No hay marcha atrás y los vehículos que dispongan de etiqueta B de la DGT también van a tener muy pronto restricciones de uso y de circulación. La entrada en vigor de las nuevas Zonas de Bajas Emisiones, ya obligatorias en más de 160 ciudades de España, ha comenzado por prohibir la circulación a los vehículos sin etiqueta medioambiental de la DGT, es decir, a los más contaminantes, pero poco a poco pone ya el foco también en los coches que disponen de la pegatina amarilla, que es una de las mayoritarias en el parque español.
Así te lo venimos ya contando desde hace semanas, advertidos por la prohibición ya en Madrid de que estos vehículos con etiqueta B de la DGT no pueden acceder a la ZBEDEP de Distrito Centro salvo para aparcar en párkings públicos o al aviso de nuevas ciudades, como San Sebastián, que han confirmado que en una segunda fase de su ZBE, en el plazo de 3 años, restringirá también el uso a estos vehículos. Pues bien, hoy es Cataluña quien termina de poner en el centro de la diana a este tipo de coches.
Cataluña prohibirá la circulación de coches con etiqueta B en sus ZBE
Y es que, según informa ya El País, el Govern de la Generalitat va a prohibir circular a todos los coches con etiqueta B amarilla de la DGT en todas las ciudades que cuenten con Zona de Bajas Emisiones en la comunidad a partir de 2028, en el plazo de 4 años. Así lo contempla ya al menos un decreto que el Ejecutivo está ya elaborando para aprobar el nuevo Plan de Calidad del Aire que definirá las nuevas Zonas de Bajas Emisiones de la región. Y atentos, porque además de afectar a las ciudades de más de 50.000 habitantes, como en el resto de España, Cataluña también impondrá áreas restringidas en los 67 municipios de más de 20.000 habitantes.
El nuevo texto que ya se está ultimando en la Generalitat, según El País, endurece así mucho las restricciones a los coches respecto a las ZBE ya existentes en la región, extendiendo por tanto las prohibiciones de circulación y uso a los coches con etiqueta B amarilla de la DGT. Recordamos que estos vehículos son todos aquellos turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculados entre 2001 y 2005, y los diésel entre 2006 y 2013.
Según los datos del parque automovilístico catalán, solo en la provincia de Barcelona los vehículos con etiqueta B de la DGT concentran un 32 por ciento del total en circulación, una cifra que incluso podría ser bastante más elevada en el resto de provincias, más rurales. El veto a los vehículos con etiqueta B ya se planteó en Cataluña incluso en la creación antes de 2020 de la nueva Zona de Bajas Emisiones de Barcelona y su área metropolitana, pero finalmente se descartó por el rechazo empresarial y ciudadano que suponía la medida.
El proyecto del nuevo Plan de Calidad del Aire de la Generalitat se encuentra así ahora mismo, según El País, con la culminación de su segundo período de exposición pública y con el objetivo de ser ya aprobado en las próximas semanas por el Govern catalán. Estas mismas informaciones aseguran que no debería ser, a diferencia de un decreto ley, sometido a votación en el Parlament, sino que bastaría con el aval político del actual Ejecutivo. El motivo es que ya ha pasado el trámite de información pública y de alegaciones.
Una vez aprobado el plan, para ejecutarse definitivamente, será necesaria una nueva redacción de todas las ordenanzas municipales de las poblaciones afectadas, para regular definitivamente el ámbito de implantación, el funcionamiento, los horarios y el régimen sancionador de estas nuevas Zonas de Bajas Emisiones más restrictivas.
Los coches diésel con etiqueta B, con restricciones ya desde 2026
El texto, por último, incluye también que las restricciones a los etiqueta B diésel puedan ya entrar en vigor a partir de 2026 en las ciudades más grandes de más de 50.000 habitantes, así como el horario de prohibición a los coches más contaminantes (los días laborables de 7 a 20:00 horas) y las excepciones, que afectarían por ejemplo a vehículos especiales, como son considerados los de emergencias, de funcionarios, de feriantes…
La nueva regulación también dispone que todas las nuevas Zonas de Bajas Emisiones tengan que contemplar, como mínimo, una superficie del 25 por ciento del suelo urbano residencial del municipio y exige a los ayuntamientos que prevean “medidas complementarias que favorezcan el cambio modal de transporte” en las ciudades. En este apartado se incluyen desde nuevas actuaciones en el ámbito del aparcamiento a la creación por ejemplo de nuevas infraestructuras para vehículos sostenibles o transporte público y de mercancías.
