No todos los días un importante miembro del Gobierno interviene en un acto sobre movilidad y, ni mucho menos, es habitual que responsa y aborde los temas más polémicos e importantes sobre el futuro del transporte en nuestro país. Pero Raquel Sánchez, la actual ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, acudió ayer al III Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades, organizado por El Español e Invertia, sin rehuir declaraciones sobre algunos de los aspectos que más preocupan al sector del automóvil.
Pago por el uso de las carreteras: no hay consenso
Una de las preguntas más esperadas era, cómo no, conocer en qué estado se encuentra el actual proyecto de pago por uso de las carreteras en España, que como ya hemos contado en los últimos meses está ya comprometido con Bruselas para su implantación antes de 2024 como parte de la negociación de los fondos de recuperación. Esta medida, que en la práctica supondría un impuesto más al automóvil, no hay duda de que sigue adelante aunque su aprobación no será, ni mucho menos, sencilla.
La ministra de Transportes y Movilidad ha asegurado que el pago por uso de las carreteras “forma parte de nuestra hoja de ruta (del Gobierno), que queremos compartir con sectores y formaciones políticas”. Eso sí, Raquel Sánchez también confirmó las dificultades de poner en vigor actualmente un plan como este debido a las dificultades económicas, enfatizando que en todo caso “el Gobierno no puede implementarlo sin un consenso que en la actualidad no existe. Estamos analizando las alternativas”, concluyó, siendo igualmente consciente de que, para recibir las ayudas prometidas por la UE, el Ejecutivo tiene que cumplir sus compromisos.
La nueva Ley de Movilidad se aprobará antes de final de año
Mientras tanto, eso sí, el Gobierno va a seguir avanzando en nuevas propuestas. Entre ellas, con un “anteproyecto de la Ley de Movilidad que verá el visto bueno en el Consejo de Ministros antes de final de año”, tal y como confirmó la propia ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Esta ley nace con el objetivo de “fomentar la movilidad e incrementar la productividad, por lo que tendrá una influencia relevante para el conjunto de la economía, a la par que también incrementará la colaboración entre administraciones”.
Raquel Sánchez destacó igualmente que, entre los puntos principales de la nueva Ley de Movilidad, figuran puntos como que la obligación de que cada nueva obra se someta a un riguroso estudio de rentabilidad socioeconómica y a una evaluación posterior cinco años después, para garantizar que “nunca más se construirán aeropuertos sin aviones o estaciones de ferrocarril en medio de la nada”. Otro aspecto especialmente relevante será el nuevo impulso con esta ley al desarrollo industrial del vehículo autónomo, drones y barcos y trenes autónomos, así como a la digitalización de los datos abiertos procedentes de operadores públicos y privados.
“El paro de los transportistas no está justificado”
La ministra de Transportes abordó también la situación del nuevo y polémico paro de transportistas, asegurando que “no está justificado por el esfuerzo realizado por este Gobierno en los últimos meses”. Raquel Sanchez, eso sí, garantizó también que muestra su “respeto absoluto y total al derecho a la manifestación”, por lo que “estamos dispuestos a seguir trabajando y a profundizar en aquellas medidas necesarias para que la vigencia de las modificaciones alcance su máximo recorrido”.
La ministra de Transportes calificó además de “éxito” el resultado de la bonificación al transporte público que se activó durante el mes de septiembre, ya que “los más de 2 millones de abonos gratuitos lo demuestran”. Por último, aseguró que las inversiones previstas para 2023 en el ámbito de la movilidad sostenible rondarán los 13.000 millones de euros. “El 27,5% de las emisiones proceden del transporte, 5 veces más que la media de países de nuestro entorno europeo. La principal batalla debe darse en las ciudades, causantes del 70% de las emisiones”, finalizó.
