Vuelven las dudas entorno al pago por uso de las carreteras en España y el debate se calienta viniendo además ya de dónde viene… y de lejos. El Gobierno, al tiempo que ha ido confirmando la paulatina eliminación de peajes que concluían sus concesiones, como ha ocurrido ya con la AP-1, la AP-2 y varios tramos de la AP-7, tratando así de igualar las condiciones de uso para los conductores de todo el país, ha deslizado en los últimos años la necesidad de abordar la posibilidad de pagar por el uso de las carreteras como medida más justa para resolver los problemas de conservación y mantenimiento.
Esta medida incluso llegó a estudiarse dentro del Ejecutivo en la negociación de los fondos de recuperación con la Unión Europea, pero finalmente se descartó y no se incluyó en el proyecto final de la Ley de Movilidad Sostenible, tal y como confirmó el propio ministro de Transportes, Óscar Puentes, asegurando que “se eliminó cuando remitimos la norma al Parlamento”, lo que sin duda confirma que se planteó seriamente.
En España solo hay un 13% de vías de alta capacidad de pago: en Francia, un 74%, y en Italia, un 87%
Ahora, sin embargo, el debate, que nunca se cerró del todo, quedando una puerta abierta a su posible futura entrada en vigor, vuelve de mano de la patronal de las constructoras, quien aprovecha incluso la realidad casi única de la modalidad gratuita de carreteras que tenemos en España, y que desde el Gobierno también se filtra interesadamente, para proponer un nuevo plan por uso de carreteras que considera indispensable y única iniciativa posible que pueda permitir cubrir en los próximos años el déficit de casi 11.500 millones de euros que acumulan en conservación y mantenimiento nuestras infraestructuras.
Así, justificando la iniciativa en que España concentra hoy hasta el 68% de las carreteras de gran capacidad sin tarificar de la UE, y en que solo tenemos un 13% de estas vías de pago cuando en Francia representan el 74%, en Italia el 87% y en otros países incluso el 100%, la patronal de empresas constructoras y concesionarias de Infraestructuras, Seopan, una asociación que representa a todas las grandes compañías, incluyendo desde ACS a Ferrovial, Acciona, Abertis, OHLA, Sacyr, Itínere, Globalvía o Aleática, ha presentado en Madrid un nuevo plan de peajes denominados blandos para toda España.
Un viaje de Madrid a Barcelona, ida y vuelta, nos costaría 36 € con esta tasa
Este plan de pago por uso se extendería así a casi 13.675 kilómetros de autopistas y autovías, incluyendo tanto las de la Red de Carreteras del Estado como las vías de alta capacidad dependientes de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, mediante nuevos peajes que permitan financiar todo este tipo de carreteras en España, calculándose los ingresos en más de 140.000 millones en 25 años, indispensables, según Seopan, para asegurar hoy la conservación y las mejoras en seguridad, digitalización o infraestructura de recarga eléctrica que no pueden de momento acometerse y que son fundamentales.
A través por tanto del informe titulado “Alternativas de tarificación por el uso de vías de alta capacidad de la red española de carreteras”, desde la patronal de las constructoras han propuesto ya directamente al Gobierno el establecimiento de un nuevo peaje de 3 céntimos de euro por cada kilómetro recorrido, en el caso de los vehículos ligeros, y de hasta 14 céntimos por kilómetro para vehículos pesados, es decir, para los camiones y autobuses en circulación por España. Este pago significaría que por cada 100 kilómetros, los turismos deberíamos pagar 3 euros por circular por autovías y autopistas, por lo que, por ejemplo, un viaje de ida y vuelta de Madrid y Barcelona, de unos 1.200 kilómetros aproximadamente, significaría un pago en nuevas tasas de 36 euros.
Desde Seopan aseguran que son tarifas inferiores a las de la UE
Desde Seopan consideran que estos pagos están más que justificados, asegurando que son incluso 3 veces inferiores a las tarifas medias que se aplican en la Unión Europea hoy para coches, y hasta 4 céntimos de euro más baratas por kilómetro que lo que pagan camiones y autobuses. De aprobarse este plan, que de momento cuenta por supuesto con el rechazo rotundo de las patronales de transportistas, quienes han confirmado ya directamente que “no van a permitir” estos peajes, las constructoras aseguran que se comprometerían a invertir en las infraestructuras hasta 81.753 millones de euros a lo largo de los próximos 25 años, incluyendo más de 8.000 millones iniciales que irían a la Administración como primer pago a cambio de los contratos de concesión.
El plan ya se ha presentado y lo tiene el Gobierno encima de la mesa. Ahora tocará al Ejecutivo de Pedro Sánchez estudiar la propuesta para saber si puede seguir adelante o si, por el contrario, sigue aplazándose una medida que consideran indispensable pero que saben que generaría un gran conflicto social. Esperemos acontecimientos.
