La Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia destapó en 2015 la situación de monopolio y competencia desleal que llevaron a cabo 147 concesionarios de más de 20 marcas automovilísticas y a finales de 2021 el Tribunal Supremo les dio finalmente la razón a los conductores afectados. Ejerciendo un control sobre la fijación de precios y realizando un intercambio de información de forma confidencial, las marcas de coches implicadas en el ya denominado como Cártel de Coches tenían como principal objetivo controlar aún más el mercado.
En España se calcula que hay alrededor de unos 8 millones de personas afectadas por las acciones acusatorias contra el Cártel de Coches en un periodo comprendido en el que dichos conductores compraron un vehículo nuevo entre los años 2006 y 2013.
La primera sentencia a favor de uno de los conductores afectados por este Cártel de Coches tuvo lugar hace unas semanas. El Juzgado Mercantil nº5 de Madrid daba la razón al afectado concediéndole una indemnización total de 1.176 euros, un 5 por ciento sobre el precio de venta que pagó como concepto de compensación; y muy por debajo del 15 por ciento que reclamaba el afectado.
Y es que las primeras resoluciones claramente benefician a las marcas. Antes y después de esta sentencia se han ido sucediendo fallos judiciales, la mayoría desestimando los recursos de los ciudadanos o con porcentajes de compensación muy por debajo de lo esperado.
Un experto en derecho de la competencia y litigios relacionados con cárteles en Redi Abogados, ha asegurado en una entrevista a La Información que “los jueces, cuando ven base suficiente, optan por el 10% —la mitad—, pero no es excepcional que se demarquen por el conservador 5% o que incluso no vean fundamentos y desestimen el recurso”. Este abogado, cuya firma ya ha agrupado a 60.000 damnificados y espera acudir a los tribunales con una demanda colectiva —poco habitual en España—, deja claro que es importante acudir al juzgado con una pericial de experto.
El pasado mes de junio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) publicó una sentencia referente al cártel de camiones en la que confirmó que los afectados disponen de un plazo de hasta cinco años para reclamar los daños y perjuicios que les han causado los cartelistas. Esta decisión, pese a tener que ver con un cártel concreto, es extrapolable a los coches.