Teniendo en cuenta que la antigüedad media del parque automovilístico español se acerca ya peligrosamente a los 15 años, las noticias de restricciones que afectan cada vez a más coches van a generalizarse en los próximos meses. Poco importa que, tal y como ya te contamos, la Unión Europea se esté planteando ya prorrogar la prohibición de venta de los coches de combustión, es decir, los diésel, gasolina e híbridos, contemplada ya por Bruselas para 2035. Las limitaciones vendrán directamente de los ayuntamientos.
Esta misma mañana, por ejemplo, te hemos contado cómo Cataluña avanza ya en el plan más restrictivo de limitaciones de movilidad de España, prohibiendo finalmente la entrada de todos los vehículos con etiqueta B de la DGT en todas sus Zonas de Bajas Emisiones de la región, contabilizadas ya en hasta 23 grandes urbes. Pues bien, ahora cambiamos de acera y nos situamos en Madrid, donde también se preparan más prohibiciones de uso.
Nuevas multas de 200 € a todos los vehículos sin etiqueta en Madrid
Y es que la cuenta atrás para impedir la circulación de los coches más contaminantes, es decir, los que no disponen de etiqueta medioambiental de la DGT, ya ha comenzado. A partir del 1 de enero mismo de 2026, en poco más de tres meses, ninguno podrá circular ya por la Capital de España, contemplándose así nuevas multas de 200 euros por su incumplimiento, que son las que figuran ya en la Ley de Tráfico al ser considerada una infracción grave acceder sin permiso a una ZBE.
Se estima pues que hasta 400.000 vehículos tendrán en total ya prohibida su circulación por la ciudad, ya que hasta ahora los que no tenían etiqueta pero estaban empadronados en Madrid y pagaban en su ciudad el Impuesto de Circulación disponían de una moratoria para poder circular hasta el próximo día 31 de diciembre de 2025. Llegada esa fecha, se acabará y los residentes de vehículos de gasolina matriculados antes del año 2000 y de vehículos diésel anteriores a 2006 ya no podrán tampoco moverse por sus calles.
El Ayuntamiento de Madrid ya ha anunciado que el control de movimiento se realizará mediante las cámaras de tráfico de la ciudad, instaladas ya en todos los accesos a la capital y dentro de todo el perímetro urbano. De momento, fuentes del Consistorio han confirmado que no se contemplan nuevas prórrogas, asegurando que los propietarios de estos vehículos deberán buscar soluciones alternativas urgentes para garantizar su movilidad desde entonces.
La medida está generando ya una importante crítica social, ya que muchas asociaciones vecinales y de consumidores advierten de que generará grandes e importantes desigualdades al no disponer todos sus propietarios de capacidad económica para renovar sus vehículos.
Nuevos fallos judiciales contra el Ayuntamiento de Madrid
Al mismo tiempo, y tal y como te contamos ayer, las sentencias judiciales siguen produciéndose contra el Ayuntamiento de Madrid por multar de manera ilegal en muchas de sus Zonas de Bajas Emisiones. La asociación de defensa de los conductores Dvuelta, por ejemplo, ya ha conseguido hasta 558 condenas de los tribunales contra el Consistorio municipal por continuar multando en sus ZBE, ganando así hasta el 97% de las actuaciones presentadas y recurridas ya ante los tribunales.
Considerando Dvuelta que el Ayuntamiento de Madrid mantiene un “desprecio por la legalidad y los derechos de los ciudadanos, demostrando la contundencia del fallo judicial en favor de los conductores madrileños”, hasta ahora las sentencias les han sido favorables siempre por un doble factor.
De un lado, por el incumplimiento sistemático del Artículo 242 de la Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS) por parte del Ayuntamiento de Madrid, por no cumplir con el requisito que obliga a acreditar documentalmente la instalación de carteles informativos, en lugares visibles, y que avisen a los conductores de la captación y transmisión de datos o imágenes para el control de acceso, lo que está “provocando la nulidad de las sanciones por vulneración de derechos básicos de información y defensa”.
Y, por otro, Dvuelta ha ganado numerosas sentencias contra el Ayuntamiento de Madrid por apelar a la existencia ya de un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que anula la parte relativa a las Zonas de Bajas Emisiones dentro de la Ordenanza de Movilidad. Para Pedro Javaloyes, portavoz de Dvuelta, “recurrir multas se ha convertido en una reacción cívica. Se equilibra así la balanza entre una Administración que tiende a convertir la multa en un instrumento recaudatorio y un ciudadano que, de otro modo, quedaría indefenso. Los Tribunales están parando los pies al Ayuntamiento sistemáticamente por el uso masivo e injustificado de las sanciones de ZBE”.
