El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE acordaron ayer la nueva norma que fija los estándares de reducción de emisiones contaminantes atmosféricos procedentes del transporte por carretera, la famosa Euro 7. Finalmente, y tal como defendían los gobiernos, se aplicará para los coches y vehículos ligeros a partir de 2027 y no en 2025 como quería Bruselas.
La reforma se aplicará 30 meses después de su entrada en vigor en el caso de los coches y las camionetas y 48 meses después de la entrada en vigor en el caso de autobuses, camiones y remolques, lo que en la práctica aplaza su aplicación hasta 2027 y 2029, respectivamente.
Una Euro 7 más suave
El acuerdo todavía necesita el visto bueno por parte del pleno del Parlamento Europeo y del Consejo en los próximos meses para ser formalmente adoptada como norma. Además, hay una salvaguarda para que los pequeños constructores puedan aplazar el cumplimiento de los nuevos estándares hasta el 1 de julio de 2030 para automóviles y camionetas y hasta el 1 de julio de 2031 para buses y camiones.
La revisión acordada por la Unión Europea para acompañar a la industria en su transición hacia el coche "limpio" en 2035 mantiene los límites de emisiones y las condiciones de prueba que ya existían en la norma anterior (Euro 6). Esto es, 80 miligramos de NOx por kilómetro en los vehículos con motor diésel y 60 en los gasolina. Además, establece límites más bajos para los vehículos pesados en comparación con el reglamento previo.
Así es la Euro 7 definitiva
El acuerdo establece límites de emisiones de partículas de frenos (PM10) para automóviles y furgonetas (3 mg/km para vehículos eléctricos puros; 7 mg/km para la mayoría de los vehículos con motor de combustión interna (ICE), híbridos eléctricos y de pila de combustible y 11 mg/km para furgonetas ICE grandes), según ha informado el Parlamento Europeo en un comunicado.
También introduce requisitos mínimos de rendimiento para la durabilidad de la batería en automóviles eléctricos e híbridos (80% desde el inicio de su vida útil hasta cinco años o 100.000 km y 72% hasta ocho años o 160.000 km) y furgonetas (75% desde el inicio de su vida útil hasta cinco años o 100.000 km y el 67% hasta ocho años o 160.000 km).
Pasaporte medioambiental
Una de las novedades del nuevo texto tiene que ver con la creación de un “pasaporte medioambiental vehicular” para los vehículos con información detallada sobre la eficiencia del vehículo en el momento de su matriculación, por ejemplo, sobre emisiones de CO2, consumo de combustible o autonomía eléctrica. Esto será tanto en el momento de su primera matriculación como a lo largo de su vida útil.
De esta forma, los vehículos deberán contar con un monitoreo digital de sus emisiones, que quedarán registradas, y que permitirá prevenir fallos. Los fabricantes también tendrán la obligación de instalar sistemas que eviten fraudes en esas mediciones.
En estos momentos, un coche Euro 6 tienen que cumplir con los requisitos de emisiones hasta los 100.000 kilómetros o cinco años de uso. Con la Euro 7 sube a los 200.000 kilómetros y 10 años de uso, cuando la media de edad en la UE es de 12 años, y más de 14 en España.
A favor y en contra de la nueva norma Euro 7
ACEA, la Patronal Europea de Productores de Vehículos, en una nota publicada ayer daban la bienvenida a la nueva norma ya que “proporciona seguridad en su planificación del futuro”. Aunque lamentan el endurecimiento de las exigencias a los vehículos pesado, aunque confían en que se podrán cambiar algunos aspectos en la legislación secundaria”.
Pero no todos han recibido con los brazos abiertos el nuevo texto. Para la asociación ecologista Transport & Environment "el lobby del automóvil ha vuelto a tener el control después de unos años en el desierto a causa del dieselgate" y el texto acordado "permitirá maquillar de verde unos vehículos que apenas son más limpios que los actuales". Y continúa diciendo que "Una norma Euro 7 más dura habría evitado hasta 35.000 muertes prematuras por la contaminación", al tiempo que pide que se dé marcha atrás ya que la propuesta todavía tiene que ser votada en el Parlamento Europeo y por los Ministros de Medio Ambiente.
