Las declaraciones esta semana del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Senado, han puesto de actualidad de nuevo el debate sobre el etiquetado medioambiental de los vehículos en España. El Gobierno sigue defendiendo la eficacia del actual sistema de etiquetas de la DGT, a pesar de que ha demostrado ser de todo menos justo, pero por lo menos no se cierra a un cambio. Y mientras tanto, varias organizaciones ecologistas saltan de nuevo a la palestra, cuestionan la validez del actual sistema y piden ya una reforma que ajuste las etiquetas a las emisiones reales de CO2 y “no engañe, como ha sucedido hasta ahora, a los consumidores.”
El Gobierno sigue defendiendo el actual sistema de etiquetas de la DGT
El pasado martes, durante la sesión de control en el Senado, el ministro Grande-Marlaska recordó que el sistema vigente, en vigor desde 2016, ha demostrado ser “más restrictivo que en muchos otros países de la Unión Europea” y contribuye a la reducción de emisiones y a la movilidad sostenible. Sin embargo, en declaraciones recogidas por Europa Press, aseguró que el Ejecutivo está abierto ya a revisar las etiquetas “cuando nos pongan encima los expertos ese acuerdo, que lo entiendan necesario y cuenten con el aval de los sectores implicados”.
Grande-Marlaska también recordó que en 2020 se elaboró un estudio para modificar las actuales etiquetas, aunque fue descartado en aquel momento porque, según él, “todos los actores del sector entendieron que en ese momento no se daban las condiciones necesarias para la actualización”.
Los ecologistas critican las etiquetas de la DGT: “son engañosas”
Varias organizaciones ecologistas, entre las que se encuentran Fundación Renovables, Ecodes y Greenpeace, no han tardado en dar respuesta a las declaraciones del ministro del Interior a través de un comunicado conjunto. En él, los ecologistas denuncian que “llevan más de cinco años exigiendo la reforma de este sistema”. Para estas organizaciones medioambientales, las etiquetas “deben adaptarse a los cambios tecnológicos, a los objetivos y compromisos actuales en materia económica, energética, sanitaria, ambiental, social y climática”.
🔴Reacción ante las últimas declaraciones del ministro del interior sobre el sistema de etiquetado ambiental de vehículos.
— ECODES (@ecodes) May 28, 2025
▶️Organizaciones ambientales le recordamos al Ministro que llevamos➕de cinco años exigiendo la reforma del sistema de etiquetado ambiental para vehículos. pic.twitter.com/WZcobADtHs
Según los ecologistas, la etiqueta Cero “acredita a vehículos que no son de cero emisiones”, en referencia clara a aquellos híbridos enchufables con apenas 40 km de autonomía eléctrica y que también pueden funcionar, como casi siempre sucede, con un motor de combustión. Además, critican que la etiqueta ECO es un “cajón de sastre de emisiones dispar y engañoso para los consumidores”.
🔴 Reacción ante las declaraciones del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre los distintivos ambientales de la DGThttps://t.co/G4jxOxpxJZ
— Fundación Renovables (@FRenovables) May 28, 2025
Una reclamación que se remonta a hace ya cuatro años
Hace cuatro años, en 2021, estas mismas organizaciones ecologistas presentaron una propuesta para un nuevo etiquetado que, sin embargo, no ha sido tenida en cuenta por el Gobierno. En ella, defendían un sistema basado en emisiones reales de CO2, tecnología del vehículo, normas Euro y ciclo de uso, junto con una gama de colores más intuitiva para los consumidores.
Para los ecologistas, la etiqueta Cero debería estar reservada exclusivamente a vehículos sin emisiones. Además, proponían la creación de una nueva etiqueta D, de color morado, en sustitución de la actual ECO, para vehículos de combustión, incluidos híbridos enchufables, híbridos (también de gas) y de gasolina (Euro 5 o 6) y diésel (Euro 6d) con un límite de CO2 de 95 g/km.
Abiertas a un diálogo con el Gobierno
Otra de las críticas de los ecologistas tiene que ver con la gestión de las etiquetas, que actualmente se encuentra en manos de la DGT y no en el Ministerio para la Transición Ecológica, como ellos defienden. Para estas organizaciones, “El hecho de que un sistema que pretende contribuir a la descarbonización siga siendo gestionado por una dirección centrada en el tráfico y no en el medio ambiente es incomprensible”.
Denuncian, también, que las ayudas públicas (Moves 3) y los beneficios fiscales se asignan con arreglo a un sistema que “no discrimina positivamente a los vehículos realmente limpios, con lo que frena la transición ecológica del transporte”. Y están abiertas a participar en un “diálogo real y transparente” con todas las partes implicadas, no solo con la industria del automóvil.
