La ecuación es bien sencilla. O no dan abasto con sus pequeñas administraciones para gestionar todas las multas de tráfico, que suponen millones de euros y acaban prescribiendo, o externalizan la gestión de todas las sanciones para conseguir todavía mucha más recaudación. La decisión, desde luego, parece sencilla, ¿verdad? Pues es lo que empieza a ocurrir ya en algunos ayuntamientos de España, que apuestan a nuevas políticas en el uso de radares que creemos que terminarán extendiéndose como la pólvora por municipios de todo el país. Y más si atendemos a su eficacia en los resultados.
Obviamente, no hablamos aquí de los más de 500 millones que recauda en multas de tráfico la DGT, ni los más de 200 millones de la capital de España, de Madrid. En ambas instituciones hay recursos suficientes. Donde no los hay es en todas aquellas ciudades medias y pequeñas que cuentan con poco personal laboral y que, con la compra de radares móviles, se han visto absolutamente desbordados por una cantidad ingentes de sanciones por excesos de velocidad que no pueden ya tramitar. Imposible, sobre todo desde que la nueva Ley de Tráfico redujo muchos límites urbanos a solo 20 y 30 km/h, lo que ha disparado las infracciones.
Ya hay ayuntamientos que ponen tantas multas que, para tramitarlas, tienen que externalizar la gestión
Ayer mismo, de hecho, te contamos el último caso que hemos conocido, el del Ayuntamiento de Palencia. Allí, la concejalía de Tráfico ha anunciado esta semana que externalizará la gestión de multas en la ciudad, ultimando ya los pliegos para la licitación de un contrato de coordinación de las sanciones de los radares y de los sistemas de control de los semáforos de los que dispone la Policía Local, potenciando al mismo tiempo el uso de estos aparatos. La decisión la tomó Palencia tras comprobarse que un gran número de infracciones, tanto leves como graves, habían terminado prescribiendo un año antes sin ser gestionadas, implicando grandes pérdidas de ingresos previstos ya en las arcas municipales.
Palencia tomaba así el ejemplo del ayuntamiento de Es Migjorn, en las Islas Baleares, el primero que conocimos en su día que apostaba por esta externalización del servicio de recaudación de radares al no poder gestionar en un pueblo tan pequeño, de solo 1.370 habitantes, la multiplicación de expedientes sancionadores generados al estrenar nuevos radares móviles por todo el municipio.
La recaudación en Es Migjorn se ha incrementado 5 veces más con estos servicios
Pues bien, la sorpresa nos llega hoy al conocer ya, gracias a una información publicada por el diario Menorca, las cifras de recaudación obtenidas por este mismo ayuntamiento de Es Migjorn en los 10 primeros meses de externalización del servicio de radares y multas: los ingresos se han incrementado en 2024 desde entonces en hasta 5 veces más de lo previsto, con una recaudación total de nada menos que 1.440.205 euros. Recuerda que hablamos de un pueblo de solo 1.370 habitantes. Increíble.
Ante esta realidad, no será extraño comprobar en los próximos meses cómo más ayuntamientos apuestan por esta externalización de multas. En Es Migjorn, el nuevo contrato ha provocado que las sanciones de los radares se hayan multiplicado, tramitándose de enero a octubre de 2024 hasta 40.000 multas en solo 10 meses. Eso sí, hay que dejar claro obviamente que los ingresos no serán íntegros para las arcas municipales del ayuntamiento balear, sino que serán obviamente compartidos con la empresa contratada.
Así, según el diario Menorca, el 38 por ciento de toda la recaudación irá destinado al ayuntamiento de Es Migjorn, quedándose la empresa contratada de la instalación de los radares hasta el 59% del total de los ingresos. El 3 por ciento restante que aún quedaría va a parar a la empresa CGI, que es la encargada en este caso de gestionar ya todas las multas.
