Mazazo para los propietarios de vehículos con etiqueta B amarilla de la DGT, los más numerosos precisamente en nuestro país al abarcar ya a todos los turismos y furgonetas de gasolina matriculadas entre enero de 2001 y 2006, los diésel matriculados entre 2006 y 2014, y los vehículos con más de 8 plazas y transportes de mercancías diésel o gasolina matriculados después de 2006. Las primeras prohibiciones de uso a gran escala para este tipo de vehículos ya se han confirmado y no tardarán demasiado en hacerse efectivas.
Y es que a ciudades como a ciudades como Madrid, San Sebastián, Bilbao, Málaga, Palma de Mallorca, Getafe o Estepona, con nuevas ordenanzas municipales ya aprobadas para prohibir a partir generalmente de 2026 la entrada de los coches con etiqueta B en sus Zonas de Bajas Emisiones, ahora se sumará toda una comunidad que anuncia nuevas limitaciones. Y no es una comunidad cualquiera. Hablamos ya, definitivamente, de Cataluña.
Cataluña mantiene el veto a los coches con etiqueta B en todas sus Zonas de Bajas Emisiones
Porque sí, ya es oficioso. El nuevo Govern de la Generalitat de Salvador Illa ha confirmado en las últimas horas que mantendrá finalmente el veto a los coches con etiqueta B amarilla en todas sus grandes ciudades y Zonas de Bajas Emisiones. Lo introducirá primero a partir del 1 de enero de 2026 solo los días en los que se activen los protocolos anticontaminación por mala calidad del aire, y ya a partir del 3 de enero de 2028 se hará general todos los días del año.
Así lo acaba de confirmar la propia consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Silvia Paneque, en una entrevista a El Periódico de Catalunya. La responsable autonómica ha ratificado así la aplicación final de un decreto que fue impulsado por el Ejecutivo anterior de Pere Aragonés y de ERC, a pesar de la oposición de múltiples alcaldes de Cataluña, especialmente del partido PSC que ahora gobierna.
Así, todos las ciudades de más de 50.000 habitantes de Cataluña impondrán este nuevo veto a los coches con etiqueta B de la DGT, y hablamos exactamente de hasta 24 localidades de toda la comunidad. Algunos de estos ayuntamientos han expresado en las últimas semanas incluso la intención de no aplicar esta medida que llegará a través de un decretos aprobado en el Parlament catalán, por lo que llegado ese caso será la Justicia quien tenga que actuar sobre esta importante decisión que afectará a miles de vehículos.
La medida afectará a más de 3 de cada 10 coches hoy en uso
Porque, según los datos del actual parque automovilístico, se calcula que al menos el 35% de los vehículos en circulación hoy dispone de esta etiqueta B amarilla de la DGT y sufrirá por tanto las primeras restricciones a partir de 2026, que serán ya definitivamente generales desde el próximo año 2028.
Ante la decisión final de la Generalitat de no flexibilizar esta norma y mantener las prohibiciones de uso a estos vehículos en todas sus Zonas de Bajas Emisiones, el Govern de Salvador Illa, del PSC, ha anunciado que prepara a cambio importantes contrapartidas económicas para acompañar a los municipios cuando entre en vigor esta medida, incrementando así las ayudas por ejemplo al transporte público y apoyando a todos los ayuntamientos que tengan dificultades para desarrollar las nuevas regulaciones.
"No tenemos intención de cambiar la ley porque ya incluye matices importantes", ha explicado consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat en El Periódico. El objetivo de su Ejecutivo “no es poner trabas a los consistorios, sino darles apoyo durante el proceso el tiempo que sea necesario”, ha matizado.
Las nuevas ordenanzas municipales deberán estar ya redactadas en 2026
Desde la Consellería esperan ahora que las nuevas ordenanzas estén ya redactadas en 2026, teniendo así hasta cuatro años para implementar todas las restricciones, que de modo genérico entrarán en vigor como hemos explicado en 2028 para los vehículos considerados por la Generalitat como más contaminantes. "Ofreceremos la ayuda que haga falta y garantizaremos una mejor red de transporte público como compensación", ha concluido Silvia Paneque
Alcaldes de importantes ciudades de Cataluña con más de 50.000 habitantes, como Mollet del Vallés, Vilanova y la Geltrú, Rubí, Terrassa, Sabadell, Granollers o Mataró, ya mostraron en su día el rechazo a esta medida que propuso el anterior Govern de ERC. Sin embargo, ahora con el PSC en la Generalitat y gobernando el mismo partido en casi todos estos grandes municipios del cinturón de Barcelona, se espera que puedan alcanzarse acuerdos próximamente que permitan su paulatina entrada en vigor.
