El plan no está aparcado, y ni mucho menos retirado de los proyectos de futuro del Gobierno. A pesar de que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha confirmado en los últimos meses que el debate sobre implantar ya el pago por uso en las carreteras españolas está aplazado con motivo la actual y difícil coyuntura económica y energética, durante los próximos años veremos la aplicación de una medida que es “imperativa”.
“Es imperativo” cambiar el modelo de las autovías
Así lo comunicó ayer en el Congreso de los Diputados, la actual secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera. La número dos del Ministerio aseguró que el Gobierno central no ha aparcado su objetivo de que las autovías dejen de ser gratuitas en nuestro país, confirmando directamente que el actual modelo de conservación de las vías de alta capacidad es “insostenible desde las cuentas públicas” y que “es imperativo que pongamos en marcha los cambios normativos y administrativos, que además nos reclaman desde Bruselas”.
Y es que hay que recordar que esta medida ya fue acordada por el Gobierno con la Unión Europea, como parte del compromiso adquirido a cambio de recibir los fondos de recuperación comunitarios habilitados contra la crisis del Covid. En este sentido, tarde o temprano, desde Bruselas presionarán por la implantación de un nuevo cobro de peajes para que las infraestructuras las mantengan prioritariamente quienes las usen.
Desde el Ministerio de Transportes recuerdan ya que el año que viene, en 2023, la conservación y ampliación de carreteras generará una inversión de más de 2.700 millones de euros, por lo que Pardo de Vera aboga por “un sistema que haga pivotar el gasto de mantenimiento en los conductores y no en todos los contribuyentes”. Pero, ¿cómo será el sistema de tarifas que podría implantar el Gobierno tras consensuar la medida?
El Gobierno apuesta por la progresividad fiscal en función de la renta
En las últimas semanas hemos conocido que hasta 5 carreteras gratuitas del País Vasco han pasado a ser de pago por uso, mediante el sistema “free-flow”, que se compone de grandes arcos o pórticos con lectores de matrículas para que los conductores abonen las tasas sin necesidad de detener los vehículos en cabinas de peaje. Algo similar podría instaurarse en el resto del país, pero con condicionantes.
Porque Isabel Pardo de Vera ha mostrado su escepticismo ante medidas líneas como las llevadas cabo ya en los trenes o en el descuento de 20 céntimos que se aplica al combustible para todos los conductores, considerando que hay que establecer “más criterio y que sean progresivas, porque no es lo mismo un usuario recurrente que tenga disponibilidad que otro que no lo tenga”. Esta opinión iría a favor de establecer una progresividad fiscal en los pagos, vinculándolas posiblemente a las rentas de los conductores.
“Hay que tomar estas medidas desde un punto de vista progresivo”, ha concluido la secretaria de Estado de Transportes, recalcando también que la iniciativa debe responder al mismo tiempo a criterios como el de la igualdad entre territorios y derechos y la unidad, porque contar actualmente con autopistas de pago y de no pago “produce brechas entre los territorios”.
Isabel Pardo de Vera cerró su intervención asegurando que “como técnica, política y secretaria de Estado no puedo salir del ministerio sin haber explicado cuál es mi criterio sobre el uso y mantenimiento de las infraestructuras en carretera, porque el actual modelo es insostenible”. Y acusó por último a todos los gobiernos anteriores de no haber abordado un problema que es urgente resolver, ya que “se ha dado una patada hacia delante, no se ha hecho nada y me siento responsable. Tenemos la foto de hacia dónde vamos”.
