obligatorios de momento) y afectaría en principio a conductores que acumulen 6 o más multas en un mismo año por radar o semáforos con foto-rojo: la idea era que no puedan pasar de 48 km/h en la circulación por sus calles.
Pues bien, esta realidad puede avanzar ahora un paso más aún, ya que el Gobierno de Arizona, otro estado de Estados Unidos, plantea ahora del mismo modo instalar limitadores de velocidad activos en los vehículos en los que sus conductores hayan sido condenados por exceder los límites de velocidad de manera considerada como grave.
Esta regulación, por tanto, seguiría la misma línea ya conocida en otros estados y países por la que conductores reincidentes en este caso en excesos de alcohol durante la conducción son obligados también a instalar alcoholímetros en sus vehículos, que no les permiten directamente arrancar cuando detectan que se han superado las tasas máximas. En Arizona, ahora, ya se trabaja así en un sistema que permita conectar la centralita del motor a un limitador de velocidad para que, empleando señales de GPS, el vehículo solo sea capaz de detectar los límites de velocidad de cada vía y no permita superarlos interviniendo sobre el acelerador y los frenos.
Instalar limitadores de velocidad en lugar de retirar los carnet de conducir
El objetivo, además, es que no se pueda en ningún caso ni desconectar ni manipular este sistema, en cuyo caso de intento una notificación llegue al fabricante del dispositivo y a las autoridades a modo de alerta. La normativa prevé que este sistema de limitación de velocidad se instale en todos los infractores reincidentes que hayan sido sancionados por excesos graves, establecidos al superar en más de 35 km/h los límites máximos. De este modo el conductor no perdería el carnet de conducir, que puede acarrear otros perjuicios, incluso laborales.
Ante la polémica generada en Arizona por este anuncio, el diputado que ha impulsado la iniciativa, Quang Nguyen, ha confirmado que “no se trata de quitar a nadie el derecho a moverse. Se trata de darles la oportunidad de seguir trabajando, de llevar a sus hijos al colegio, de no convertirse en un número más del sistema”. Y sí considera que puede haber ciertas condiciones del tráfico que exijan en un momento puntual superar los límites de velocidad por seguridad, asegurando que su sistema lo contemplará y permitirá un margen excepcional en situaciones puntuales.
Otra polémica llega porque se ha dado a conocer además el precio que tendría este limitador de velocidad obligatorio, que tendría que sufragarlo el propio infractor: el coste de instalación sería de unos 250 dólares, y necesita disponer de una suscripción diaria de 4 dólares. ¿Veremos en la Unión Europea en los próximos años alguna iniciativa legal encaminada en esta misma dirección? Desde luego, no podemos descartarla… y el sistema ISA ya obligatorio es un primero paso en esta dirección.
