El Tribunal Federal de Justicia de Alemania ha desestimado las demandas climáticas interpuestas por la Asociación Alemana de Ayuda al Medio Ambiente (DUH) contra BMW y Mercedes-Benz (expedientes VI ZR 334/23 y VI ZR 365/23). La nueva sentencia recientemente conocida es muy importante, ya que frustra el intento de obligar legalmente a los fabricantes a cumplir un plazo fijo para la eliminación progresiva de los motores de combustión, es decir, a los diésel, gasolina e híbridos, según informa hoy Auto Motor und Sport. Los tribunales inferiores de Múnich y Stuttgart, en Alemania, ya habían dictaminado en sentido similar.
La Agencia Alemana de Protección Ambiental (DUH) quería garantizar que los fabricantes de automóviles dejaran de vender vehículos nuevos con motores de combustión a partir de 2030. Como alternativa, propusieron fechas posteriores, hasta 2045 o 2050.
No existe un presupuesto individual de CO₂ para las empresas
Según el tribunal, el presupuesto de CO₂ solo existe a nivel estatal, no para empresas o industrias individuales. Los demandantes argumentaron que las elevadas emisiones de CO₂ de los fabricantes restringen sus libertades futuras. El Tribunal Federal de Justicia (BGH) rechazó este argumento. Los jueces no encontraron ninguna violación del derecho general a la personalidad causada por las actividades comerciales de los fabricantes.
El tribunal aclara así que "siempre que las empresas cumplan con las leyes aplicables, no surge ninguna obligación adicional de derecho civil para realizar mayores reducciones de emisiones".
Distinción con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el cambio climático
La DUH basó su demanda principalmente en el fallo sobre el clima de la Corte Constitucional Federal de 2021. En aquel entonces, los jueces obligaron al Estado a regular las medidas de protección climática de manera más concreta y a largo plazo.
El Tribunal Federal de Justicia (BGH) ha distinguido claramente este caso. La sentencia anterior iba dirigida al poder legislativo, no a las empresas privadas. Esta diferencia constituye el núcleo de la sentencia y también explica las decisiones de los tribunales inferiores.
Desde la perspectiva de los jueces, la protección del clima requiere un equilibrio político entre diversos intereses: económicos, sociales y tecnológicos. Este equilibrio no es competencia de los tribunales. En cambio, el poder legislativo debe establecer marcos vinculantes, como límites de emisiones o requisitos reglamentarios.
Importancia para los fabricantes y el mercado
Para BMW, Mercedes y, por consiguiente, para toda la industria automotriz, el fallo brinda certeza en materia de planificación. Los fabricantes seguirán cumpliendo con las leyes vigentes de protección climática, pero no tendrán que temer restricciones legales adicionales derivadas de demandas individuales.
Además, si hasta ahora la UE pretendía prohibir la matriculación de vehículos nuevos con motores de combustión convencionales a partir de 2035, recientemente la Comisión Europea ha aprobado una prórroga para esta medida, que deberá ratificarse ya finalmente en el Consejo y el Parlamento Europeo.
Reacciones de DUH y los fabricantes de automóviles
La DUH, sin embargo, no se conforma con la sentencia judicial y ha comunicado que ya está considerando emprender nuevas acciones legales, incluyendo una posible denuncia constitucional.
Los fabricantes de automóviles, por su parte, celebran la decisión y destacan que la protección del clima sigue formando parte de su estrategia. Al mismo tiempo, señalan la necesidad de contar con marcos políticos claros y fiables.
En definitiva, el Tribunal Federal de Justicia alemán (BGH) establece una clara distinción entre derecho y política en materia de protección climática. Las empresas deben cumplir con la normativa aplicable, pero, más allá de eso, no tienen ninguna responsabilidad legal independiente respecto a los objetivos climáticos.
Esta sentencia refuerza la posición de los fabricantes de automóviles en el proceso de transformación en curso. Al mismo tiempo, aumenta la presión sobre los responsables políticos para que formulen regulaciones vinculantes pero aplicables.
