Fin a la instalación indiscriminada de radares: la nueva ley europea que desactiva ya 850 radares

No todo vale y no de cualquier forma. Por primera vez, una ley en Europa obliga a realizar calibraciones, pruebas funcionales e inspecciones técnicas periódicas a los radares, además de exigirles unos requisitos mínimos uniformes de calidad, llevando ya en Italia a la desactivación de hasta 850 radares desde el 12 de julio.

Fin a la instalación indiscriminada de radares, la nueva ley europea que desactiva ya 850 radares
Fin a la instalación indiscriminada de radares, la nueva ley europea que desactiva ya 850 radares

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Mientras en España la quinta edición del Observatorio de radares publicado por Coyote vuelve a alertar del aumento de radares en nuestras carreteras, que ya registran 3.621 dispositivos y un aumento del 37% en solo 5 años, en Italia cada vez hay menos. Aun así, sigue habiendo muchos, ya que ha sido históricamente el país con más densidad de radares de Europa, llegando a contabilizar en los últimos años hasta 11.248 cinemómetros y más de 1.700 millones de euros recaudados al año en multas.

Italia reduce drásticamente su número de radares

Italia, ante esta realidad, ha dicho basta y ha iniciado una nueva política de instalación de radares, que está llevando al país a reducir drásticamente su número. Si hace justo un año ya te contamos que el ministro de Transportes, Matteo Salvini, promovió una nueva ley para poner fin al uso de radares “solo para recaudar dinero y acosar a los ciudadanos”, prohibiendo ya directamente la instalación de radares camuflados sin avisar y obligando a que todos se señalicen y anuncien obligatoriamente, acabando con la táctica de ocultar y esconder aparatos de control de velocidad, ahora el Gobierno italiano lanza un nuevo decreto que endurece los requisitos de instalación y calidad de los radares, instando a eliminar cientos de dispositivos.

Y es que, desde hace dos días, en concreto desde el 12 de julio, hasta 850 radares fijos en Italia están fuera de servicio con la estandarización de la concesión de licencias para los dispositivos de medición de velocidad, aprobada por primera vez por el Ministerio de Infraestructuras. Este nuevo decreto ha prohibido así su uso estableciendo nuevos requisitos mucho más estrictos y exigentes en las carreteras.

Italia va a dar inicio a una nueva época que podría ser seguida por el resto de la Unión Europea
Italia da inicio a una nueva política mucho más exigente en la instalación de radares y fiabilidad de los sistemas de control de velocidad.

La reforma se ha originado en Italia a raíz de varias sentencias emitidas por el Tribunal de Casación, el máximo tribunal civil y penal del país, que han llegado a aclarar reiteradamente que, si bien numerosos dispositivos de medición habían recibido la aprobación ministerial, carecían de la homologación legalmente requerida, acusando a las autoridades de instalar radares de manera indiscriminada y sin garantías legales. Esta situación estaba provocando la impugnación de numerosas multas y varios municipios incluso llegaron a desactivar preventivamente sus radares de velocidad.

Por primera vez, calibraciones y pruebas funcionales periódicas a los radares, y más calidad de imagen

El Gobierno responde ahora así a esta incertidumbre jurídica con un nuevo decreto que aplica especificaciones técnicas más estrictas, con una nueva normativa que abarca más que la homologación de nuevos dispositivos. Por primera vez, las calibraciones y las pruebas funcionales periódicas también son obligatorias en Italia y todos los sistemas deben calibrarse antes de su puesta en marcha. Posteriormente, se requieren inspecciones técnicas periódicas, que incluirán la comprobación de la función de medición, el hardware y el software, los dispositivos de seguridad y el autodiagnóstico. Si los dispositivos se modifican técnicamente o se les añaden nuevas funciones, se requiere una nueva inspección técnica.

Además, el decreto establece, por primera vez, requisitos mínimos uniformes para la calidad de la medición. Los vehículos y las matrículas deben reconocerse con alta fiabilidad, y la velocidad medida debe atribuirse claramente al vehículo correcto. En el futuro también los rostros en las imágenes frontales deberán anonimizarse automáticamente. Hay que recordar que en España la mala calidad de las imágenes mostradas en las denuncias de los radares ya ha provocado la anulación de miles de multas por exceso de velocidad debido a sentencias de tribunales que han llegado a calificar de “lamentable e impresentable” la calidad de las pruebas aportadas por la DGT, por lo que una nueva normativa al estilo de la aprobada en Italia no nos vendría ni mucho menos mal.

La DGT, acorralada por las fotografías de sus radares, defectuosas, impresentables y de baja calidad
En España, la DGT está acorralada por las fotografías de sus radares, defectuosas, impresentables y de baja calidad. En Italia se va a regular la calidad.

Con esta nueva normativa, obviamente se ha demostrado que no todos los sistemas existentes cumplen con los nuevos requisitos. Los fabricantes de los dispositivos afectados deben presentar documentación adicional y completar el proceso de aprobación correspondiente antes de que las cámaras de velocidad puedan volver a utilizarse.

Medida contra la financiación de los presupuestos municipales mediante los radares

El ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini, ha afirmado que los controles de velocidad deben servir a la seguridad vial y no financiar principalmente los presupuestos municipales. La asociación de víctimas de accidentes de tráfico también ha expresado su apoyo. La asociación de consumidores Codacons ha acogido igualmente con satisfacción la reforma, criticando solo su tardía implementación.

En definitiva, con este nuevo decreto, Italia introduce por primera vez en Europa un conjunto uniforme de normas muy estrictas para los dispositivos de medición de velocidad. Además de la homologación, la calibración, las pruebas de funcionamiento y el cumplimiento de las normas técnicas mínimas serán ahora obligatorias. Asimismo, la nueva normativa pretende poner fin a la prolongada controversia sobre la legalidad de muchas mediciones de velocidad.

 

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